O plebiscito sobre os acordos de paz na Colômbia:

A busca legítima da paz em um contexto político antagônico

 

28 de diciembre de 2016

13 de febrero de 2017

12 de octubre de 2017

 

Ruth Mercedes Gómez Pestana[1]

ruthgopgmail.com

Resumen: el presente artículo de reflexión, analiza, desde diversas perspectivas políticas y jurídicas, los antecedentes, situación y consecuencias de los resultados del referéndum por la paz, realizado en Colombia el 2 de octubre de 2016, cuyo propósito fue ratificar los acuerdos de paz entre el gobierno y las guerrillas de las Farc-EP. Este acto de plebiscito estuvo acompañado desde sus inicios, de antagonismo político con tintes ideológicos, un clima mediático volátil que dividió la opinión pública y un resultado sorpresivo donde se impuso el «No» en las urnas, pero en donde la movilización social y democrática por la paz condujo a una nueva coyuntura política que actualmente divide las opiniones del país, poniendo en vilo los avances del posconflicto y la credibilidad del proceso de paz. El enfoque metodológico es hermenéutico interpretativo, con base en fuentes bibliográficas y documentos jurídicos y académicos que abordan diversos aspectos de la situación estudiada. Destaca como conclusión: el papel protagónico en el plebiscito de los partidos de oposición, la ideología acusadora de los acuerdos de paz al considerarlos influenciados por el castrochavismo y la traición al uribismo, todos como sustrato de la fallida estrategia pedagógica del gobierno Santos para atraer el respaldo popular a los acuerdos con las Farc-EP, a los que sus opositores consideran fuentes de una nueva desesperanza e incertidumbre para el futuro del país.

 

Palabras claves: plebiscito, acuerdos de paz, oposición política, ideología política, Estado: Farc-EP.

Resumo: Este artigo de reflexão analisa, a partir de diferentes perspectivas políticas e legais, o contexto, a situação e as conseqüências dos resultados do referendo para a paz, realizado na Colômbia em 2 de outubro de 2016, cujo objetivo era ratificar os acordos de paz entre os governo e guerrilha das Farc-EP. Este ato de plebiscito foi acompanhado, desde seus inícios, de um antagonismo político com conotações ideológicas, uma mídia de clima volátil que dividiu a opinião pública e um efeito de surpresa onde ‘Não’ ganhou nas urnas, mas onde a mobilização social e o processo democrático para a paz levou a uma nova situação política que atualmente divide as opiniões do país, pondo em suspenso os avanços do pós-conflito e a credibilidade do processo de paz. A abordagem metodológica é a hermenêutica interpretativa, baseada em fontes bibliográficas e documentos legais e acadêmicos que abordam diversos aspectos da situação estudada. Salienta, em conclusão, o papel principal no plebiscito dos partidos da oposição, a ideologia da acusação dos acordos de paz para considerá-los influenciados por castrochavismo e traição ao uribismo, todos como um substrato da falhada estratégia pedagógica do governo Santos para atrair apoio popular com os acordos com o Farc-EP, aos quais seus oponentes consideram fontes de uma nova desesperança e incerteza para o futuro do país.

 

Palavras-chave: Plebiscito, acordos de paz, oposição política, ideologia política, Estado, Farc-EP.

 

Introducción

En Colombia, durante las últimas décadas y, en especial, a partir de mediados de los 80, se ha generado un movimiento por la paz como tendencia social y democrática, evidenciado tanto en la presencia de actores organizados como también, en la participación de sectores no organizados de la sociedad civil en actividades democráticas. Si bien, el trasfondo político por la paz y los intereses son múltiples, en argumentos de Henao y Parrado (2016) “gran parte de las acciones colectivas por la paz (ACP) han rechazado el conflicto armado y tratado de resolver problemas estructurales que afectan la vida de sus poblaciones. Estas acciones han tenido un crecimiento sostenido, especialmente en los últimos cuatro años de negociaciones con las Farc-EP” (p. 12).

 

De acuerdo con el trabajo de Henao y Parrado (2016), en el proceso de paz entre las Farc-EP y el Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002), se despertó en el país un pálido deseo social por la paz, expresado en acciones de apoyo al proceso adelantado en el Caguán, que llegó a representar “tan solo un 11 % de las registradas en esos años” (p. 12); hecho que contrasta con el decidido apoyo que las organizaciones sociales brindaron, años después, al proceso en La Habana, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el mismo grupo guerrillero, evidenciando un aumento del 55 % de las ACP, y un 15% de apoyo a las conversaciones, lo que en términos generales “representa un 26 % del total de las ACP entre 2012 y 2016” (p. 13). Este apoyo se consolidó en el actual periodo de gobierno de Santos en un 179 % de acciones de apoyo al proceso de las negociaciones “frente a un aumento del 55 % del total de acciones colectivas por la paz” (Henao y Parrado 2016. p. 13).

 

Dichos resultados posibilitan construir un preámbulo reflexivo sobre el auge de las acciones sociales como fuente de apoyo a la búsqueda negociada de la paz, y que en principio condujeron a la movilización social, mediática y política que se concretó en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Fenómeno por demás, que cuenta con un antes y un después, es decir, un periodo denominado preplebiscito, el cual “va desde el 18 de julio de 2016, cuando la Corte Constitucional aprueba la realización del plebiscito, hasta el 31 de septiembre de 2016” (Henao y Parrado 2016. p. 13) y un periodo de postplebiscito, el cual incluye la movilización registrada entre el 2 y el 31 de octubre de 2016” (Ibíd.) y, que al ganar con un estrecho margen el «No», establece el complejo cuadro político y social que guarda el germen ideológico de los antagonismos y la incierta búsqueda de la paz, que en principio parecería tan clara cuando se abrieron las urnas del referendo.

 

Es en este marco histórico, donde surgen los interrogantes más acuciantes en la búsqueda por la paz en Colombia y que conducen a indagar los orígenes y motivaciones que llevaron a proseguir el diálogo entre el gobierno Santos y las Farc-EP en la Habana, Cuba, los cuales se iniciaron en Oslo el 18 de octubre del 2012 y que a pesar de su promesa implícita de una paz definitiva negociada políticamente nunca han logrado ser acogidos “como la panacea que curará todos los males” (Higuita. 2014. p. 488), especialmente, porque gran parte de la opinión nacional desconfiaba de la sinceridad de las Farc-EP y de que tales acuerdos resolverían los problemas que aquejan al país.

