In 2006, the campaign to call the Water Referendum was prepared to guarantee its fundamental right. This campaign also begins the defense of community aqueducts and the community’s own self-management to guarantee its own right. Colombia is living a special moment in defense of its naturalization rights, based on peace agreements, and today it is necessary to regulate the community’s self-management of water. The problem of research is focused on analyzing whether protecting the community’s self-regulation of water can guarantee the right to water as a good of public interest. Methodologically, documentary sources, reports of community aqueducts, control organisms were used. applying deductive, inductive and analysis methods in the diagnosis of compliance with access to drinking water as a right in the communities that administer the water resource.

El año 2006 se preparó la campaña de convocar el Referendo del agua para garantizar su derecho fundamental. Con esta campaña también se da inicio a la defensa de los acueductos comunitarios y la propia autogestión de la comunidad para garantizar su propio derecho.Colombia vive un momento especial en defensa de sus derechos de la naturaleza a partir de los acuerdos de pazy hoy es necesario entrar a regular la autogestión comunitaria del agua. El problema de la investigación se concentra en analizar si al proteger esa autorregulación comunitaria del agua se podrá garantizar el derecho al agua como un bien de interés público.Metodológicamente se utilizó fuentes documentales, informes de acueductos comunitarios, organismos de control. aplicando   los métodos -deductivo, inductivo y análisis en el diagnóstico del cumplimiento del acceso al agua potable como un derecho en las comunidades que administran el recurso hídrico.

KEYWORDS: Water, self-management, human right, community.

PALABRAS CLAVE: Agua, autogestión,  derecho humano,comunidad.

Fecha de recepción: 08 de febrero de 2016

Fecha de revisión: 26 de mayo de 2016

Fecha de aceptación: 19 de julio de 2017

Ricardo Motta Vargas**

** Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor del Rosario; Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y Teoría Jurídica de la Universidad Libre. Maestría en Educación con la Universidad Libre y las Tunas Cuba.  Autor del libro ” Ordenamiento Territorial en el Quinquenio de Rafael Reyes” y otros ensayos jurídicos. Docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana, reconocido en la categoría de Asociado y Docente Ocasional e investigador de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca facultad de Derecho.

 

1. INTRODUCCIÓN

 

Cuando se inició la campaña en Colombia por el derecho fundamental al agua potable, los   acueductos comunitarios apoyaron esta campaña, con encuentros en las principales ciudades. Estas asociaciones demostraron con el pasar de los años ser defensores del agua como un derecho de interés público.  De esta manera esos acueductos comunitarios no pueden ser tratados con el mismo régimen como se manejan los acueductos con lucro o ganancias.

Está investigación ya finalizada,analiza si los procesos comunitarios del agua en Colombia en los últimos años, garantizan ese derecho humano al agua potable en las poblaciones que hoy se han vinculado a estos procesos de inversión, gestión y manejo del agua.

La investigación determina en el campo socio-jurídica, la importancia de un reconocimiento del agua como un derecho fundamental a través de la gestión comunitaria del agua  y la influencia de la política pública de incentivar estos procesos.

 

La red Nacional  de Acueductos Comunitarios en Colombia se ha convertido en una institución que articula políticas de la comunidad, de hombres y mujeres que viene desde tiempo atrás, en la lucha por reconocer la gestión comunitaria del agua.
Está conformada por mujeres y hombres procedentes de veredas, corregimientos, municipios y barrios, del llano y la montaña, de la costa y la sabana, de los páramos y el altiplano, de las selvas y las ciudades. Hacen parte de la Red comunidades organizadas de Cundinamarca, Boyacá, Santander, Tolima, Meta, Guaviare, Casanare, Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Antioquia y Bogotá. ( Ecofondo, 2017).

La lucha por el derecho humano al agua, en Colombia significa que no solamente esta incorporada en el bloque de constitucionalidad y en las líneas jurisprudenciales, sino además a reconocer el agua como de interés público a las comunidades y no ser exclusivo de multinacionales que han incorporado el negocio corporativo del agua.  El reciente fallo de tutela T- 622 de 2016    al considerar el Rio Atrato como sujeto de derechos, es el inicio que el agua es sujeto de derechos y obligaciones, que están en la protección de la comunidad.

 

 

2. PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN

 

¿Qué impactos puede generar el derecho de la gestión comunitaria del agua en Colombia paragarantizar el acceso al agua y al saneamiento básico a través de procesos democráticos y autónomos en la regulación del recurso hídrico?

3. HIPOTESIS

El derecho de gestión comunitaria del agua se convierte hoy en una alternativa en Colombia, para quela comunidad territorial, puedan garantizar y satisfacción de las necesidades vitales de la población y la garantía efectiva de sus derechos al acceso y suministro de agua potable y saneamiento básico. Como además lograr un avance en el desarrollo de fortalecer procesos colectivos del agua, que puedan respetar la naturaleza del ecosistema de fuentes hídricas.

 

 

4. METODOLÓGICA

 

La investigaciónaplica los métodos deductivo, inductivo, análisis y síntesis, en interpretación de documentos que incluye la gestión comunitaria del agua como un derecho en Colombia para garantizar su acceso. El tipo de investigación es una investigación descriptiva en el fenómeno colectivo del agua, como un bien común que puede ser administrado por agrupaciones colectivas.


5. RESULTADOS

1. Evolución del Derecho colectivo del agua en Colombia.


A partir  del año2002 la ONU reconoció el acceso al agua como un derecho humano
a través dela observación No. 15 en interpretación de los derechos Económicos y Culturales. Esta observación hace parte de la interpretación de los Derechos Económicos y Culturales (DESC) que son derechos fundamentales prestacionales que los Estado y en ocasiones los particulares, tienen la obligación de realizar todas aquellas acciones que conduzcan a su cumplimiento real.

