HOMICIDES IN VENEZUELA: MAIN DEBATES AND EXPLANATORY APPROACHES

Registro DOI: https://doi.org/10.25058/1794600X.148

Este artículo presenta una visión panorámica y sintetizada de los principales debates públicos, análisis y explicaciones académicas sobre los homicidios en Venezuela. Se inicia con la polémica sobre las cifras de los homicidios en el país, que mediática y políticamente han desplazado las discusiones sustantivas sobre el tema, convirtiéndose la cifra en un fin en sí mismo, vaciando de contenidos el análisis y las discusiones sobre el fenómeno. Luego se describe el comportamiento de los homicidios durante las últimas décadas, para abordar posteriormente las diversas explicaciones que, desde los ámbitos académicos, se han dado sobre su incremento en el país. Finalmente, se plantea la necesidad de tener en cuenta el impacto que el propio sistema penal puede tener en el aumento o no de este fenómeno.

Palabras clave

homicidios, muertes violentas, Venezuela, cifras oficiales, violencia institucional.

This article presents a panoramic and synthesized view of the main public debates, analyses and academic explanations on the homicides in Venezuela. It starts with the controversy over the figures of homicides in the country, which has shifted the substantial discussions on the subject in politics and the media, making the figure become an end in itself, emptying of content the analysis and discussions on the phenomenon. In the second part of the article, the behaviour of homicides in recent decades is described, and then the diverse academic explanations in relation to the increase of homicides rates in the countryare discussed. Finally, it is highlighted the necessity to consider the impact that the criminal justice system may or may not have on the increase of this phenomenon.

Key Words

homicides, violent deaths, Venezuela, official figures, institutional violence.

Palabras clave homicidios, muertes violentas, Venezuela, cifras oficiales, violencia institucional

Keymer Ávila**

**Abogado Magna cum Laude, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Máster Oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal, Universitat de Barcelona (UB). Investigador del ICP de la UCV. Profesor de Criminología en pre y postgrado de la misma universidad. Colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC). Correo electrónico: [email protected]

INTRODUCCIÓN

Sobre las tasas de homicidio en Venezuela se ha debatido mucho durante los últimos años. A pesar de la polarización política, las distintas retóricas explicativas sobre el tema parecen no diferenciarse mucho en términos estructurales e ideológicos. En las próximas líneas se intentará ofrecer un panorama de los principales debates públicos, análisis y explicaciones sobre los homicidios en este país. Para, finalmente, plantear la necesidad de tener en cuenta el impacto que el propio Sistema Penal puede tener en suincremento, dimensión que hasta ahora no ha sido lo suficientemente considerada para la comprensión de estos eventos.

Desde el punto de vista metodológico la presente investigación es documental, por basarse en el análisis de bibliografía, informes especializados y oficiales; monográfica, por la extensión de los temas tratados; teórica, porque versa sobre conceptos y definiciones; de carácter compilatoria y descriptiva, porque requiere una revisión y sistematización de la literatura relacionada con el tema; y de naturaleza crítico-evaluativa, porque pretende realizar valoracionesy reflexiones críticas de sus contenidos durante su desarrollo.

  1. LAS CIFRAS COMO UN PROBLEMA EN SÍ MISMO

La inseguridad en Venezuela se ha posicionado durante los últimos años en los primeros lugares de la agenda mediática y, en consecuencia, política del país (Consultores 21, 2010; Keller, 2012; Latinobarómetro, 2013;Datanalisis, 2014;IVAD, 2015[1]), formando parte de la vida cotidiana de los venezolanos. El debate que gira solo en torno a la dimensión subjetiva del fenómeno, si bien es importante para su comprensión, en especial en el proceso de definición de políticas públicas (Ávila, 2012), su análisis por si solo resulta insuficiente en el contexto venezolano si no se aborda el plano objetivo, es decir, lo que ocurre en la realidad. Esta necesidad se hace aún mayor cuando se ha observado que en Venezuela el delito que se correlaciona más fuertemente con la percepción de inseguridad es el homicidio (Sanjuán, 2013); razón por la cual puede afirmarse que en el caso venezolano la inseguridad es más que una percepción.