 

Desde otra perspectiva, los detractores del proceso de paz no estaban silentes frente al auge de manifestaciones por la paz dialogada y la refrendación de los acuerdos por la paz, antes bien, como señala González (2017), pese a que Santos llegó al poder con un programa Santista, una buena parte de la opinión pública tiene la imagen de un presidente traidor.

 

Los logros de su mandato, no solo la paz, sino los avances en el área social, son deslegitimados en gran parte por la propaganda del Centro Democrático, partido político liderado por el expresidente Uribe (p. 120). Esto significó en la arena política, que si bien la campaña de Santos para las elecciones presidenciales de 2010 estuvo respaldada por el uribismo, fuerza política de su antecesor Álvaro Uribe,  su visión política del país en temas sensibles como: la educación; la unidad nacional como meta para articular las fuerzas políticas, incluida la izquierda; el paso de la seguridad democrática hacia la prosperidad democrática; el acercamiento diplomático con Venezuela, lejano desde la perspectiva uribista, condujeron a una ruptura y fragmentación de las relaciones Uribe-Santos y los partidos políticos cercanos a la figura del expresidente, dando paso a una férrea oposición, en donde Uribe encabezaba la fuerza opositora, frente al mensaje de paz imperfecta que ofrecía Santos (Pizarro 2017).

 

Al respecto, en sus múltiples intervenciones de campaña, el mensaje de Uribe contra la reelección de Santos, fue el mismo: “la plataforma nuestra se opondrá a lo que viene fraguando Santos, porque él les entrega el país a las Farc-EP, que son el castrochavismo” (Prieto 2016, citado por González 2017. p. 118); fue entonces, en este debate de poder político, donde surgieron los puntos de vista y las argumentaciones que sostuvieron el antagonismo y la manipulación de la opinión pública que alimentó la propuesta por el «Sí» del pre-plebiscito, dando como resultado una estrecha victoria al «No» del post-plebiscito.

 

A continuación, y en atención a los referentes expuesto, se analizaran los antecedentes que sostuvieron el antagonismo político entre el «Sí» y el «No» en el periodo pre-plebiscito; en segunda instancia, se tomará como objeto de estudio la situación misma del plebiscito realizado en Colombia el 2 de octubre de 2016, y finalmente, se pondrán en consideración algunas consecuencias para el debate sobre los resultados del referendo por la paz, y su incidencia en el postconflicto colombiano.

 

 

  1. El pre-plebiscito: el giro de la traición política hacia la paz

Para Gutiérrez y Sandoval (2008), Colombia es una democracia formal, que “…resulta ser una sociedad y una institucionalidad poco democrática, donde sistemáticamente se reprime y judicializa la protesta social, persisten las acciones paramilitares y del narcotráfico y se extermina la oposición” (p. 177). Afirmación que se acompaña de los innumerables actos de guerra y flagrantes violaciones a los derechos humanos, manifiestos en el desplazamiento forzado, las masacres, el terrorismo y el alzamiento en armas de diversos grupos con ideologías que van desde el comunismo, hasta el simple y llano interés por el control mediante el terror en los campos y ciudades.

 

En esencia, una democracia que concentra y restringe el acceso a la riqueza mediante el extermino de la oposición y, por otra parte, una democracia que languidece ante el avance de las acciones insurgentes y la derrota de la institucionalidad del Estado, centrando exclusivamente los logros por la paz mediante la acción armada, como punto de inflexión para el fin del conflicto (Gutiérrez y Sandoval 2008), una perspectiva en la cual los partidos políticos tradicionales juegan también un rol fundamental en el inacabado proceso de creación de la nación colombiana (Medina, 2009, p. 163); pero también, una democracia que como resaltan Henao y Parrado (2016. p. 13), encuentra en los movimientos sociales y la acción civil, una poderosa y renovadora fuerza tanto incluyente como transformadora que se conduce paulatinamente hacia la unidad y la democracia participativa.

Esto último se evidencia en diversos escenarios políticos, que a lo largo de los últimos 25 años, han encontrado en la búsqueda de la paz, una forma de restitución de la soberanía popular, mediante la democratización y negociación de los espacios ganados frente al conflicto armado interno, es decir, en Colombia se hacen esfuerzos por conquistar la paz a través de “iniciativas ciudadanas para neutralizar a los actores armados, el empoderamiento en las corporaciones públicas y de las organizaciones sociales, como también la experiencia en el ejercicio de la administración en diferentes estadios” (Gutiérrez y Sandoval 2008. p. 181).

 

Ejemplos de este movimiento cívico por la paz, han sido: 1) en 1990, la Séptima papeleta: considerado un movimiento de estudiantes y organizaciones sociales que conllevan a los colombianos hacia la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, tornándose en una realidad con la Constitución de 1991. 2) en 1997, el Mandato ciudadano por la paz: mediante el cual se desarrollaron cabildos abiertos por la paz en varios municipios del país. En este periodo, el proceso finalizó con diez millones de votos a favor de la paz en las elecciones de octubre. 3) en el año 2003, se presenta la derrota del referendo uribista, donde el presidente Álvaro Uribe convoca a los ciudadanos para que voten un referendo con el fin de liquidar entidades gubernamentales y varios organismos de control. El referendo no logró su meta, debido a la llamada “Gran Coalición Democrática”, en la cual tanto partidos de izquierda, como sectores liberales, sindicales y ONG impidieron que la iniciativa obtuviera los votos requeridos (Gutiérrez y Sandoval 2008. p. 182).

 

Estas iniciativas, muestran momentos históricos de democracia participativa, que indican que en Colombia sí ha existido un fuerte movimiento social por la paz mediante la vía democrática, pese a la existencia de grupos violentos dedicados al extermino tanto de la dirigencia social y sindical, como de la clase intelectual libre pensadora y de izquierda, incluyendo casos de anulación violenta del periodismo crítico (Gutiérrez y Sandoval 2008. p. 182).