Según  el artículo No.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cada  uno de los Estados partes en el presente, Pacto se comprometen a adoptar las medidas tanto por separado, como mediante la existencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, y de conformidad  con la legislación interna la plena efectividad de los derechos.[1]

El agua en los últimos años se ha manejado como una mercancía, generando graves problemas de mercantilización del agua, y excluyendo a una parte de la sociedad a gozar de un derecho al agua potable. En estos debates del recurso hídrico nace el proceso de gobernanza del agua, incluyendo actores sociales y políticos. En los años de 1992 en la Cumbre de Rio nace la palabra gobernanza significo una ampliación en los actores de garantizar el recurso hídrico como derecho.

A partir de los años 90 se cuestionó los modelos centralistas en el manejo del agua, por los impactos ambientales y en la conferencia de Dublín se habló el manejo integral del recurso hídrico, se perfilo varios principios entre ellos la vinculación de la comunidad el desarrollo y gestión del agua debe estar basado en un desarrollo participativo, el agua tiene un principio económico o es un bien económico,

Un Informe de la Defensoría del pueblo sobre acueductos comunitarios señala, que La Constitución Política de Colombia de 1991, así como la Ley 142 de 1994, establecenque los servicios públicos domiciliarios pueden ser prestados por comunidadesorganizadas. En ese sentido, la Comisión de Regulación de Agua Potable y SaneamientoBásico (CRA) mediante la Resolución 151 de 2001 resaltó que “podránprestar los servicios a que se refiere la presente resolución, en municipios menores, zonas rurales y áreas urbanas específica para las comunidades organizadas constituidascomo personas jurídicas sin ánimode lucro.[2]

 

Los  procesos de vinculación a la comunidad al manejo de su recurso hídrico son muy importantes cuando el Estado no ha garantizado el suministro de obras en la construcción de Acueductos, como el caso de las poblaciones de la Mesa- Anapoima, contratado desde el año 2006 y aún no ha entrado en pleno funcionamiento, generando protestas en estas poblaciones.

El derecho constitucional del agua es un derecho complejo, que se ha venido desarrollando en los últimos años, por diferentes líneas jurisprudenciales.  Unas líneas que defienden el derecho humano al agua, desde un punto subjetivo e individual, y otra dimensión muy reciente el derecho del agua, como un derecho de la colectividad. Para la Corte Constitucional en varias tutelas defiende esa dimensión colectiva del agua e incluso ordena medidas de conservación de fuentes hídricas para ser garantizados  en las futuras generaciones.

En sentencia T- 312 de 212 ha señalado lo siguiente:
A su turno, y recordando que en algunas ocasiones se ha entendido que el derecho al agua tiene carácter colectivo, debe tenerse en cuenta que la procedencia de la acción de tutela para la protección de intereses y derechos colectivos es excepcional, pues dada la existencia de procedimientos legales idóneos para su defensa[10], en los cuales se puede llevar a cabo un amplio debate probatorio y buscar las medidas para una adecuada protección a derechos que se caracterizan por su naturaleza difusa (titularidad individual y colectiva), la obligatoriedad de su defensa por parte de todos los niveles de la comunidad (particulares, empresas, autoridades públicas y comunidad internacional), y la necesidad de adoptar un enfoque de prevención[11], hace que la participación del juez de tutela se encuentre limitada a perseguir la protección de posiciones subjetivas de derechos fundamentales que se encuentren amenazadas. (T- 312 de 2012)

 

En Colombia el agua como derecho colectivo se ampara en los derechos de tercera generación que consagra la constitución Política, como también un bien público que debe ser garantizado por el Estado. La constitución brinda como herramienta jurídica acciones constitucionales como acción de tutela, cuando hay conexidad con derechos fundamentales y la acción popular (Art. 88) como medio preventivo para evitar su vulneración.

 

Gabriela Mendizabal  en su artículo  el agua potable como derecho fundamental para la vida afirma  que el agua es un recurso natural que resulta esencial para que los seres humanos podamos sobrevivir;se define como una sustancia cuyas móleculas están formadas por la combinación de un áto,o y dos de hidrógeno, liquida, inodora, insípida e incolora.Es el componente más abundante de la superficie terrestre y más o menos puro, forma de lluvia, las fuentes, los ríos y los mares;es parte constituyente de todos los organismos vivos y aparece en compuestos naturales.( Mendizabal, 2010, p. 47)

La docente Elisa Pérez de los Cobos, en su trabajo como el agua como un derecho colectivo ha indicado lo siguiente:  El reconocimiento de los derechos a un medio ambiente sano y al agua se consolida a nivel internacional a través de los denominados derechos de tercera generación1. Estos, a diferencia de las generaciones anteriores, presentan un sujeto colectivo —la humanidad en su conjunto— y tienen por objeto bienes jurídicos que pertenecen al género humano, tanto a las generaciones presentes como a las futuras. (Pérez, 2015, p. 2)

Estos fallos de tutela la Corte Constitucional ampara derechos colectivos que favorece a las comunidades, por una relación directa con derechos de primera generación.

Veamos algunos fallos importantes de la Corte Constitucional que reconoce el agua como un derecho colectivo así:

  1. Sentencia T- 256 de 2015.Protección de derechos colectivos entre ellos el agua y el medio ambiente a los habitantes del corregimiento de Patilla y Chancleta en la Guajira por la explotación de Carbón del Cerrejón.En esta sentencia la Corte Constitucional ampara varios derechos a la comunidades indígenas y negras del departamento de la Guajira, adopten las medidas adecuadas y necesarias para diseñar un plan definitivo que asegure en favor de las comunidades indígenas y tribales que habitan en el sur de La Guajira, el acceso, la calidad y la disponibilidad del servicio público esencial de agua potable. (T- 256 de 2015)

 

Algunos argumentos importantes de la Ratio decidendi se puede concluir indicar lo siguiente:


La Corte considera que los demandantes no se limitan a invocar la afectación en abstracto de su derecho al medio ambiente, sino que se refieren de manera específica a la contaminación de las fuentes de agua de las que se abastecen y a la afectación directa a su salud a causa del material particulado o polvillo de carbón que genera la extracción de carbón a cielo abierto.