Usualmente se toman como indicadores de la dimensión objetiva de la inseguridad la cifra de delitos que procesa el sistema.No obstante, ya desde la década de los años 60 del siglo pasado, con los trabajos de Kitsuse y Cicourel (1963) se cuestiona la fiabilidad de los cifras oficiales, puesto que las mismas no recogen la totalidad de los hechos acaecidos, ya que no todos son denunciados ni conocidos por el sistema (cifra oculta); y en ocasiones las categorías utilizadas por las instituciones son imprecisas. Adicionalmente, los investigadores usualmente tienen problemas de acceso a estos datos producidos por las instituciones del Sistema Penal[2]. Ante estas críticas y dificultades se han generado otras formas para intentar conocer los delitos en su totalidad, en especial los que no llegan a ser conocidos por el sistema, de allí las encuestas de victimización. Sin embargo, si éstas no siguen un método riguroso pudieran distorsionar la comprensión del fenómeno ya que pudieran en algunos casos inflar las cifras. Todo esto sin considerar que la noción misma de delito puede resultar discutible desde múltiples perspectivas, y sobre ello las diversas corrientes de la criminología crítica han escrito ríos de tinta (Christie, 1984;  Hulsman,1989; Zaffaroni, 1998; Baratta,1998; Bergalli,1983 etc.).

Estas dificultades que han sido objeto de debate al menos durante los últimos 50 años dentro de la criminología, se hacen más complejas en el contexto venezolano. Producto de diversas coyunturas político electorales y de polarización, que se han dado en Venezuela durante los últimos tres lustros, el acceso a las estadísticas delictivas oficiales se ha restringido durante la última década -aproximadamente desde el año 2005 (Observatorio Venezolano de Violencia –OVVV-, 2016)-, lo que ha generado en algunos sectores la aplicación de fórmulas diversas para “calcular” las cifras de delitos, presentando números procedentes de metodologías más cercanas a la futurología y a la adivinación que a la descripción objetiva del fenómeno en su real dimensión.

De esta maneralos venezolanos se encuentran,actualmente,entre el silencio oficial y las especulaciones de la oposición, lo que no contribuye a un adecuado análisis, ni a la toma de decisiones acertadas sobre el problema; por el contrario, esta situación crea un clima que distorsiona estos procesos. Esto ha sucedido incluso con las cifras de homicidios, vaciándose de contenidos sustantivos y de fondo las discusiones sobre el fenómeno, para convertir así a las cifras en un fin en sí mismo.

Así por ejemplo, hay organizaciones y opinólogos[3] de oficio que presentan cifras de homicidios pero no cuentan cadáveres, ni siquiera usan datos oficiales filtrados, tampoco llevan un conteo propio. Se trata de “pronósticos” basados en tendencias de años anteriores  los cuales no presentan en rangos, tal como debería hacerse en este tipo de casos, ofreciendo una cifra, un número, como si este fuese un dato real. Además, presentan muertes violentas (que incluye, entre otras, muertes accidentales, suicidios, homicidios en todas sus modalidades, etc…) y homicidios dolosos como si se tratase del mismo fenómeno, pero que, aunque parecieran ser sinónimos,se trata de categorías diferentes (Kronick, 2014). Podría afirmarse que las primeras son una categoría genérica difusa, los segundos son más específicos y se constituyen en objeto de estudio, seguimiento y comparabilidad a nivel internacional, tal como se explicaráa continuación.