 

En contraste, como señala Higuita (2014): los procesos de paz en Colombia, desde mediados de los años 50, han finalizado trágicamente. El último escenario, como lo fue San Vicente del Caguán, se convirtió en “el cuarto intento de diálogos por la solución política del conflicto armado en el país” (p. 499). En dichos diálogos, el presidente Andrés Pastrana (1998–2002) y las Farc-EP, establecieron una zona de desmilitarización, despeje y distensión, a través de una agenda temática de 13 puntos. El fracaso de los diálogos, fue en parte debido a dos causas: la exigencia de la guerrilla para que el estado detuviera la expansión del paramilitarismo, y la segunda, la implantación del Plan Colombia, considerada una estrategia diseñada por el pentágono norteamericano para fortalecer las Fuerzas Armadas colombianas y devolverles su poder militar para enfrentar a las guerrillas a lo largo de todo el país (Higuita 2014).

 

El fracaso de los diálogos en el Caguán, silenciaron por casi una década los reclamos de paz del pueblo colombiano, y recrudecieron el conflicto armado con todas sus devastadoras consecuencias. No fue sino hasta los discursos de Oslo de octubre del 2012, pronunciados por Humberto de la Calle Lombana, a nombre del gobierno, e Iván Márquez, a nombre de las Farc-EP (Zambrano 2012), cuando se planteó un cambio en el enfoque para terminar el conflicto armado interno, mediante un acuerdo político y poner fin definitivo a más de seis décadas de lucha fratricida. No obstante, como señala Higuita (2014), el renacimiento de los diálogos de paz con las Farc-EP, evidenció en el debate sociopolítico y jurídico nacional, las contradicciones de la sociedad y la democracia, con implicaciones aun insospechadas hasta ese entonces.

 

Así fue cómo durante la primera presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2014), según señalan Quintanar y López (2016), se presentó como un hecho de injerencia externa, la presión de los organismos internacionales sobre el gobierno anterior de Álvaro Uribe, debido a la violación de los derechos humanos atribuidos, según versiones contradictorias, la mayoría a grupos armados ilegales denominados paramilitares y otros a retaliaciones de la guerrilla.

 

Este supuesto aspecto negativo del uribismo contrario a los propósitos políticos de Santos desde el inicio de su primer periodo presidencial y que el nuevo mandatario convirtió a su favor mediante una campaña diplomática exterior para restablecer, en primer lugar, la relación con Ecuador y Venezuela, y en segundo lugar, ofreciendo garantías para un acercamiento dialogado de paz entre el gobierno colombiano y las Farc-EP. En este contexto, Santos buscaba el apoyo internacional a dichas negociaciones, como medio para legitimar su enfrentamiento contra la oposición interna encabezada por el uribismo, que criticaba duramente el contenido de tales garantías y avalar así, su proyecto de paz como un movimiento político legítimo.

 

Su inclinación hacia soluciones no militares del conflicto armado interno, le valió a Santos, en principio, el respaldo de sus homólogos sudamericanos, “primero con Hugo Chávez y luego con Rafael Correa por el anuncio del restablecimiento pleno de las relaciones con ambos países” (Quintanar y López 2016. p. 3). Este clima de distensión facilitó como lo indican Ramos y Ximena (2016), que el gobierno nacional y la guerrilla Farc-EP- “iniciaron conversaciones secretas en la Habana Cuba con países garantes en donde se pusieron de acuerdo en buscar una salida negociada y pacífica del conflicto en Colombia” (p. 23). Hecho histórico que evidenciaba cómo el gobierno Santos buscaba alejarse tanto de los fracasos del Caguán del expresidente Andrés Pastrana, como de la política de mano dura con la guerrilla de su antecesor Álvaro Uribe, cuyo propósito final sería un acuerdo de paz negociado políticamente. El proceso en su orden se desarrolló por etapas no exentas de contratiempos.

 

El acercamiento inicial se surtió con las reuniones anteriores a la instalación de la mesa de negociación de manera formal, el 12 de octubre de 2012 en Oslo Noruega, con Cuba y Noruega como garantes y como acompañantes Venezuela y Chile, también estaban presentes las dos delegaciones: gobierno nacional y Farc-EP. Su estructura se pactó con 30 personas por cada delegación, de esas treinta, diez participarían en la mesa de conversación y 5 de ellos a su vez serían Plenipotenciarios. El inicio del proceso quedó protocolizado con la firma del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el 26 de agosto de 2012, según relató el Alto Comisionado para la Paz, (2016. Citado por Ramos, et al. p. 25).

 

El paso siguiente fue la aprobación conjunta de los seis puntos negociados del acuerdo, abarcando temas tales como: 1) El Desarrollo de agro integral (26 de mayo), y que se denominó “Reforma Rural Integral”; 2) la participación política (6 de noviembre de 2013), denominada la “Apertura económica para construir la Paz”; 3) la solución al problema de la droga (16 de mayo de 2014); 4) el tema de un sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición para las víctimas (15 de diciembre de 2015), 5) la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo Final de Paz y 6) el fin del conflicto, que incluía el cese al fuego y de las hostilidades de manera bilateral y definitiva, la dejación de armas y la reincorporación de los integrantes del grupo insurgente a la sociedad civil, tema tratado el 23 de junio de 2016, con la presencia de los países mediadores; (Ramos et al.).

 

Todos estos puntos fueron discutidos y acordados mediante el comunicado conjunto No. 93 del 24 de agosto de 2016 entre el gobierno de Colombia y las Farc-EP, haciendo público “el acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera” (Ramos, et al.); del mismo modo, el 29 de agosto del mismo año, se inició el cese al fuego y hostilidades tal como se había acordado previamente entre los negociadores.

 

Posteriormente y en uso de la facultad que le concedía el artículo 189 numeral 6 de la Constitución Política, el presidente Santos después de suscribir el Acuerdo de Paz con los representantes de las Farc-EP, pese a no tener la obligación legal de hacerlo, sometió a consulta popular el total de su contenido a la opinión del pueblo colombiano mediante un referendo, afirmando que se sometería al veredicto de las urnas fuese cual fuese su resultado.