 

No se puede desconocer que en Colombia el impacto negativo generado por la explotación de carbón a cielo abierto ha repercutido en severos daños medioambientales como: el cambio o desvío de importantes fuentes hídricas, filtraciones, botaderos de estériles y residuos sólidos de las áreas de influencia, perjuicios causados al suelo, la tala masiva de árboles que llevan a deterioro del medioambiente, la afectación de la salud de los habitantes de una zona donde se realice explotación carbonífera y la pérdida de biodiversidad, entre otros.( Sentencia T- 256 de 2015.

 

La Corte estima que la empresa Carbones del Cerrejón Limited vulneró los derechos fundamentales a la consulta previa y al reconocimiento y subsistencia como pueblos afro descendientes a los miembros del Consejo Comunitario Negros Afrodescendientes de Chancleta, asentados en los corregimientos de Patilla y Chancleta, al negarse a reconocer su presencia en la zona de influencia y a efectuar  consulta previa al otorgamiento de la licencia ambiental y al inicio del proyecto de exploración y extracción de carbón a cielo abierto. Ello se tradujo en la vulneración de los derechos fundamentales al medio ambiente, a la vida en condiciones dignas, debido a la vulneración del derecho de acceso al agua potable, y a la participación de la comunidad accionante asentada en la zona de influencia del mencionado proyecto. (T- 256 de 2015.)

 

  1. T- 475 de 2017.

Este reciente tutela de la CorteConstitucional, protege el derecho al agua a varias comunidades de tres municipios de Cundinamarca, teniendo en cuenta que el suministro del agua es un presupuesto al desarrollo mismo de la vida, de la salud y la vida misma.

El fallo va a proteger los habitantes de los municipios de Quipile, La Mesa y Anapoima.  Los accionantes informaron que son habitantes de las veredas El Espino y Ojo de Agua pertenecientes al municipio de La Mesa, afectados con la ola invernal del 2010, la cual produjo la caída de la infraestructura de la boca-toma que abastecía el Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima que les proveía el servicio de agua potable. Informan que este daño no ha sido reparado debido a la conducta negligente de las entidades accionadas, generando así una afectación a las familias campesinas que habitan en las veredas. (Sentencia T- 475 de 2017)


La Corte Constitucional considera que a pesar que los derechos colectivos de estas comunidades son protegidos por acciones populares, también es prioritario que cuando están en riesgos derechos fundamentales, la tutela se convierte en un inmediato amparo.

El Tribunal indica lo siguiente sobre este punto:

“    Aunque la acción de tutela plantee cuestiones relacionadas con derechos e intereses colectivos, debe en todo caso versar sobre la vulneración de derechos fundamentales, (ii) la afectación de los derechos fundamentales invocados en la tutela debe ser “consecuencia inmediata y directa” de la vulneración de un derecho colectivo, (iii) como es natural, la acción de tutela debe estar dirigida a probar la vulneración de un derecho fundamental en contra de una o más personas, pues no basta con afirmar que determinado derecho colectivo se encuentra en riesgo para deducir a partir de ahí la vulneración automática de derechos fundamentales de individuos específicos, y (iv) cuando el juez considere que la acción de tutela es procedente, la orden que dicte debe estar encaminada a la protección de los derechos fundamentales específicos, en vez de amparar de manera directa el derecho colectivo en sí mismo considerado, aunque es posible que con su decisión resulte igualmente protegido un derecho de esa naturaleza.( Sentencia T- 218 de 2017).

También lo reitera en la siguiente sentencia T- 022 de 2008.

 

La jurisprudencia de esta Corte ha sido reiterativa en el sentido de afirmar que cuando unos determinados hechos puedan dar lugar a una acción de tutela o a una acción popular, la tutela será de todas formas procedente. Así, por ejemplo, en el campo de los servicios públicos domiciliarios se ha afirmado que la acción de tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente por la existencia de otros medios de defensa judicial como las acciones populares, cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al derecho fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación tenga una relación de causalidad directa con la omisión de la administración que afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una unidad de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de prevalencia de la acción de tutela sobre las acciones populares (  T- 022 de 2008 ).

Finalmente a través de esta sentencia la T- 475 de 2017 la Corte Constitucional ampara derechos colectivos para estos  tres municipios y  la protección del derecho al agua, por estar ligado a derechos fundamentales como presupuesto de la vida , la dignidad y la salud de los habitantes de las referidas poblaciones. En la parte resolutiva ordena al Departamento de Cundinamarca a la Car, Ministerio de Medio ambiente el inicio de una política pública, para la construcción de estos acueductos. “…que,  en el término de 15 días contados a partir de la notificación de esta providencia, conformen un “Comité permanente para la garantía de agua potable del Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima” cuyo objetivo será el diseño e implementación de una política pública para lograr oportunamente la completa satisfacción del derecho fundamental al agua las personas que al momento de dictarse esta decisión se encuentren afectados por la falta de suministro de agua potable y que dependían del acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima. (Sentencia – T 475 de 2016)

  1. Sentencia T- 103 de 2016.

Derecho al agua a comunidades de Urra- (Córdoba).

 

La tutela es interpuesta por el personero del municipio de Urra, en representación de los habitantes de las veredas la Venta y el Saladito, contra el Municipio y el Acueducto veredal. que abastece de agua, por el riesgo de la contaminación. El fallo ordena que en termino de 15 días el Municipio de Urra, el acueducto veredal, las Empresas públicas de Urrao, elaboren un plan de solución definitiva para que puedan suministrar agua potable a las comunidades veredales, que solicitan el amparo constitucional.

