Autor: Orlando Solano Bárcenas
Hay una gran diferencia entre entender de derecho y saber derecho. Mientras lo primero puede satisfacerse con una comprensión memorística de códigos y normativas (siempre tambaleantes en los cambios legislativos), saber derecho es saber pensarlo. Protegido por su comprensión, los cambios legislativos no afectarán al que piensa el derecho: crítico frente a esos cambios, podrá repensarlo.
No basta ser “abogado” hay que ser también “jurista”. Para lograr serlo se necesita el concurso de un método cuya responsabilidad se deposita en la academia. Una universidad libre pensadora que se enfoque más en comprender que en memorizar. Clases dinámicas que problematicen, hagan planteamientos, conceptualicen y enfoquen los problemas socio jurídicos desde ángulos iluminados por la complejidad en la que subyacen. Es bajo estos parámetros de libertad de pensamiento se deben formar nuestros universitarios.
Lo anterior pide un docente libre de mente y de prejuicios. En la búsqueda de una verdad transformadora las ideas preconcebidas no solo sobran, sino que estorban. En efecto, el profesor no solo debe saber derecho sino también desarrollar su habilidad para transmitir, no solo la norma, sino la complejidad de esta y su inmersión en la estructura mayor de lo Jurídico y lo Social porque —insisto— conocer la ley no basta: hay que saber Derecho.
Saber Derecho (así, con mayúscula) exige conocer la riqueza del lenguaje jurídico, cuyo uso exige la mayor precisión técnica para determinar su sentido; precisión, para encontrar las normas aplicables a los casos concretos; conocimiento, para situarlas en las grandes categorías jurídicas y habilidad para saber interrelacionarlas en grandes conjuntos y sistemas del derecho, así como ubicarlas en las diferentes ramas del derecho y sus fuentes. Esa capacidad para ver no normas aisladas sino como parte de grandes conjuntos y familias del derecho universal; saber detectar sus jerarquías; las competencias que desarrollan o de donde tomaron origen, y sus relaciones de temporalidad y especialidad es la que se puede —y se debe— proponer en los claustros universitarios del país.
Para llegar a lo expuesto se necesita partir de este postulado: ninguna norma es clara como el agua. Debe ser interpretada y situada en el tiempo y la realidad, con un sentido o significado individual, dentro de un sistema para que, al momento de optar frente a una interpretación divergente, se pueda fundamentar adecuadamente la opción escogida.
El derecho es razón, razonamiento, racionalidad. Luego en él deben equilibrarse el plano teórico y el práctico, así como sin teoría no hay buena práctica, aquel que no ejerce puede vivir en un mundo de teorías inaplicables que deben repensarse. El derecho es razón pensante que procura la globalidad, las estructura, los sistemas, la claridad conceptual, el orden metódico, la sistematicidad, en fin, la seguridad del buen raciocinio.
El estudioso del derecho debe ser también investigador y conocedor de las tecnologías que facilitan el aprendizaje y la búsqueda del conocimiento para ampliar una óptica que interrelacione los principios con las reglas, los valores y los fines con los medios. El jurista piensa, hace avanzar el conocimiento y le ayuda a dar saltos cualitativos y cuantitativos.
En ese sentido las fuentes que posibilitan este “pensar el Derecho” deben basarse y pensarse con el cuidado de no perderse en la infinidad de la nube. En un mundo donde se publican alrededor de tres millones de artículos científicos al año, muchas veces con malas prácticas y falseamiento de resultados (lo asegura Horace Freeland Judson en su libro The Great Betrayal: Fraud in Science), las investigaciones que hagan avanzar el derecho, en tanto ciencia social, se hacen fundamentales.
En ese sentido: pensar el Derecho, nuestra revista busca garantizar procesos editoriales con los más altos estándares de calidad internacional. Así lo acreditan las múltiples bases bibliográficas con comité de selección que, en América y Europa, han reconocido a Misión Jurídica como una publicación cuyo aporte internacional es trascendente.