 

Por su parte, la Corte Constitucional, en su Sentencia C-379/16, del 18 de julio de 2016, aprobó la realización del plebiscito, como el instrumento que permitiría la validación de los acuerdos a los que habían llegado las partes en la Habana. Entre los criterios para su realización se establecieron que el umbral de participación electoral mínimo debía corresponder al 13% y no el 25% del Censo Electoral según la Constitución de 1991, ganando quién tuviera la mayoría de votos. En consecuencia, las votaciones fueron programadas para el 2 de octubre de 2016.

 

Agotado este punto, el presidente Santos propuso la refrendación del acuerdo final, como mecanismo de participación y consulta popular, contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, denominado el Plebiscito, el cual como reza la Carta Magna es, entre otros, un mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: “el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará” (Artículo 103. C.P. de 1991). En este sentido, según lo recuerda Marco Palacios (2016):

 

El 26 de septiembre todo era jolgorio en Cartagena. Un gobierno colombiano de centro-derecha había logrado lo imposible: firmar un acuerdo con la organización comunista Farc-EP que daba término a una guerra irregular de 52 años. El acuerdo se había conseguido después de cuatro años de arduas negociaciones formales en La Habana y dos años de acercamientos informales y conversaciones secretas, las cuales de hecho, habían comenzado bajo el gobierno del ultraderechista expresidente Álvaro Uribe Vélez (p. 1).

 

No obstante, pese al júbilo del gobierno y de las Farc-EP, se estaba gestando una versión opuesta al proceso de paz y sus acuerdos, los cuales fueron perfilados como una “traición” abierta y descarada por parte del presidente Santos, frente a su mentor, el expresidente Uribe, gestando en la opinión pública la imagen de Santos como “un presidente traidor”, deslegitimando de paso “los logros de su mandato, no solo la paz, sino los avances en el área social, en gran parte por la propaganda de partidos políticos de oposición, liderados por el Centro Democrático (González 2017. p. 120).

 

Ante los ataques directos de los detractores del proceso, el gobierno Santos insistió en que la búsqueda de la paz no era un camino perfecto; al respecto, el mandatario siempre reiteraba: “Pero creo que la paz es posible. Y yo siempre he dicho: hay que buscar el máximo de justicia que nos permita la paz. Entonces, creo que realmente llegamos a ese punto de equilibrio” (Santos 2016). Argumento que se convirtió en arma contra su propio éxito en los acuerdos de la Habana, pues la oposición insistía en demostrar que tampoco su punto de negociación era perfecto. Y como bien señala González “La argumentación del «No» tuvo como bandera la supuesta entrega del país a las Farc-EP por parte de Santos y su desinstitucionalización” (2017. p. 120).

 

En tanto, el ex-presidente conservador Andrés Pastrana llegó incluso a afirmar que el acuerdo representaba un «golpe de Estado»” (Citado por González. 2017. p. 121). En ese contexto histórico, el giro sorpresivo hacia el «No», dejaría no solo a la comunidad internacional sino al país dividido. Como se muestra a continuación.

 

  1. El plebiscito en pleno: del «Sí» a la paz frente al «No» a los acuerdos con las Farc-EP

En cifras estimadas por el gobierno Santos, los resultados del plebiscito parecían a favor del «Sí», pero como indica Pizarro (2017): “la gran paradoja fue que, a pesar de estos y otros elogios de la comunidad internacional, según datos oficiales el «Sí» obtuvo 6.377.482 votos (49,8 %) y el «No», 6.431.376 (50,2 %). Es decir, los opositores al Acuerdo de Paz, tal como se acordó en La Habana triunfaron por alrededor de 50 mil votos” (p. 2).

 

Paralelo al fenómeno que conmovió al país el 2 de octubre de 2016, el abstencionismo electoral fue del 63 % de los potenciales votantes. Aspecto que destaca cuando se toma en cuenta que Santos consiguió implementar una reforma para bajar el umbral constitucional del 25% del censo electoral a solo el 13%, alrededor de 4 millones de los 33 millones que integran el censo electoral, pero no por el total de votos sino solo por el «Sí». Es decir, planteó las condiciones para que el Acuerdo de Paz pasara a como diera lugar, pero a pesar de una campaña auspiciada por el Estado, ganó el «No» a los acuerdos tal como estaban redactados por la mínima diferencia de 50.000 votos. De esta forma, pese a que en Colombia los Acuerdos de Paz negociado en La Habana había recibido ovaciones internacionales y el apoyo de un sinnúmero de organizaciones sociales y no políticas internas, el resultado “puso al descubierto una realidad que no estaba en los cálculos de nadie, ni en la comunidad internacional ni en el propio país: el grado de fractura interna en que se encuentra la sociedad colombiana” (Pizarro 2017. p. 1).

 

Es de anotar que estos resultados si bien en un principio sobresaltaron a los promotores del «Sí», después pusieron en tela de juicio el despliegue del gobierno en gastos y las restricciones impuestas a sus opositores para que hicieran lo propio, incluso la aceptación expedita de la Corte Constitucional a la que se tildó de politizada. A esta situación se suman las recriminaciones a las fracasadas campañas educativas e informativas cuyo fin era sensibilizar a la opinión pública y al ciudadano, sobre el contenido de los acuerdos. No obstante, como recuerdan Henao y Parrado, se “cometieron equivocaciones en los procesos pedagógicos” (2016. p. 13). En los esfuerzos porque ganara el «Sí», se evidenciaron alianzas mantenidas hasta el 2 de octubre de 2016, entre los partidos políticos (Unidad Nacional, Liberal y Partido Verde), enfocados en “la dejación de armas”, y una coalición conformada por diversos partidos, movimientos y organizaciones de izquierda que impulsaban el «Sí» a nivel de las barriadas, las familias y los amigos.