La corte Constitucional indica lo siguiente:

 

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho fundamental al agua se encuentra ligado al principio de dignidad humana, pues éste constituye un elemento para tener unas condiciones materiales de existencia adecuadas (vivir bien). Ha dicho también la Corporación que el suministro permanente e ininterrumpido de agua es el medio para hacer efectiva esa garantía constitucional. En concordancia con lo anterior la Corporación ha establecido que procede la acción de tutela para conjurar la afectación del derecho al agua potable, por lo menos en tres campos de aplicación de gran importancia. El primero de éstos se presenta por el corte del servicio de acueducto debido a la imposibilidad de pago de los usuarios.[23] El segundo se refiere a la falta de redes de acueducto o escasez del líquido.[24] Y el último, que es el ámbito en el que se enmarca el asunto que se revisa en esta oportunidad, cuando existe afectación de fuentes hídricas debido a factores de contaminación, que es la situación fundamental que propone el caso concreto.( T- 103 de 2016)

 

En síntesis, podemos indicar lo siguiente de esta línea jurisprudencial con sus subregla constitucional según la sentencia T- 218 de 2017.:

 

Características  Sentencias – El agua – protegida como derecho Colectivo.
si bien la acción popular es el medio idóneo y eficaz para solicitar la protección de los derechos colectivos, cuando de los hechos se deriva un perjuicio irremediable, es pertinente que el juez de tutela adelante un estudio de fondo sobre el caso y adopte una decisión tendiente a garantizar la protección de los derechos fundamentales afectados”.(SENTENCIA SU- 1116 DE 2001

 

T- SU-1116 de 2001, T-219 de 2004, T-135 de 2008 y la T-661 de 2012,
 

La Corte Constitucional ha indicado que determinados derechos colectivos pueden ser amparados por Tutela en los siguientes casos según las subreglas constitucionales de las sentencias T- 218 de 2017:

1.     Cuando de la protección se pretenda proteger derechos fundamentales a la vida, y a la salud.

2.     Aunque la acción de tutela plantee cuestiones relacionadas con derechos e intereses colectivos, debe en todo caso versar sobre la vulneración de derechos fundamentales,

3.     la afectación de los derechos fundamentales invocados en la tutela debe ser “consecuencia inmediata y directa” de la vulneración de un derecho colectivo.

4.    como es natural, la acción de tutela debe estar dirigida a probar la vulneración de un derecho fundamental en contra de una o más personas, pues no basta con afirmar que determinado derecho colectivo se encuentra en riesgo para deducir a partir de ahí la vulneración automática de derechos fundamentales de individuos específicos(Sentencia T- 218 de 2017

 

 

T- 256 de 2015, T- 475 de 2017, T- 103 de 2016, T-022 de 2008 , T-218 de 2017,  T-172 de 2013, T-418 de 2010, T-622 de 2016, T-500 del 2012, C-220 de 2011 , T- 218 de 2017.

Fuente: Diseño Propio.

 

2. EL DERECHO DE LA AUTOGESTIÓN. Y EL VACIO LEGISLATIVO.


El derecho de la autogestión del agua de la comunidad ha demostrado ser un mecanismo muy eficiente y exitoso para el suministro del agua en muchos territorios a muy bajos costos. Además, el proceso propio de gestión del agua por parte de la comunidad ha generado un tejido social y cultural.

 

La Observación Número 15 del Pactode Derechos Económicos, Sociales

y Culturales plantea que el aguaentraña libertades y derechos, ysobre este último aspecto expresaque las personas tienen derecho a unsistema de abastecimiento y gestiónque ofrezca a la población igualdadde oportunidades para su disfrute

(CDESC, 2002).

El Comité señala como elementosnormativos o componentes delderecho: La disponibilidad, calidad,accesibilidad y no discriminación.Al desarrollar los dos últimos,indica que el agua, las instalacionesy los servicios deben estar alalcance de todos, incluidos losgrupos vulnerables y marginados,y prohíbe la discriminación basadaen condiciones de género, sociales,económicas, etc.( Ecofondo, autogestión del agua, 2017, p.21).

 

En el año 2002 se hizo un inventario de los prestadores de servicios públicos en el tema del suministro del agua, arrojando un numero de 11.500. prestadores y/o proveedores de los serviciosde agua y saneamiento, de loscuales el 90,5% son comunitarios,muestra clara y suficiente de unmodelo de gestión del agua que se

diferencia en muchos aspectos delempresarial (Salazar, 2017)

En el año 2015 se conformo la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, como una asociación sin animo de lucro , que agrupa, pequeños y medianos y grandes acueductos  comunitarios.

 

En la exposición de motivos del proyecto de ley promovido por eco fondo que pretende regular la autogestión del agua por la comunidades se ha indicado lo siguiente:

“ Nuestro origen como comunidadesorganizadas alrededor de la gestión

comunitaria del agua está ligado alos asentamientos de las familias y

sus viviendas en distintas zonas delpaís. Las comunidades humanas

desde siempre han definido sulocalización espacial en relacióncon el agua, con las fuentes deagua.Por esta razón, ir alPor esta razón, ir al origen de lagestión comunitaria del agua esindagar la memoria primordial dela relación de las personas, lasfamilias y las comunidades con elagua. (Mondragón y Márquez, año 2014.)

Así la ONG Ecofondo, junto con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios y varias organizaciones ambientales han radicado en el Congreso de la República, el proyecto de ley, por medio del cual se Consagra el derecho a la autogestión comunitaria del agua, su uso individual y colectivo.  Este proyecto obedece al vacíolegislativo del reconocer el Estado la gestión comunitario del agua y su garantía en la población.[3]

En la exposición de motivos se indica al final lo siguiente:

Los acueductos comunitariossomos organizaciones tambiénclaves para garantizar la paz,somos conscientes de que la pazes territorial, la paz se concreta en

los lugares en los que vive nuestrapoblación, y una condición básicapara vivir con dignidad es el accesoal agua para consumo humano ypara la vida económica y el bienestaren nuestros territorios. La paz estambién la paz con la naturaleza

que nos permite la existencia, quegarantiza nuestro sustento.. (Eco fondo, 2017, p.43)

…De esta manera, los acueductoscomunitarios son fundamentalespara garantizar el derecho humanoal agua, concretar la democraciareal y asegurar condiciones de

sostenibilidad ambiental. Por suparte, un Estado Social de Derechocomo el que propugna ser el Estadocolombiano debe tener un ampliocompromiso con la promoción,respeto y garantía de los valores yderechos que se ven involucrados enla gestión comunitaria del agua.( Ecofondo, 2017, p.47)

Principales autoridades en Colombia de Gestión comunitaria del Agua.

Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, conformada por:
  • Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca –RETACO-
  • Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca –FECOSER-
  • Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia –ADACA-
  • Red de Acueductos Costa Caribe
  • Proceso de Acueductos Comunitarios de Nariño.
  • Proceso de Acueductos Comunitarios del Meta.

 

 

Organizaciones sociales y ambientalistas:
 

  • Enda América Latina Colombia
  • Corporación Ecológica y Cultural Penca Sábila
  • Corporación La Ceiba
  • Instituto Mayor Campesino –IMCA-
  • Corporación de Desarrollo Solidario – CDS-
  • Asociación para el Desarrollo Campesino –ADC-
  • Asamblea Regional Centro Oriente de ECOFONDO
  • ECOFONDO Nacional

 

Fuente: http://redacueductoscomunitarios.co/audiencia-publica-sobre-la-gestion-comunitaria-del-agua-en-colombia/

En síntesis en la gestión comunitario de acueductos no hay norma que la regule, no hay reconocimiento por parte del Estado, de esas organizaciones que basan su lucha por el agua como bien público y derecho humano al agua. Este proyecto de ley busca el reconocimiento de lo comunitario sobre lo privado, que solo busca intereses de lucro.

 

3. LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS PARA LA AUTOGESTIÓN DEL AGUA.

Los acueductos comunitarios en Colombia tienen una tradición muy importante en la comunidad, no solamente son distribuidores del agua a través de bocatomas o acueductos pequeños, sino además desde hace varios lustros son los guardianes del ecosistema rural, de las veredas , pequeños municipios y localidades rurales de las grandes ciudades. El acueducto comunitario ha sido, es y seguirá siendo una forma de relación directa de la comunidad con su entorno y sus ecosistemas.

El periodista Ruiz soto anota que Paradójicamente, los diversos gobiernos, en lugar de apoyar esta forma de autogestión y relacionamiento directo de las comunidades con su medio natural, han pretendido, mediante múltiples leyes, distanciar a las comunidades de su entorno, apoyando y casi imponiendo servicios privados que hacen más costoso y menos eficiente el acceso a este preciado líquido vital. Una evidencia de esta intención fue la declaración de Simón Gaviria quien, siendo director del Departamento Nacional de Planeación y refiriéndose a los acueductos comunitarios, dijo: “Tenemos pequeños operadores que no tienen recursos para hacer las inversiones correspondientes y que tampoco pueden mejorar el tratamiento del agua. Hay que forzar la fusión de los portadores de acueductos, para volverlos de naturaleza departamental o supra departamental” (El Tiempo, octubre 19/2015).

 

El Instituto Nacional de Salud en recientes estadísticas indicaba que en Boyacá solo el 43% las empresas privadas abastecían de agua al 43 % de la población boyacense y los gestores comunitarios al 57 %. Para el año 2015 los privados abastecían el 37 % y los comunitarios el 63 %. Esta dinámica nos señala que, en Boyacá, como en muchas otras regiones de Colombia, los acueductos comunitarios son más eficientes y efectivos que los privados.(Ruiz, 2017, El Tiempo)

En el caso de Boyacá, como otros departamentos se ha logrado desarrollar las escuelas comunitarias del agua. Estas escuelas hoy buscan la defensa del agua como derecho fundamental, el agua como un bien público y la lucha social contra la privatización de reservas hídricas.  Varias escuelas comunitarias del agua hoy sus integrantes apoyan a través de firmas la iniciativa de Ecofondo y la Asociación de Acueductos comunitarios de la iniciativa legislativa que cursa en el Congreso.

Renata Cabrales en el semanio Voz ha indicado el concepto de Acueductos comunitarios, en los siguientes términos.

“ Los acueductos comunitarios son organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones populares de economía solidaria integradas por comuneros y comuneras del agua en igualdad de derechos y deberes; las decisiones son tomadas en asambleas comunitarias y se relacionan con el agua como bien común y derecho humano fundamental por lo que el autoabastecimiento de agua por parte de las comunidades fortalece la capacidad de soberanía sobre este bien común.” ( Cabrales, 2018- Semanario Voz)

Listado de algunos acueductos comunitarios ( Bogotá, Medellín e Ibagué.)

 

Nombre  y vereda  

 

Municipio o – Departamento.

 

Aguas Claras (Vereda Olarte)

 

Bogotá

El Destino (Vereda El Destino)

 

Bogotá
 

Pasquilla Centro (Vereda Pasquilla)

Bogotá
 

Piedra Parada (Vereda Pasquilla)

Bogotá
 

Cerrito Blanco (Vereda Pasquilla)

Bogotá
 

Aacupasa (Veredas Las Mercedes, Santa Rosa

Bogotá
 

Aguas – caliente – Ciudad Bolivar.

Bogotá
 

Asocerrito- Ciudad Bolivar

blanco

Bogotá
 

ACUAVIDA- Ciudad Bolivar

Bogotá
 

Las cascadas – Valle de Aburra

 

Medellín

 

Aguas frías- Valle de Aburra

 

Medellín

San Cristóbal – Valle de Aburra Medellín
 Villa Hermosa.- Valle de Aburra Medellín
Caldas – Valle de Aburra Medellín
 Gaviota Ibagué
La Vega.  Ibagué
Boquerón – Ricaurte Ibagué
San Isidro- Granada Ibagué
Colinas  Ibagué

Fuente: Elaboración Propia.