Muertes violentas y homicidios dolosos: el género y la especie

Tradicionalmente el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) ha sido la principal fuente para conocer el número de homicidios en el país. Ellos llevan tres grandes categorías cuya sumatoria constituiría las muertes violentas, estas son las siguientes: 1) Homicidios son los casos tipificados por el Código Penal en el que una persona intencionalmente da muerte a otra[4]; 2) Resistencia a la autoridad: formalmente son un grupo de delitos establecidos en el Capítulo VI del Título III del Código Penal, que abarcan diversos supuestos que van desde la amenaza a un funcionario público o a sus parientes, perturbar reuniones de órganos públicos, hasta hacer oposición a algún funcionario en el cumplimiento de sus deberes (artículos 215 al 221). Bajo estos supuestos genéricos el CICPC administrativa y discrecionalmente agrupa, también, los casos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado (enfrentamientos, ejecuciones extrajudiciales o ajusticiamientos), con independencia de la legalidad o justificación, o no, de las mismas; 3) Averiguación muerte:en esta categoría residual entrarían las muertes por causas externas, aparentemente violentas, en las que no hay una certezainicial que se trate de homicidios, puede abarcar una serie de supuestos variados como suicidios, accidentes de tránsito o con armas de fuego, muertes por inmersión, etc… Así entonces, si bien algunos casos de resistencia a la autoridad, comprenden casos de homicidios, esto no significa que todas las “resistencias” devienen en casos de homicidios, es decir, el resultado no siempre es la muerte del infractor. De manera,similar los casos de averiguación muerte no son necesariamente homicidios.[5]En consecuencia, la totalidad de las muertes violentas, es decir la sumatoria de las tres categorías mencionadas, si bien nos ayuda a comprender las lógicas burocráticas y administrativas utilizadas en la construcción de los datos, ésta es poco precisa para tener una visión clara y específica sobre el fenómeno de los homicidios. Es por ello que a efectos de la comparación internacional lo que se trabaja es la tasa de homicidios intencionales o dolosos por cien mil habitantes (ONU) y no las muertes violentas (sobre las que el OVV hace sus estimaciones). Estas últimas, ante el silencio oficial, son las que han dominado la opinión pública nacional, siendo contrastadas, erróneamente con las cifras de homicidios a nivel internacional, lo que supone no solamente un error conceptual grande, sino que distorsiona y sobredimensiona un fenómeno que ya en las cifras oficiales se presentaen niveles muy altos (Sanjuán, 2008, 2013; Antillano, 2010; Kronick, 2016, 2014; OVV, 2016; González, 2016).

De lo que no hay duda es que el homicidio es considerado como la conducta delictiva más grave y es el indicador indiscutible de la situación objetiva de la inseguridad y de la violencia delictiva. Además, por su gravedad la cifra oculta en estos casos es mínima.Sin embargo, como se ha descrito, esto no se traduce automáticamente en datos idóneos sobre este fenómeno, esta discusión se encuentra en pleno desarrollo en escenarios internacionales tales como la ONU, OMS y el PNUD.Hace apenas un año en Bogotá se reflexionó sobre la necesidad que se tiene en América Latina y el Caribe de mejorar los datos de homicidio y se elaboró un instrumento para ello, el cual se comentarábrevemente a continuación.

El protocolo de Bogotá sobre calidad de datos de homicidio en América Latina y el Caribe (Protocolo, 2015)[6]

Este protocolo establece una serie de criterios técnicos cuyo cumplimiento refleja que esos datos presentan un elevado grado de validez, fiabilidad y transparencia. Su objeto es servir de referencia a instituciones de producción de datos oficiales de homicidio. La existencia de datos válidos y confiables es indispensable para formular y evaluar políticas de prevención y reducción de homicidios. Este instrumento propone ocho áreas temáticas[7] que pueden aplicarse de manera simultánea a las fuentes que tradicionalmente producen estos datos: las que parten de certificaciones de defunción (instituciones de salud) y las que toman como base los registros criminales.

Teniendo una panorámica sobre las particularidadesde construir el dato sobre los homicidios, a continuación se describirá cómo ha sido el comportamiento de este fenómeno en Venezuela.

  1. EL COMPORTAMIENTO DE LOS HOMICIDIOS EN VENEZUELA

Venezuela tiene una de las mayores tasas de homicidio del mundo. Este año la Fiscal General rompió el silencio oficial e informó que para 2015 la tasa llegó a 58 homicidios por cien mil habitantes (hpcmh)(Ministerio Público, 2016:45). Más allá de las dudas que puedan generar las metodologías empleadas, estas cifra resulta alarmante cuando se contrasta con la tasa mundial de homicidios que para el año 2012 había sido estimada en 6,2 (ONUDD, 2013); en este mismo sentido, la OMS estima que una tasa de 10 puede considerarse ya como una epidemia. Es importante tener en cuenta que la tendencia de los homicidios en América Latina y el Caribe durante la última década también ha sido creciente[8], del año 2000 al 2010 ha aumentado en un 11%, con más de un millón de personas fallecidas a causa de la criminalidad violenta (PNUD, 2013). En 2012 un 36% de las víctimas de homicidio las aportó el continente americano. De hecho en 2012, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2013), América Central ocupó el segundo lugar en el ranking de índices más altos de homicidios registrados por subregiones, América del Sur quedó en tercer lugar y el Caribe en el cuarto. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud(2016) coinciden con estos datos estimando la tasa de homicidios regional en 28,5 homicidios por 100.000 habitantes. Se trata de una tasa que cuadruplica la del resto del mundo y es el doble de la de los países en desarrollo de África.