Por eso nuestra publicación se compromete con la ciencia abierta (Open Acces) desde la gratuidad del conocimiento —entendido como un verdadero patrimonio de la humanidad—, y se encuentra en repositorios de conocimiento de alta calidad, interconectados y de fácil acceso. Es esta, tal vez, la mejor manera de lograr la igualdad de oportunidades en la tarea de hacer avanzar el conocimiento mediante la integración digitalizada, sin renunciar a criterios estrictos de indexación y la integración de plataformas de información científica que den cuenta de los directorios de investigadores, instituciones y las respectivas redes nacionales de repositorios de la respectiva producción vernácula de conocimiento académico.
Los retrasos del Tercer Mundo en la producción, circulación y reconocimiento de sus productos científicos no favorecen el desarrollo de una humanidad mejor integrada, culta y solidaria. Esto, sobre todo, en el campo de las ciencias sociales. La ciencia universal debe ser más inclusiva y solidaria. Debe dar saltos hacia adelante, comenzando —como ya se dijo— por la formación de investigadores desde los bancos universitarios. Los saltos del o en el conocimiento, solo se dan por la producción científica y académica.
Con este énfasis compartimos las valiosas enseñanzas que, en forma de preguntas, hace la investigadora Judith Bell, docente universitaria y autora del libro “Cómo hacer tu primer trabajo de investigación”. La autora ofrece a los estudiantes 22 interrogantes que, de ser contestadas, garantizarán un producto académico de calidad.
Responder estas preguntas con sinceridad y rigor académicos les serán de gran ayuda para la autoevaluación a cualquier investigador posgradual. Proponemos, sin embargo, que también se usen en los semilleros de estudiantes investigadores de Unicolmayor, así como de todas las universidades que nos consultan, para que, desde el comienzo, cuidemos el propósito de investigar como un compromiso social para mejorar la vida.
A continuación, las preguntas de la profesora Judith Bell.
– ¿Se entiende bien? ¿Existe algún pasaje que no se entienda con facilidad?
– ¿Has revisado con detalle todo el tema ortográfico? Los errores más comunes suelen ser la sintaxis, los signos de puntuación y la jerga o términos coloquiales fuera de contexto.
– ¿Has colocado todas tus referencias? ¿Nos hemos olvidado de alguna cita? Recuerda que el plagio es un tema importante a nivel académico y que necesitas señalar a todos los autores que han formado parte de tu investigación.
– ¿El título indica la naturaleza del trabajo? Es una de las elecciones más difíciles, pero es fundamental para que el lector, ya sea un docente o un interesado en saber sobre el tema, entienda las dimensiones de tu propuesta. El mejor momento de elegirlo es cuando tengas todo desarrollado.
– ¿Están expuestos claramente los objetivos del estudio? ¿Se cumplen los objetivos?
– ¿Se demuestran o no las hipótesis? Todos estos puntos envuelven al corazón de la propuesta y determinarán el éxito de esta. Un trabajo de investigación sin objetivos no es viable, aunque las hipótesis dependerán de tu propuesta.
– ¿Se describen con precisión los métodos de recogida de datos que hayamos seleccionado? De no ser el caso, estarías dejando una parte importante de tu trabajo al aire y no tendría peso académico.
– ¿Se presenta claramente cualquier posible limitación del estudio? Los problemas con los que el investigador se encontró durante el desarrollo de su investigación pueden impedir que se pueda profundizar realmente, así que hay que tener muy clara esa idea.
– ¿Se han utilizado técnicas de estadística? ¿Son las adecuadas para el trabajo?
– ¿Los datos se analizan e interpretan o solo se describen? ¿Estás siendo superficial o toda la información cumple realmente un propósito?
– ¿Se presentan las conclusiones de forma clara? ¿Las conclusiones se basan en pruebas? ¿Se hace afirmaciones que no se puedan demostrar?
– ¿Hay pruebas de parcialidad? ¿Algún término emotivo o un lenguaje desmedido?
– ¿Se puede confiar en los datos? ¿Otro investigador podría repetir los métodos empleados y tener una probabilidad razonable de llegar a las mismas o similares conclusiones?
– ¿Son factibles las recomendaciones? ¿Son realmente necesarias para el tipo de investigación que estás realizando?