 

Los partidos junto con los movimientos sociales independientes, se convirtieron en “aliados” de un proceso político compartido, alrededor de los Acuerdos de Paz recién firmados entre el gobierno nacional y las Farc-EP. El resultado sorpresivo fue un estrechamiento de la brecha entre el Estado colombiano y los movimientos de izquierda, unidos bajo la consigna del «Sí», como señalan Henao y Parrado “actuando de manera complementaria y no como fuerzas históricamente opuestas” (p. 13), unión temporal que tras haberse perdido el plebiscito por el «Sí» retornó a las tradicionales recriminaciones.

 

Sobre este particular es pertinente una reflexión, acerca del valor de la democratización de los procesos sociales y populares en Colombia, en especial en torno a la búsqueda de la paz. Durante los meses previos al 2 de octubre de 2016, en el país emergieron verdaderos campamentos por la paz en varias ciudades, como Bogotá, Cali, Medellín, entre otras y se desarrollaron vigilias en departamentos como el Cauca, azotado por el conflicto armado interno y en su momento, la incertidumbre por el resultado del plebiscito, razón por la cual sectores organizados y populares se cohesionaron alrededor del gobierno nacional y los Acuerdos de Paz. De estos movimientos espontáneos y populares emergieron nuevos actores políticos que visibilizaron sus intereses frente al postconflicto, es decir, vieron en los Acuerdos y mecanismos de refrendación, una forma de tomar protagonismo y encarar las negociaciones por la paz de manera democrática y participativa (Henao y Parrado, 2016; Bello, 2016).

 

Ahora bien, el hecho histórico sobresaliente de este análisis, es que el «No» obtuviera una victoria calificada por los medios de comunicación de “raspada” sobre el «Sí», pone de relieve que la movilización social por la paz se transformó rápidamente en un capítulo social y político de contienda a nivel ideológico y mediático. Pese a que surgieron nuevos actores, que no tenían tradicionalmente participación en la democracia representativa y formal, como las víctimas de la violencia y las organizaciones populares, campesinas y suburbanas, paralelamente y con la progresiva acogida por amplios sectores de la sociedad colombiana, se fue consolidando una oposición declarada contra los Acuerdos de La Habana, propiciando un escenario donde predominaba la decepción, la controversia y la desesperanza, que como señala Magallón (2016):

 

En un primer momento, que el «No» haya ganado en la consulta de refrendación de los Acuerdos alcanzados entre el gobierno nacional y las Farc-EP, supuso una decepción y un trauma para los millones de personas que votaron «Sí», prácticamente muy igualados con quienes votaron «No». Porque no eran estas las previsiones. Las encuestas daban mayoría al «Sí» y había un clima de euforia en el país y en la Comunidad Internacional que auguraba resultados según estaba previsto. En esta línea, era tanta la confianza en un resultado positivo que no había un Plan B. Nadie tenía un Plan B (p. 5).

 

A pesar de la manifiesta voluntad de quienes consideraban que, con la refrendación de los Acuerdos de La Habana, el país entraría en un periodo de concordia y paz, además de existir como afirmaban los voceros del gobierno nacional, una clara tendencia política y social hacia el «Sí», sectores de la extrema derecha colombiana, como los denominaban el senador Galán y el presidente Santos, en clara referencia al expresidente Uribe y otros líderes políticos como el expresidente Pastrana y la exsenadora Martha Lucía Ramírez, incluyendo representantes gremiales de los agricultores, ganaderos y transportadores, los más duramente golpeados por el accionar delincuencial de las Farc-EP, se opusieron desde un principio a las negociaciones, utilizando diversas estrategias de comunicación para descalificar el proceso ante la ciudadanía (El Tiempo, 27 de agosto 2016).

 

Las estrategias de la campaña utilizada por el expresidente Uribe, el Centro Democrático y otros movimientos afines para oponerse a la aprobación de los Acuerdos de Paz fueron cuestionadas desde un principio por diversos sectores de la sociedad, representados por políticos, académicos, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que veían en la misma, la repetición de los discursos sustentados en el miedo como herramienta orientada a incidir en las decisiones electorales frente al plebiscito, porque según decían algunos, era similar al utilizado durante las campañas realizadas para las elecciones del legislativo y el ejecutivo (Magallón, 2016, En: El Tiempo, agosto 27 de 2016).

 

Por su parte los más asiduos defensores del gobierno Santos, trataron de desprestigiar el legítimo derecho de la oposición, desatando una actividad mediática en la cual se insistía en la existencia del paramilitarismo, como fuerza aun activa orientada desde la sombra por el expresidente Uribe, cuando estos grupos perdieron totalmente su razón de ser, a partir de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, por medio de la cual se desmovilizaron más de 35.000 miembros de las autodefensas y otros grupos armados ilegales, a esto se suma, el señalamiento de «enemigos de la paz», dado a todos los que no apoyaran el «Sí».

 

En el caso del plebiscito, las estrategias de quienes se oponían a al contenido de los Acuerdos de Paz, pero no a la Paz, calificada como bien supremo de la sociedad, fueron tan exitosas que la coalición de partidos y fuerzas de oposición al gobierno, lograron posicionar al «No» como ganador del plebiscito por una ligera mayoría. A pesar de ello, este triunfo se vio empañado por las declaraciones del gerente de la campaña por el «No», Juan Carlos Vélez, en el sentido de reconocer la utilización de estrategias orientadas a que la población votara “emocionalmente”, como resaltaron los medios de comunicación de la siguiente manera: “Lo ha dicho el propio gerente de la campaña del «No», quien acaba de declarar cómo su estrategia estuvo basada no en la explicación de los acuerdos sino en provocar la indignación” (Magallón. p. 6), en otras palabras, dieron a entender que se había manipulado la formación para convencer a los votantes respecto a que los Acuerdos de Paz afectarían sus intereses y libertades.

 

De esta forma, aunque el mismo gerente Vélez días después se retractó de lo dicho, los defensores de los Acuerdos de Paz, aseguraron que había quedado en evidencia, aun cuando no se admitió públicamente por la misma dirección del partido, que el Centro Democrático, con representación en el legislativo, empleó medios y recursos claramente orientados a incidir en la decisión de votar, por lo tanto incurrió en faltar a los principios de la buena fe y la confianza legítima y en el principio de autonomía de la voluntad, tal como señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-295/99, derechos fundamentales reconocidos a los que estaban obligados y se esperaba observaran en todas y cada una de sus actuaciones políticas, como en el caso específico de su participación, oponiéndose al «No» plebiscitario. No obstante, en ningún momento se cuestionó el control de la información en favor del «Sí», por parte de los grandes medios impresos, virtuales y radiales, pagados generosamente por el Estado a través de cuñas publicitarias, oportunidad que le fue restringida a la oposición.