En el caso venezolano, la tendencia en el aumento de los homicidios ha sido progresiva durante los últimos 60 años (Briceño et al., 1997[9], 2009, 2012; Sanjuán, 1997, 2003, 2013), y tal como ya se ha señalado, las tasas actuales exceden en mucho el promedio regional y mundial. En el gráfico 1se puede apreciar el comportamiento de los casos de homicidios en los últimos 45 años.

GRÁFICO 1

Elaboración propia con datos delaPolicía Técnica Judicial (PTJ)- CICPC(años 1970-2011), sistematizados, procesados y calculados por Sanjuan (2013) y González (2016) sobre el total de casos. Ministerio Público (años 2011-2015), CICPC (años 2012-2015), cálculos propios sobre el total de casos y víctimas.[10]

En Venezuela las dos principales fuentes de datos son:

  1. El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS): a través de sus anuarios de mortalidad, cuya base conceptual está en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE).
  2. Los registros criminales: principalmente a través de las estadísticas del CICPC y de manera subsidiaria las del Ministerio Público (MP) y el Servicio de Medicina y Ciencias Forenses.

Los contrastes entre ambas fuentes pueden apreciarse en el gráfico siguiente:

GRÁFICO 2

Elaboración propia con datos del CICPC, MPPS, Sanjuan (2013, 2008), Fernández y Tabares (2013)

El gráfico con el total de homicidios en el país para el período 1986-2009, con base a los registros oficiales de salud e investigación policial, denota una continua disparidad a partir de 1991. Hacia 1998 las cifras parecen coincidir de nuevo, pero a partir de 1999 se distancian para ya no volver a coincidir. Sin embargo, resulta curioso que a pesar de la diferencia en los totales consignados por ambas instituciones, la tendencia de los datos es la misma, coincidiendo cada período de alza, momento pico y período de quiebre (Fernández y Tabares, 2013).

Estas divergencias pueden deberse a diferencias conceptuales, en la temporalidad y a otros elementos que distinguen a los 2 tipos de registros (Ribeiro, Borges y Cano, 2015). Esto puede verificarse cuando se contrastan las similitudes entre las cifras del MP y las del CICPC, lo que es lógico ya que comparten categorías conceptuales por ser ambas fuentes de registro criminal, las diferencias entre éstas posiblemente se deba más interpretaciones procesales y administrativas, que de conceptos.

GRÁFICO 3

Elaboración propia

En promedio el porcentaje de las discrepancias entre los datos de salud y los registros criminales, durante el período estudiado, es de 21,52%, esto significa que se encuentra ligeramente por encima del mínimo establecido en el Protocolo de Bogotá (20%), el cual tiene como base la comparación de este tipo de divergencias en unos 15 países de la región.

Las distancias entre las cifras de ambas fuentes se reducen cuando se contrastan las cifras de homicidios de los registros criminales, con las cifras de muertes por arma de fuego del MPPS (es decir, homicidios junto a supuestos de muertes accidentales), lo que pudiera arrojar también algunas dudas sobre la fiabilidad en el proceso de elaboración de los datos del MPPS:

GRÁFICO 4

Elaboración propia con datos del CICPC, MPPS, Ministerio Público, Sanjuan (2013, 2008), Chacón (2013)

Hay que considerar que los datos de salud presentes en esta gráfica corresponden a muertes por arma de fuego (lo que según cifras del CICPC abarca más de un 90% de los casos de homicidio), mientras que los que provienen de la fuente criminal son de la totalidad de homicidios con independencia del medio empelado. En este ejercicio las discrepancias entre ambas fuentes se reducen a apenas un 8%, lo que la ubicaría dentro de los mínimos aceptables del Protocolo de Bogotá. Sin embargo, la tendencia sigue siendo hacia el aumento de las mismas. 

GRÁFICO 5

Elaboración propia

Situaciones de discrepancia entre estas fuentes las presentan también varios países de nuestra América, tales comoChile, Nicaragua y Perú (Ribeiro, Borges y Cano, 2015).[11]

Realizada esta visión panorámica sobre las cifras oficiales, según las cuales se puede apreciar, sin duda alguna, el incremento abrupto y sostenido de los homicidios durante las últimas tres décadas, a continuación se abordarán las explicaciones que se han dado sobre este fenómeno.