 

3.1 Acueductos comunitarios – Constructores del Tejido Social. 

 

El tema referente de acueductos comunitarios en Colombia se inicia con los depositarios de las campañas del referendo por el agua, al convocarse en los años 2007 el primer Congreso Nacional de acueductos comunitarios.  Ese primer reconocimiento a la comunidad como actores en el manejo del agua, para defender ese derecho de acceso al agua potable, fue un momento importante al país, cuando se iniciaba la privatización de Acueductos a varias Multinacionales españolas. Acueductos comunitarios se vio lligado al tejido social de culturas y comunidades de diferentes territorios del País.

En cualquier caso, esas construcciones de gestión comunitaria indica Correa  han estado asociadas a realidades territoriales que se constituyen en un verdadero tejido local y regional del sector público, central en el concepto de diversidad étnica y cultural de la nación (artículo 7 de la Constitución Nacional). Los territorios socio-culturales existentes en el país en lo rural y lo urbano, algunos de los cuales han ganado más notoriedad y reconocimientos legales y jurisprudenciales desde la lucha indígena y afro-colombiana, son la base de la permanencia de los factores y recursos comunes que posibilitan la vida en sociedad en muchas localidades rurales o urbanas, tales como los sistemas de convivencia o de “pacto social”, de legitimidad y de “gubernamentalidad” vecinales, así como de la relativa disponibilidad comunitaria de espacios y recursos como tierra, suelo y agua. ( Correa, 2006, p.6).

Los acueductos comunitarios son entidades complejas históricas, de un clamor popular por defender hoy sus propios recursos naturales, y ante todo son construcciones populares en torno a la gestión del agua, de zonas campesinas,( 2006) veredales, de poblados, que se escapan del servicio del Estado en la prestación de servicios públicos.   Así los acueductos comunitarios se han convertido en los defensores de la cultura popular , del agua como bien público y como derecho fundamental.

En el caso de la ciudad de Bogotá ese tejido social se ha construido en varias acueductos comunales . como los acueductos Acualcos, Bonda y Adamiuain, levantados en territorios campesinos de la Cuenca media y alta de Teusaca a las espaldas de los cerros orientales y parte de la Calera. En estas organizaciones comunales   del acueducto están articuladas por núcleos familiares, campesinos de población algunas desplazadas por la violencia.  También existe una experiencia de construcción de tejido social en un Acueducto de Ocaña norte- de Santander.

Un documento de la Fescol anota lo siguiente sobre ese Acueducto:” Los habitantes de las partes altas marginales de la ciudad de Ocaña, hacían procesiones hacia la quebrada Venadillo para suplir las necesidades de agua –el lavado y el consumo diario- de las familias de escasos recursos. En alguna ocasión hubo una celebración familiar por un negocio en casa de Luis Ramiro Angarita, a orillas del camino. El pionero Cristóbal Navarro, con su ropa mojada y el agua al hombro, venía por ese camino y como era tan conocido por la familia Angarita fue invitado a ser parte del agasajo. En la trayectoria de los tragos vino la idea de Chepe Vargas de traer con mangueras el agua de la quebrada. (Diez años después) el acueducto comunitario desarrolla programas de mejoramiento ambiental en la micro-cuenca de la quebrada Brava, involucrando toda el área que se encuentra en el corregimiento de Pueblo Nuevo, con las veredas El Danubio, Carrizal, Los Curitos y El Carbonal”. (Asociación de Amigos Usuarios Acueducto Independiente, Fescol de 1998.)

3.2. Acueductos Comunitarios en la luchacontra  la privatización del agua.


En Colombia la lucha popular por el agua como un derecho humano surge de la ratificación de varios tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte de la figura del Bloque de Constitucionalidad (artículo 93 de la CP), entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El comité del referido pacto en la observación número 15(2002) reconoce la existencia del derecho humano al agua y resalta la importancia de su realización por parte de los Estados firmantes en este Pacto, entre ellos Colombia. ( Motta, 2010, p. 270).

A finales de los años 90 se inicia procesos sociales de la comunidad contra la privatización del agua y manejo corporativo de su distribución. Estos movimientos con llevan en los años 2000 la conformación del comité permanente por el derecho humano al agua, en la convocatoria de un referendo, que finalmente es archivado en los años 2008, por el Congreso de la República.

Como antecedentes en el tema de privatización del agua en Colombia se inicia esos procesos a partir de los años 80.En los años 80 los países europeos entregaron el control del agua en manos de las multinacionales del agua, como la VIVENDI, con más de 400 mil empleos en varios continentes. En 1992 la ONU reconoció el agua como una mercancía y un elemento de economía, y por ello el Banco Mundial condiciona la condonación de deudas a que “ciertas” empresas y “ciertos” países queden a cargo de la privatización del agua; ello está especialmente dirigido a abrir mercados en Latinoamérica, instituyéndose como un sistema de nuevo colonialismo. (Motta, 2011, p. 199)

Uno de los objetivos importantes de la iniciativa popular fue detener el acelerado proceso del ingreso de las transnacionales que vienen monopolizando el denominado mercado del agua en el país. Con la expedición de la ley 142 de 1994, se abrió el camino para un nuevo esquema de servicios públicos pagados por los usuarios, no solamente el suministro del agua, sino también los gastos administrativos y financieros de estas empresas privadas que prestan servicios públicos domiciliarios. ( Motta, 2011, p.260)

Uno de los promotores de la iniciativa popular fue la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, toda vez que han sido los acueductos comunitarios que han luchado contra procesos de privatización del agua de las empresas y multinacionales que se han dedicado al monopolio del agua, no como un derecho, sino como una necesidad básica de la sociedad.