– ¿Si fuéramos el examinador, aprobaríamos el trabajo? Sinceramente, observa tu trabajo y determina si necesitas revisar todo desde cero y volver a revisarlo.
Si hasta aquí todo es correcto, tienes un buen trabajo y es hora de presentarlo lo antes posible. Repite esto de forma constante y verás una notoria mejoría en tu desempeño académico. (Ver: LP-Pasión por el Derecho. Enseñanza. Luis M. Santa Cruz. Quince preguntas que te ayudarán a mejorar tus trabajos universitarios. Lima, 3 de noviembre de 2021).
A estas preguntas han respondido con suficiente calidad los trabajos que compartimos en Misión Jurídica. En este número, los investigadores Túlio Macedo Rosa e Silva, Kleilson Frota Sales Mota y Elaine Rodrigues Jerônimo Silva, desde Brasil, nos presentan su estudio sobre puestos en comisión, tecnología y aplicación de derechos sociales. El artículo evalúa la efectividad de los derechos sociales a través de las limitaciones constitucionales impuestas a los actos discrecionales; considerando el carácter comisionado de los cargos que ocupan los administradores públicos y la posibilidad de que el conocimiento técnico sea un factor importante en la toma de decisiones.
Por su parte, el reconocido profesor Jaime Rodíguez-Arana nos trae un manuscrito que analiza el derecho y la dignidad humana en tiempos de pandemia. La investigación se centra en los fundamentos del derecho administrativo de un Estado social y democrático, en el que la dignidad humana se presenta como centro y raíz del ordenamiento jurídico, provocando un giro copernicano en la actual comprensión de esta rama del derecho público, aún dominada por posiciones verticales, ancladas en una idea estática del privilegio y la prerrogativa de los poderes públicos.
Dese China, la profesora Yun Li, nos presenta una investigación en derecho comparado, analizando la traducción jurídica español-chino, bajo el contexto del desarrollo rápido del comercio internacional entre China y los países hispanohablantes. Para la autora la traducción jurídica chino-español desempeña un papel cada día más importante en la esfera de la comunicación jurídica, sin embargo, los factores culturales se han convertido en el principal obstáculo para los traductores en el proceso de traducción jurídica.
Con una investigación sobre derecho penal procesal, los investigadores brasileros Eid Badr y Kleilson Frota Sales Mota, reflexionan sobre la ejecución temporal de la condena penal en el segundo nivel de jurisdicción. Se centran en el conflicto entre las garantías procesales constitucionales individuales y protección de la propiedad pública verificando una posible politización del entendimiento en el juicio. Igualmente, examinan las garantías constitucionales individuales frente al poder punitivo del Estado y el deber de protección de la propiedad pública en igual cumplimiento de las garantías procesales individuales.
A continuación, los profesores investigadores Nancy Nelly González Sanmiguel, Francisco de Jesús Cepeda Rincón y Guadalupe Friné Lucho González nos presentan un trabajo académico que, desde la nueva realidad que trae postpandemia, analiza cómo se ha gestado la digitalización de la administración pública centralizada en México. Para los autores nos encontramos frente a un cambio de paradigma con respecto a cómo se llevan a cabo los procesos administrativos, lo que puede derivar en la automatización de la Administración Pública. Analizan, además, las áreas de oportunidad y los retos que representa digitalizar la Administración Pública en México en el Marco de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD).
Siguiendo con México, el profesor José Fernando Vázquez Avedillo analiza la extinción de los fideicomisos públicos federales como una verdadera afrenta al desarrollo científico e innovación tecnológica de su nación. Al comprender que la ciencia y la tecnología son elementos que contribuyen a la dignidad de las personas, su desfinanciación a través del desmonte de los fideicomisos públicos federales involucra, para el autor, no solo un paso atrás en el avance científico del país, sino una posible violación a los derechos humanos de la población.
A renglón seguido, la profesora Marina del Pilar Olmeda García, reflexiona sobre la naturaleza e importancia de la participación ciudadana directa en las decisiones de la vida pública y, la normatividad que para esta participación establece la legislación mexicana. En su artículo examina la naturaleza de la participación ciudadana en las funciones públicas, así como su importancia para el avance democrático. También hace un detallado estudio de las instituciones que norman esta participación en el Estado mexicano.