  • LA RETÓRICA EXPLICATIVA TRADICIONAL DE LA VIOLENCIA EN VENEZUELA: ENTRE LOS AUTORITARISMOS Y LOS FUNCIONALISMOS
  1. De los autoritarios a los funcionalistas típicos: la ley y el orden

En primer lugar se encuentran los que sueñan con la “mano dura”, el exterminio de “elementos” molestos,razias policiales en los barrios, que piden más policías[12]; que creen que estos problemas se resuelven reformando leyes penales, olvidando que eso es justo lo que se viene haciendo en el país durante los últimos 18 años en Venezuela, con resultados negativos para todos. Tal como lo advierte Zaffaroni (2007), son losopinólogos promotores de estos discursos los que terminan teniendo la hegemonía comunicacional y, en consecuencia, política sobre la cuestión criminal. En este primer extremo se encontrarían los más autoritarios. En este discurso coinciden tanto la oposición política como la actual gestión gubernamental, que en los últimos años ha pasado de un discurso social y estructural sobre la cuestión criminal a uno eminentemente represivo (Antillano, 2016; 2015; 2012; Ávila, 2016a; 2015b; 2012).

Esta racionalidad se puede apreciar en los operativos policiales llamados de manera rimbombante“Operaciones de Liberación del Pueblo”, conocidas por sus siglas “OLP”, que son una expresión del cambio en las políticas policiales y penales por parte del gobierno, que ha dejado de lado el enfoque de prevención social para irse al otro extremo basado en la expansión del aparato policial, militar y penal. Estas prácticas ideológicamente coquetean más con lo que se conoce como el realismo de derecha[13]; políticas que incrementan la violencia institucional contribuyendoasí al aumento de la violencia social[14] y, en consecuencia, de los homicidios. Sobre esta hipótesis se volverá más adelante.

Desde una perspectiva más moderada, académica, funcionalista más tradicional, hay autores que explican el problema de la violencia en el país como una pérdida de la institucionalidad, como un debilitamiento del orden normativo[15] formal e informal, tomando al número de detenciones en casos de homicidio como uno de sus indicadores (Briceño 2012a, 2012b; et al. 2012).

Las explicaciones de Briceño sobre la crisis institucional giran en torno a la coincidencia de eventos emblemáticos, que significaron rupturas en la estabilidad política del país, con alzas significativas en la tasa de homicidios. Entre los años 70 y 80 se podía apreciar un aumento lento y progresivo en la tasa de homicidios, teniendo un pico en el año 1983 para luego ir en descenso hasta el año 1989, fecha en la cual la tasa no ha dejado de crecer, período que se caracterizará por los hechos siguientes:

  1. El Caracazo de 1989: La sublevación popular denominada “El Caracazo” fue una reacción de protesta en contra de la acentuación de las políticas neoliberales con las cuales se inauguró el gobierno de ese año. La represión del gobierno de Carlos Andrés Pérez fue dura y encarnizada, no existe certeza del número real de víctimas, pues el gobierno dijo que hubo 200, Amnistía Internacional refirió 500, mientras varias ONGs aseguraron que la cantidad real alcanzaba las 3000 víctimas. Según algunos estudiosos, este fenómeno abrió el camino para un uso más generalizado de la violencia por parte de la población (Ávila, 2012; López, 2005; Sanjuán, 1997).Este año la tasa de homicidios pasa de 9 a 13 puntos para no dejar de crecer.
  2. Las rebeliones militares de 1992: la primera liderada por Hugo Chávez en el mes de febrero, nueve meses después, compañeros de armas hacen otro intento fallido. Los protagonistas de estas rebeliones (un grupo de cuadros militares medios) las enmarcancomo respuesta a la crisis política anterior, cuya solución pasaba por derrocar al gobierno de Pérez. La tasa de homicidios aumentó 3 puntos este año.
  3. Triunfo electoral de Hugo Chávez en 1999: la ciudadanía no confiaba en los partidos políticos, en las instituciones ni en el gobierno y la propuesta de Chávez lograba recoger todo ese descontento. El nuevo Presidente gana las elecciones de manera abrumadora y se plantea un cambio radical del sistema político.[17]Comienzan una serie de cambios institucionales y la refundación de la república cuya máxima expresión formal es la nueva Constitución. Este año la tasa de homicidios sube 5 puntos y el siguiente 8.La crisis bancaria y las elecciones presidenciales de 1994:el sistema representativo se pone en tela de juicio y aumenta progresivamente la abstención electoral. Entra en crisis la democracia representativa y aparece de nuevo el pensamiento antipartidista en la opinión pública (Ávila, 2012; Rey, 2003). Uno de los padres de la llamada cuarta república[16], Rafael Caldera, buscaba estabilizar el sistema político y económico. Éla través de nuevas alianzas, rompe tácticamente con los viejos partidos, y gana las elecciones para intentar salvar el régimen político que el mismo había ayudado a construir. Logra calmar las crisis anteriores y estabilizar al país, lo que se puede apreciar en la tendencia estable de los homicidios durante ese período. Para 1994 la tasa era de 22 hpcmh, para el momento en el que finalizaba su mandato, en 1998, la tasa de homicidios había bajado 2 puntos.
  4. El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002: con apenas 3 años en el poder el Presidente Chávez sufre un Golpe de Estado, promovido por una pequeña cúpula militar con el apoyo de empresas privadas de comunicación. Por la falta de legitimidad y apoyo popular e institucional el golpe dura apenas 48 horas, pero sin duda afectó la estabilidad del sistema político y económico, lo cual se profundizará al año siguiente con el paro petrolero de 2003. En 2002 los homicidios aumentan 6 puntos y en 2003 otros 6 más.
  5. Elecciones presidenciales de 2006: dónde se decidía la reelección o no del Presidente Chávez, la campaña de la oposición se caracterizó por colocar en la agenda el tema de la seguridad ciudadana (Ávila, 2012). Los homicidios aumentan 8 puntos.
  6. Referéndum aprobatorio de 2008: cuyo objeto era la reelección indefinida para los cargos del Poder Ejecutivo, lo que trajo consigo una reforma constitucional. Los homicidios incrementan en 4 puntos.
  7. Elecciones presidenciales de 2012: Chávez resulta reelecto por segunda vez con un amplio margen, unos 10 puntos de diferencia respecto a su adversario. Dos meses después anuncia su enfermedad y prácticamente abandona el ejercicio de sus funciones, muere tres meses luego de este anuncio. Los homicidios aumentan 4 puntos.
  8. Año 2015: en medio de crisis de diversas índoles(política, económica y social), se celebran las elecciones parlamentarias, en las que resulta vencedora la oposición, retomando por primera vez en 17 años el control de la Asamblea Nacional. La campaña por parte del gobierno fue protagonizada por las OLP, operativos policiales militarizados cuestionados por sus costos en vidas humanas y demás arbitrariedades (Ávila 2015b, 2016a, 2016b, 2016c). Este año los homicidios se disparan 9 puntos, alcanzando la tasa más alta de los últimos 45 años, lo que evidencia, tal como se desarrollará más adelante, que la violencia institucional tiene una importante repercusión sobre este fenómeno. 

GRÁFICO 6

Desde la perspectiva de la estabilidad del sistema y de la importancia de la armonía normativa, típica del ideario funcionalista, se ha planteado también la vinculación de las altas tasas de homicidios con la impunidad. En un intento de calcular un estimado de impunidad en casos de homicidio, Briceño et. al (2012) hacen una relación entre el número de homicidios ocurridos en un año y el número detenciones por homicidio ocurridos durante el mismo período; sin embargo,hay que considerar las complejidades y particularidades del proceso penal, la falta de sincronía entre el tiempo de registro del caso y el tiempo de registro de las detenciones vinculadas con el mismo (que usualmente no corresponden al mismo año) y que a una detención no necesariamente le seguirá un juicio y una condena. Más allá de estas consideraciones de tipo metodológico, en la mencionada investigación se hizo una estimación de 91% de casos de homicidios en los que no hubo detención alguna. A todo evento este trabajopionero en Venezuela es una primera aproximación, por lo que el trabajo empírico que está pendiente por hacerse sobre este tema es un campo que no ha sido lo suficientemente explorado.