En los procesos de privatización del agua en el mundo el profesorEmérito español Pedro Arrojo de la universidad de Zaragoza ha indicado varios modelos de privatización del agua, entre los cuales tenemos. El primer modelo fue el modelo chileno con el gobierno de la dictadura de Pinochet, políticas neoliberales, era privatizar los ríos, ese modelo no se ha extendido a otros países. El segundo modelo fue el modelo Thatcher de Inglaterra, no privatiza los ríos, sino la infraestructura urbanadel agua, ese modelo no se ha extendido. El modelo que se ha extendido en el proceso de privatización del agua, es el modelo francés, que tiene el apoyo del Banco Mundial no se privatiza los ríos, ni infraestructura lo que propone es la privatización de la gestión. Se privatiza el negocio a través del control de la información, esto ha llevado a la rebelión de Bolivia, Uruguay y parte de Colombia.  (Arrojo, 2012).

 

 

 

4. LA GESTION COMUNITARIA DEL AGUA HACIA UNA PAZ TERRITORIAL.


Con el desarrollo de los acuerdos de Paz en la Habana entre la Farc y el Estado Colombiano y especialmente el primer punto “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral”, permite que en los próximos años se logren los primeros acuerdos entre la comunidad y el Estado en el manejo de sus propios recursos naturales, entre ellas las fuentes hídricas para lograr una paz territorial.

 

En relación a este punto el documento de la exposición de motivo de la iniciativa legislativa señala lo siguiente:  afirmar que su fundamento en la participación y la promoción del desarrollo sostenible incluye nuestra existencia como organizaciones comunitarias y los aportes que históricamente hemos hecho a la sociedad colombiana desde la gestión comunitaria del agua. El acceso al agua construye comunidad, sociedad y Estado, construye democracia y ciudadanía. El agua obliga al acuerdo, al consenso, al trabajo mancomunado; mueve a la construcción cultural y social del territorio, pues de la manera como una comunidad, una sociedad, se relaciona con el agua depende su calidad de vida, su bien estar, su bien vivir.( Ecofondo, 2017, p.37)

Los acuerdos logrados en la Habana, permite que la gestión de la comunidad, pueda ser democratizada, abrir nuevos espacios de participación en los derechos ambientales, que puedan beneficiar al mayor número, excluyendo ese manejo de los negocios, de las multinacionales. Esos Acuerdos no van hacer fáciles, debido a la explotación minera que cada dia vienen afectando esas fuentes hídricas.

Los acuerdos en el numeral 1.3.2.3.  plantean entre otros lo siguiente con el tema de vivienda y agua potable:

1.La participación activa de las comunidades —hombres y mujeres— en la definición de las soluciones de vivienda y la ejecución de los proyectos.

  1. La asistencia técnica y la promoción de las capacidades organizativas de las comunidades para garantizar el mantenimiento, la operación y la sostenibilidad de las soluciones de acceso al agua y manejo de aguas residuales.
  2. Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable.
    ( Ecofondo, 2017, p.41)

 

Los acuerdos con la comunidad, son un eje central para lograr una paz, estable y duradera en muchas zonas territoriales del país. La paz es territorial, se concreta en el sector rural, espacios muchas veces sin la presencia del Estado Colombiano. Finalmente la exposición de motivos resalta lo siguiente:

Los acueductos comunitarios somos organizaciones también claves para garantizar la paz, somos conscientes de que la paz es territorial, la paz se concreta en los lugares en los que vive nuestra población, y una condición básica para vivir con dignidad es el acceso al agua para consumo humano y para la vida económica y el bienestar en nuestros territorios. La paz es también la paz con la naturaleza que nos permite la existencia, que garantiza nuestro sustento”. ( Ecofondo, 2017, p. 43)

 

Conclusiones.

 

La autogestión comunitaria del agua es una iniciativa popular que busca el reconocimiento del Estado a través de una Ley de la República, de los acueductos comunitarios en todo el país, que han logrado abastecer gran parte de la sociedad colombiana. Estas Asociaciones comunitarias de agua han logrado generar un tejido social, en muchos terrorios campesinos y veredales.

Los acueductos comunitarios hoy se enfrentan a los procesos de privatización, que cada día el Estado forlece, a través de las concesiones de agua, para explotaciones mineras y agrícolas de multinacionales.  La autogestión comunitaria del agua hoy se convierte en organizaciones comunales en defensa del  derecho al agua , y de su propio Ecosistemas.

A partir de los Acuerdos de Paz se puede imponer un modelo de paz a los recursos naturales en los respectivos territorios de Colombia, para lograr consensos a partir de acuerdos en el sector rural, como desarrollo rural integrado, indicado en el primer punto de los Acuerdos de Paz de la Habana.

Los cambios climáticos y la problemática ambiental que hoy caracteriza los modernos ecosistemas naturales, exige cada día territorios sostenibles, cuyos procesos deben ser liderados por la comunidad a través de estos acueductos comunitarios que podrían contribuir a estos propósitos. Sin duda el proyecto de ley que impulsa la Red Nacional de Acueductos Comunitarios puede servir de marco para la reglamentación de actividades ambientales desarrolladas por comunidades campesinas, barriales, veredales, indígenas y afrodescendientes.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

 

Baptiste, Brigitte (2016, 29 de junio). Ambiente para la paz y paz para el ambiente.

Revista Semana. Recuperado de: http://www.semana.com/

opinion/articulo/brigitte-baptiste-paz-en-colombia-necesita-politicascon-

medio-ambiente/479806

 

Cabrales Renata (2018). El agua como bien común. Semanario Voz. Recuperado

en http://semanariovoz.com/agua-bien-comun/

 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —CDESC— (2002).

Observación número 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Correa, Hernán (2006). Acueductos comunitarios, patrimonio público y

movimientos sociales. Notas y preguntas hacia una caracterización social

y política. Bogotá: Corporación ECOFONDO.