 

Por ejemplo, Cerón (2016), un escritor político afecto al gobierno, afirmó en su texto “Campaña sucia, uno de los males dentro del Plebiscito por la Paz”, publicado en el periódico Nova et Vetera (septiembre de 2016), lo siguiente:

 

La llamada campaña sucia o guerra sucia es el producto de campañas políticas en las que se busca confundir el voto de opinión de los ciudadanos a partir de la divulgación de información errada, manipulada o falsa… [Con respecto a la Campaña del Plebiscito] Uno de los ejemplos más claros resulta ser la alteración de imágenes de archivos de personajes influyentes en la opinión pública. Con letreros que indican “«No» al plebiscito” hemos visto a Juanes, Pirry y últimamente a la medallista olímpica Mariana Pajón. Y aunque estas personas salgan a aclarar ante los medios que son imágenes alteradas, muchas veces el daño resulta hecho (Cerón. 2016)

 

Al respecto, Magallón (2016), sostiene en sus argumentos de tinte gobiernista:

Hay que decir que el resultado por el «No», no puede interpretarse como la voz de Colombia, ya que estrictamente ganó la abstención (casi un 60%). Tampoco es un «No» al cambio. Es más complejo. En los votos informados y convencidos por quienes hicieron campaña a favor del «No», grupos muy poderosos en el país y en los medios de comunicación, han dicho «No» a los Acuerdos firmados. Pero no se trata tanto de un «No» a la paz, sino a los Acuerdos de La Habana (p. 6).

 

Estos son algunos de los hechos y las circunstancias que rodearon la decisión del electorado por el «No» en el plebiscito, pero que de forma crítica, han sido replanteados como nuevas formas de protesta, desde la perspectiva de la participación democrática, en un país tradicionalmente liderado por una clase dominante, ligada a los grupos de poder y a los privilegios adquiridos a través de las décadas del conflicto armado, es decir, el «No» está ligado a la inacción y la incapacidad social de reencauzar la democracia participativa, puesto que los argumentos que sostuvieron el «No» o el «Sí» reivindican la defensa de un estatus de la clase política actual, pero además constituyeron una ruptura del rol hegemónico de los políticos tradicionales tanto de derecha como de izquierda, puesto que evidenciaron que la administración del postconflicto, debe incluir nuevas voces todavía incipientes con sus propias y particulares exigencias frente al país del futuro.

 

  1. El post-plebiscito: ¿La paz en vilo? Una democracia marcada por la violencia, el partidismo y los medios

 

En este apartado el propósito es analizar las consecuencias posibles derivadas del escenario anteriormente descrito, indagando inicialmente por el plano emocional o sensible del ciudadano en los procesos políticos como el plebiscito y las particulares circunstancias a las que estaba y sigue estando ligado, considerando que son los espacios para el ejercicio del poder público, el primer contacto entre el mundo interior subjetivo y el mundo político. En segunda instancia, ofrecer elementos de reflexión sobre el futuro de la paz en el marco de los Acuerdos de Paz, y los posibles medios y mecanismos del poder político partidista que entran en juego en un escenario de antagonismo y conflicto como demarcadores del derrotero histórico de la paz en Colombia. En atención al plano emocional, Valencia-Tello (2017), sostiene lo siguiente:

 

La falta de consensos alrededor del proceso de paz, unido al desconocimiento y a la incertidumbre que provocaron los diálogos con las Farc-EP, generó que la discusión política se caracterizara por falta de argumentos o explicaciones claras sobre los puntos a favor y en contra del proceso, lo que fue evidente en las pasadas elecciones presidenciales de 2014 y en el plebiscito por la paz, en donde las campañas se concentraron más en los sentimientos de esperanza y miedo que genera el tema de la paz, sin realizar mayores discusiones sobre los principales temas del proceso. En medio de campañas políticas que priorizan las emociones antes que los argumentos racionales, ¿Cómo podemos construir caminos de paz que ayuden a la reconciliación entre los diversos actores del conflicto? (p. 231).

 

Las palabras de Valencia-Tello, permiten comprender en retrospectiva histórica, cómo la cultura política Colombia favorece las imposturas en el plano democrático, basadas en el desconocimiento y la incertidumbre; pues se muestra en el proceso pedagógico del «No», una falsa presunción de claridad expositiva y argumentativa ante la opinión pública, favoreciendo sentimientos entremezclados de esperanza y miedo frente a la paz.

 

El plebiscito estuvo cargado de lemas morales y antimorales que obnubilaron el juicio racional de los electores, y más aún, de la masa potencial que se abstuvo de participar durante el proceso. En este sentido, la construcción de la paz evidencia la necesidad de una construcción democrática de los conflictos en Colombia, que se oriente mediante una pedagogía de la alteridad y el reconocimiento de todas las posiciones políticas, antes que negarlas, rechazarlas o barbarizarlas.