En el campo del derecho penal, la investigadora mexicana Queeney Rose Osorio Fernández realiza un estudio comparado sobre las adversidades del sistema acusatorio actual en México, Chile, Costa Rica y Colombia ante el panorama por COVID- 19. El trabajo expone un análisis del panorama actual del nuevo sistema acusatorio penal en México, así como una mirada que transversaliza la situación de este sistema en algunos países latinoamericanos que también lo implementaron; específicamente Chile y Colombia. Todo lo anterior, a partir de la estrecha y necesaria intersección del derecho penal con los derechos humanos.
Posteriormente los profesores Enrique Farfán Mejía, Dora Viridiana del Pilar Quezada, Ricardo Juárez Juárez e Iván Hernández Espinoza nos presentan una investigación cuyo objetivo es identificar el impacto de un curso de formación, sustentado en la retórica, en el desarrollo de comportamiento creativo de secretarios judiciales. El estudio se centró en los hallazgos que arrojó un curso realizado por los autores en un tribunal de impartición de justicia de la República Mexicana y midió el desempeño creativo de los participantes después del aprendizaje de la retórica clásica.
En el plano nacional, el profesor Carlos Eduardo Amaya Perdomo nos trae un análisis donde analiza si la carga dinámica de la prueba, en los procesos de retiro por llamamiento a calificar servicio, constituye un avance o, por el contrario, un retroceso. Lo último, debido al riesgo de vulneración del derecho constitucional fundamental al debido proceso de policías y militares desvinculados por esta causa, quienes, además de no conocer los motivos de su retiro, deben probar que su desvinculación se debe a un acto de desviación de poder.
En seguida, el investigador William Jímenez Gil entrega un estudio muy útil para determinar el origen y alcance de la fuerza mayor en la era del COVID-19. Analiza la teoría en el derecho colombiano, para contrastar dicha figura con otras semejantes, como la teoría de la imprevisión rebus sic stantibus, el hecho del príncipe y las cláusulas MAC. Su objetivo es establecer sus características, requisitos, diferencias y similitudes para analizar su aplicación frente a la crisis originada debido al SARS COVID-19. El artículo se centra finalmente en determinar la incidencia de la pandemia en el incumplimiento contractual.
A continuación, se publica un artículo sobre los estándares de reparación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aplicado al caso colombiano en el periodo 2011-2018. En el estudio, presentado por Myriam Sepúlveda López y José Santiago Clavijo Marín, los investigadores se proponen enfatizar en las relaciones y desafíos que se presentan entre la protección de los derechos humanos por parte del Estado colombiano en la lectura del Derecho Constitucional, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional. Lo anterior dentro de escenarios de posconflicto y posacuerdo, en específico en el marco de la implementación del Acuerdo Final, para determinar la aplicabilidad de los estándares convencionales emanados por el Sistema Interamericano para la protección de los Derechos Humanos.
Para finalizar el profesor Israel de Jesús García Vanegas nos presenta una investigación orientada a establecer si la flexiguridad es la respuesta adecuada a las dificultades de garantizar el derecho fundamental a la estabilidad laboral en el contemporáneo mundo de libre mercado. Analiza, a partir del bloque de constitucionalidad y la legislación colombiana, las variables de protección que ofrece la figura de la flexiguridad en un escenario influenciado por la economía de mercado internacional. Propone crear y fortalecer instituciones de protección social al empleo y al trabajador, con el fin de buscar un verdadero, justo y equitativo equilibrio social entre el derecho al empleo y la flexibilidad laboral contractual.
Entregamos así un número que satisface plenamente las expectativas de un público exigente, que ha depositado en nuestros autores y equipo editorial su confianza para pensar el Derecho a través de nuestros aportes al mundo académico del derecho y las ciencias sociales.
Para nosotros garantizar una publicación científica seria y de calidad no es solamente un privilegio sino, verdaderamente, una Misión Jurídica.