 

Corte Constitucional de Colombia (2011). Sentencia C-220 de 2011. Tasa por

utilización de aguas directamente de fuentes naturales. M. P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.

Corte Constitucional de Colombia (2012a). Sentencia T-132 de 2012. Acción de

tutela para solicitar protección del derecho al agua. M. P. Humberto

Antonio Sierra Porto.

Corte Constitucional de Colombia (2012b). Sentencia T-188 de 2012. Derecho

fundamental al agua. Concepto y fundamento. M. P. Humberto Antonio

Sierra Porto.

 

Corte Constitucional de Colombia (2012b). Sentencia T-312 de 2012. Solicitar la

protección fundamental al agua. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional de Colombia (2014a). Sentencia T-190 de 2014. Derecho

fundamental al agua. Contenido y obligaciones estatales en materia de

prestación del servicio de agua de conformidad con el bloque de

constitucionalidad. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Corte Constitucional de Colombia (2015a). Sentencia T- 256 de 2015.  acción de

tutela para la protección de derechos colectivos. M.P.Martha Victoria

Sáchica Méndez

Corte Constitucional de Colombia (2016a). Sentencia- T -103 DE 2016. Derecho

Fundamental al agua comunidad de Urra. M.P. María Victoria Calle Correa

Corte Constitucional de Colombia (2017a). Sentencia- T- 475 de 2017. Derecho

Fundamental al agua potable. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo

 

Derecho humano al agua. Defensoría del pueblo. Serie estudios Especiales

DESC.  Bogotá, abril de 2009.

Documento – Asociación de Amigos Usuarios Acueducto Independiente, Fescol de 1998.)

 

Documento. Pedro Arrojo.La Privatización del Agua: “transformar la necesidad social en negocio privado. Recuperado en ohttps://www.youtube.com/watch?v=gbNECENI1I0

Documento de la Defensoría del pueblo. Acueductos comunitarios en la zona rural

de ciudad Bolívar. Bogotá, diciembre de 2011.

 

El derecho a la autogestión comunitaria del agua. ( 2017)  Iniciativa legislativa para

el fortalecimiento y la defensa de los acueductos comunitarios. Exposición de

Motivos.  Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, Ecofondo.

Recuperado en

http://www.ecofondo.org.co/adm/ckfinder/userfiles/Documento/LEYPROPIA_baja.pdf

 

Márquez, Javier, Mondragón, Lina y Salazar, Bibiana (2016). Los Acuerdos público

comunitarios, una visión alternativa para los acuerdos en el sector de

agua. En Manual por la justicia del agua. Agua pública para todos y todas.

Editorial Content. Recuperado de: http://www.blueplanetproject.

net/waterjustice/wp-content/uploads/TK-PublicWater-SPA-Dec9-PuP. pdf

Martín, Liber A. (2014).

MedizábalBermúdez.G. (2010). el agua potable como derecho fundamental para la vida.  En: Revista Misión Jurídica- ISSN :1794- 600x numero 3 enero- diciembre

Mesa Cuadros, G. (2013). Derechos ambientales en perspectiva de integralidad.

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Mondragón, Lina y Márquez, Javier (2014). Gestión Comunitaria del agua:

apropiación de la gestión del bien común y la prestación del servicio

público. En Ecofondo, Apropiación social del conocimiento: tres

experiencias en diferentes contextos culturales y ambientales de

Colombia. Bogotá: Ecofondo, Colciencias.

 

Motta Vargas, Ricardo (2010). El derecho humano al agua en Colombia: Planes

departamentales y proceso de privatización. En: Revista Republicana

enero- junio 2010, 247p.

Motta Vargas. R (2011). El derecho al agua potable en la jurisprudencia

colombiana. En.:Revista Republicana • ISSN: 1909 – 4450 No. 11, Julio-

Diciembre .
Motta Vargas . R. (2010). El derecho humano al agua potable entre un reconocimiento popular y jurisprudencial.  En: Revista Misión Jurídica- ISSN :1794- 600x numero 3 enero- diciembre .

Motta Vargas . R. (2011). Multinacionales españolas del agua en Colombia y su manejo corporativo..  En: Revista Misión Jurídica- ISSN :1794- 600x numero 4 enero- diciembre .

Pérez de los Cobos Elisa ( 2015) . La defensa del derecho al agua como derecho

colectivo desde su perspectiva ambiental. la causa “kersich, juan gabriel y

otros c. aguas bonaerenses y otros s/ amparo. En : revista catalana de dret

ambiental vol. vi núm. 2 Recuperado en

www.raco.cat/index.php/rcda/article/download/307942/397910.

Romero, Marco (2015, febrero 7). Desafíos de la paz territorial. Periódico UN, 185.

Bogotá.
Ruiz  Soto Juan Pablo ( 2017) Acueductos comunitarios vs. Privatización. Periódico EL Espectador. Recuperado en  https://www.elespectador.com/opinion/acueductos-comunitarios-vs-privatizacion-columna-722008.

[1] Colombia en 1989 se vinculó al Protocolo de San Salvador, a fin de garantizar la progresividad de los derechos Económicos Sociales y Culturales. Además, el Pacto de Derechos Económicos y Culturales (DESC), fue ratificado por Colombia en 1969.

[2] Informe defensoría del Pueblo. Acueductos Comunitarios en la zona rural de ciudad Bolívar. Diciembre de 2011.

[3] El proyecto de ley pretende consagrar los derechos a la autogestióncomunitaria del agua, su acceso individual y colectivo, se regulanlas actividades desarrolladas por las comunidades organizadas, y

se dictan otras disposiciones” Tiene un total de 28 artículos.  El proyecto consagra todo un sistema integral de la autogestión comunitaria del agua. Puede verse todo el proyecto de ley en la siguiente dirección.  http://www.ecofondo.org.co/documentos.php?id=496

En el año 2013 el partido político MIRA, mediante proyecto de ley No.18/13, intento aprobar una regulación estatal para acueductos comunitarios.