 

Como señala Valencia-Tello (2016), la campaña por el «No» es un ejemplo sobre el uso de las emociones básicas humanas, sin reflexión y responsabilidad social con el país, pues se emplean como estratagemas de propaganda para atraer al electorado con el fin de romper la cohesión social y la estabilidad del país. En este sentido, según Narváez, citado por Valencia-Tello (2016):

 

Los sagaces de la política saben bien que explorar las rabias, los rencores y los deseos de venganza de los electores es “una economía política” de jugosos réditos electorales. Que lejos está esto de la definición que Plutarco ofreció de la política como aquello que sustrae al odio su carácter eterno. El caso de Colombia en la coyuntura actual refleja claramente esta tendencia: bajo el reclamo dogmático de un maximalismo jurídico (que nada quede impune) se esconde la exaltación de la rabia y la venganza. Economía del odio que Savater denomina “Los recuerdos envenenados”, que David Rieff cuestiona en su libro “Contra la Memoria” y Svetlan Teodorov llama “Los abusos de la memoria”. Los tres autores afirman la importancia y urgencia de hacer re-composición de la memoria. (Valencia-Tello 2016. p. 233)

 

Por lo anterior, para los defensores del «Sí», lo que se presentó en el escenario público fue mala conciencia y economía política del odio, forma como podría resumirse la campaña política del «No». una entremezcla de fenómenos sociales comunicativos y expectación política en una sociedad poco preparada para la deliberación política y la formación ciudadana. En este sentido, cobran vigencia los argumentos expuestos por analistas de diversos contextos, para quienes de acuerdo con Valencia-Tello (2016), la síntesis entre razón y emoción en las relaciones de poder en las sociedades, implica connotaciones tradicionalistas y vanguardistas. En el primer grupo, “la visión tradicional racionalista colocaba a las emociones por fuera del campo de la razón” (p. 236); y en el segundo, “las emociones forman parte del ejercicio de la racionalidad, pues tienen una inferencia directa en la toma de decisiones, tanto desde los marcos interpretativos culturales, como desde los elementos objetivos que están contenidos en la acción social y política” (p. 236).

 

Estas dos posturas, también conducen a interpretaciones diversas sobre la situación post-plebiscito. Pero sumadas a ellas, hay que considerar el auge de nuevos fenómenos de comunicación transmedia de relevancia global. Es decir, que “el comportamiento político en los últimos tiempos ha cambiado notablemente en razón a la creciente importancia de las telecomunicaciones y al comportamiento menos predecible y mucho más consumista de los ciudadanos” (Valencia-Tello 2016. p. 238).

 

En este sentido, el escenario de los Acuerdos de Paz, pero no de la paz por sí misma,  en el plebiscito, expuso una realidad social construida de redes de supuestos a través de las cuales se canalizaron emociones, argumentos y contraargumentos, pero especialmente, propaganda antigubernamental, por ejemplo, Santos como presidente traidor de Uribe y rendido incondicionalmente a las exigencias de la guerrilla; las Farc-EP representadas como fuerzas castrochavistas con ansias de poder político, todo lo cual se convirtió en parte del marketing político del «No».

 

La estrategia de emplear los medios de comunicación para promover sentimientos y respuestas racionales, no es una estrategia nueva, pero se revistió de nuevas herramientas, como las redes sociales, que atraparon la atención de una audiencia política tradicionalmente apática y poco participante en las urnas, y sobre quien se enfocó el argumento de la oposición para deslegitimar los Acuerdos de paz, tal como estaban consignados en un documento extenso de 297 páginas, ininteligible para el ciudadano del común, pero para unos lleno de claudicaciones del Estado ante las Farc-EP y para otros, el máximo logro del gobierno nacional.

 

De acuerdo con Valencia-Tello (2017), la lógica subyacente a la propaganda mediática durante el proceso pre-plebiscito y post-plebiscito, se signan como parte de un espectáculo político, donde a la opinión pública, se le ofreció información, en muchas ocasiones, contradictoria y beligerante, “ampliando de diversas formas la fragmentación de nuestra sociedad e impidiendo obtener acuerdos mínimos sobre las políticas que afectan a toda la comunidad” (p. 241). En consecuencia, Palacios, desde una postura que también se escuda detrás del retorno de la paz, mediante el libre juego democrático, afirma:

 

Lo deprimente de todo este espectáculo es que regresa a Colombia a lo más pernicioso de su política de los últimos treinta años: la clase política de todos los colores manipula los asuntos de guerra y paz en función de intereses electorales.

El resultado del plebiscito es un poderoso insumo para que Uribe, la extrema derecha y sus adláteres tomen posiciones fuertes frente al año 2018. Ahora la retórica patriótica combina temas de reforma tributaria, educación universal y de calidad, modelo cristiano de familia y, en fin, el esbozo de un programa de gobierno de una nueva coalición electoral. Calculan que su línea dura en el fondo, suave en las palabras, desgastará a un Santos obligado a atender dos frentes: el pacto nacional de la clase política y el tinglado de La Habana” (2016. p. 340).

 

En otras palabras, el triunfo del «No», es más un fracaso social y político por la paz en Colombia, tornando cada vez más insostenible la visión del postconflicto con base en la búsqueda de la paz mediada por acuerdos y pactos racionales, es decir, los agentes del conflicto colombiano son también actores mediáticos que conducen las emociones del electorado, convirtiendo irresponsablemente, sus discursos y estrategias en una violación masiva y sistemática de los derechos humanos, puesto que dejan sin apoyo social y simbólico a la larga lista de víctimas del conflicto armado, y quienes son en esencia, los que exigen reparación, verdad, justicia y no repetición.

 

Así pues, la violencia pública implícita en el post-plebiscito, como señala Palacios (2016. p. 341) señala la continuidad del conflicto colombiano a través de medios políticos. En consecuencia, la oposición que se encargó de vociferar la traición de Santos y del castrochavismo imperante en la conciencia nacional, en el “No”, no se habló ni se hizo partícipe el clamor de las víctimas.

 

En complemento, es importante preguntar por el futuro de la paz en el marco de los Acuerdos y los posibles medios y mecanismos del poder político partidista que entran en juego en un escenario de antagonismo y conflicto, y que demarcan el derrotero histórico de la paz en Colombia.

 

Al respecto, frente a la necesidad de una paz estable y duradera en Colombia y de frente al contexto internacional de los derechos humanos y los tratados ratificados, como lo recuerda Tesillo (2016):

 

(…) la construcción de paz consiste en acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y a solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto. Por lo tanto, la actividad de construcción de paz a nivel internacional expande su enfoque netamente diplomático y adquiere una dimensión preventiva, paliativa y reparativa con objetivos económicos pero sobre todo sociales; incluye actividades tan diversas y variadas como permitir la reinserción de excombatientes, destruir las armas y remover minas antipersonas, repatriar refugiados, proteger el medioambiente y avanzar en la protección de los derechos humanos (p. 132).

 

Esto significa, por una parte, que la tarea de la paz esta y seguirá estando en la mente y las emociones de los colombianos, pues su mandato es un derecho y una responsabilidad frente a la comunidad internacional; por otra parte, complementaria al proceso de reinserción, desarme y dejación de las armas, es evidente que el desescalonamiento del conflicto armado facilita la posibilidad de generar propuestas democráticas autónomas y participativas, en especial, para las víctimas y las regiones que tradicionalmente han sido blanco de la guerra, el narcotráfico, los cultivos ilícitos y el abandono estatal (Tesillo, 2016).

 

No obstante, pese a existir un consenso sobre la necesidad de empezar el trabajo democrático para el post-conflicto en medio del conflicto y del No, surgen discrepancias sobre la definición y el modelo político, económico y social de post-conflicto y hacia dónde deben encaminarse la construcción de la agenda de paz (Tesillo, 2016). En este sentido, persiste el antagonismo, incluso a nivel de las mismas organizaciones sociales y no gubernamentales, incluida las organizaciones internacionales, pues el post-conflicto es una noción en permanente ajuste histórico y político

 

El desacuerdo sobre este punto, conlleva hacia una preocupante escenario post-plebiscito, en donde la tensión se centra en una visión racionalista que minimiza los rasgos existenciales y vivenciales del conflicto armado, y por otro lado, una mirada que exacerba y exalta la atención la atención humanitaria que se detiene en exponer la guerra y las limitadas condiciones para fomentar procesos de desarrollo económico y social, es decir, se señala al post-conflicto como una nueva forma de traición a los intereses de las élites políticas y económicas.

Un punto final y no menos importante es lo que se espera del modelo jurídico y de justicia con los acuerdos de paz, lo que exige que tanto el gobierno como las FARC, aun en medio de la polarización que se vivió frente al tema, deben reencauzar de manera pedagógica, transparente y democrática las implicaciones del Marco Jurídico para la Paz y las leyes que se derivan de este, así como exponer de manera anticipada y a través de los medios, los acuerdos, anexos y protocolos diseñados para dar cumplimiento a los acuerdos (Avendaño, 2016, p. 17).

 

Así pues, es oportuno señalar que el apoyo de la sociedad es vital para que el proceso de paz se instale como una figura legítima y democrática, donde se respeten las leyes y demás proyectos políticos que emerjan del Marco Jurídico Para la Paz. Por esta razón, se requieren acciones de retroalimentación pública y pedagógica sobre el proceso de paz que permitan el reconocimiento de la diversidad y la cultura del pluralismo, dentro del marco democrático (Díaz, 2015, p. 276) y que deben incluir elementos de justicia transicional que inviten a generar espacios de reflexión acerca de cómo estas leyes y decisiones son parte del juego democrático y participativo (Jiménez, 2017). En tal sentido, es necesario advertir, que pese al boom político del plebiscito, como lo recuerda Avendaño:

 

El alcance de los contenidos de los Acuerdos con las Farc-EP firmados en la Habana, todavía es desconocido en su gran mayoría, sus pormenores escapan del conocimiento del común de los ciudadanos y sobre todo, no sabemos que leyes se necesitan para implementar de la mejor manera estos acuerdos. El Estado tiene una tarea sin igual, poner fuera de la guerra un grupo armado ilegal, la sociedad reclamara al gobierno de turno qué políticas serán implementadas para lograr el cometido y cuáles son los sacrificios la sociedad debe hacer, para que ese cometido tenga éxito (2016, p. 18).

 

Por lo tanto, el enfrentamiento y polarización frente a una paz que debe ser alcanzada, pero no a cualquier costo, seguirán unidos al proceso político y mediático que le dio origen al fenómeno del plebiscito, pues su antes y después, es también parte de la historia de los fracasos y tímidos aciertos en la búsqueda del retorno a la paz durante más de seis décadas.

 

Conclusiones

En Colombia, la paz está lejos de ser comprendida como un valor ciudadano y un derecho de los pueblos, pero sobre todo un anhelo social y político; por ello, el esfuerzo por alcanzarla, al verse atravesados por razones y emociones, hace parte del imaginario de luchas, guerras y conquistas en el espacio público y mediático actual.  Aun no se sabe cómo afrontar como sociedad, las graves consecuencias de todas las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y los demás delitos, que los Acuerdos de Paz han elevado a la categoría de conexos con el conflicto armado interno entre el Estado y las guerrillas de las Farc-EP y otros grupos autodenominados insurgentes.

 

De igual forma, la aplicación de mecanismos de justicia transicional no es una tarea fácil, pues pese a existir leyes y marcos de referencia internacional e internos, el escenario del poder tiende a polarizar los partidos y enfrentar los sectores políticos. De esta forma, es evidente que, pese a que el «No» salió vencedor, el «Sí» también se impuso, lo que antes de propiciar un diálogo para la reconciliación, agudizó la polarización, en especial del partido político Centro Democrático y del Exprocurador Alejandro Ordoñez, quienes han manifestado “públicamente y mediante escritos sus diferencias con el modelo escogido por el gobierno” (Valencia-Tello, 2017. p. 254).

Es imperativo que la resolución de las diferencias políticas a nivel de los medios de comunicación y demás escenarios informativos sociales, se trate el postconflicto y la construcción de paz como una oportunidad histórica de reducir el impacto de las hostilidades y la violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos y que se convierta en una oportunidad para reparar el daño físico, moral y material causado por décadas de conflicto, es decir, convertir los hechos en oportunidades de aprendizaje social para hacer democracia.

 

Retomando los argumentos de los autores anteriormente mencionados, es pertinente considerar que la jurisdicción especial para la paz demanda una interpretación jurisprudencial acorde con las exigencias del contexto internacional, la priorización de casos y la responsabilidad de los máximos responsables de la violencia y el conflicto, procurando que la mirada exterior hacia Colombia evidencie el grado de empoderamiento de la justicia y el bien común, por encima de las particularidades y los intereses mezquinos que han predominado en las épocas electorales, y en los procesos políticos, como el referendo por la paz.

 

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[1] Abogada egresada de la universidad Libre, especializada en derecho administrativo y maestrante en Derechos Humanos