Si la estimación de la cifra de homicidios, que se supone es un dato objetivo, genera todo un debate, la definición de la impunidad es mucho más compleja y difusa ¿Qué es la impunidad? ¿Cómo se define? ¿Cómo se mide? Cuando se revisa la literatura institucional y especializada sobre estos temas, se concluye que tiene que ver con la respuesta institucional. Algunos indicadores señalados por la ONU vinculados con los homicidios son, por ejemplo: números de casos de homicidios resueltos por la policía, personas arrestadas o sentenciadas por homicidios. En este sentido se aprecian desigualdades regionales significativas: 85% se esclarecen policialmente en Europa, 80% en Asia, mientras que en América la proporción es de 50%. En cuanto a las condenas, el indicador global es de 43 criminales condenados por cada 100 víctimas de homicidio doloso. Cuando se trata de condenas las diferencias regionales son mayores: 81 en Europa, 48 en Asia y 24 por cada 100 víctimas en América. Es decir, que en este continente la impunidad, según este último criterio, sería de un 76%. El organismo internacional ha afirmado que la “impunidad asociada al homicidio ha aumentado en el continente americano en los últimos años” (ONUDD, 2013).Al ver las cifras internacionales, pudiera afirmarse que la impunidad es la regla, no solo para los homicidios, sino también para los delitos en general (Rosales, 2012; Ávila, 2007), así que este pareciera no ser el factor fundamental para explicar este fenómeno.

Además, si se toma como centro la cárcel como remedio y se cruzan los datos de encarcelamiento general con los casos de homicidio, no parece haber una relación inversamente proporcional entre ambas, por el contrario, en ocasiones se comportan de manera muy similar. Por lo que se pueda afirmar que a mayor encarcelamiento general mayor cantidad de homicidios, así puede apreciarse en las tendencias de ambos fenómenos, desde 1989 hasta 2013.

 GRÁFICO 7

Elaboración propia con datos de Antillano et al. (2015) y Sanjuan (2013)

En 2001 habían 16.751 detenidos y la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes fue de 68; doce años después, en 2013, la población penitenciaria había alcanzado 51.000 y la tasa de encarcelamiento fue la más alta en la historia del país: 171 prisioneros por cada 100.000 habitantes (PROVEA, 2012[18]). A partir de 2008 la población penal en auge, aumento el 100% en menos de 5 años. Sin embargo, la capacidad instalada en 2013 era para unos 18.000 reclusos, lo que representaría aproximadamente un hacinamiento de un 283%.Como afirma Antillano, “no es verdad que no se castigue, se castiga más que nunca” (2016:131).

¿Estas altas tasas de encarcelamiento han generado un impacto positivo en los homicidios durante este período? La respuesta, como se desprende tanto de la tasa, como del número de casos de homicidios, es negativa.

Así que tomar como único y principal referente al castigo resulta no solo insuficiente, sino además peligroso; por tener detrás de sí una lógica expansiva del Sistema Penal y de la pena de prisión, obviando una diversidad de formas de control e intervenciones institucionales ante los conflictos sociales. Sobre este punto no hay que perder de vista que según el último censo penitenciario de 2010 (Consejo Superior Penitenciario, 2011:60) los homicidas apenas alcanzaron el 20% de los reclusos, concentrándose el Sistema Penal en realidad en otro tipo de conductas menos lesivas como delitos contra la propiedad y drogas, es decir, generalmente delitos de bagatela.

  1. Los funcionalistas de izquierda: que se pierden en la política social

En una perspectiva distinta se encuentran los discursos más “progresistas” que vinculan el problema delictivo con la pobreza, con la falta de oportunidades, con problemas de tipo estructural, de allí que se priorice en el enfoque de prevención social. En este marco algunos partían del perfil de los victimarios y de las víctimas de la violencia homicida en el país, que según las Encuestas Nacionales de Victimización (ENV) (2006 y 2009), tienen tres características: hombre, joven adulto (entre 15 y 44 años) y pobre. Estos resultados, que son muy similares a los promedios mundiales (ONUDD), han sido instrumentalizados por algunos opinólogos, que tratan de reducir la complejidad del fenómeno de la violencia y de la inseguridad como un mero problema etario y de clase. Variables que si bien son importantes, por sí mismas, consideradas de manera aislada, son insuficientes (Antillano, 2016; 2012; Ávila, 2016a; Briceño, 2012b). Estos datos si no son analizados con otras variables de tipo estructural, situacional e institucional pudieran quedarse solo en la superficie.

Además, estas variables no fueron estables y presentaron diferencias entre la encuesta de 2006 y la de 2009: 1) los hombres pasaron de ocupar el 100% a un 81,13% de las víctimas; 2) en cuanto a grupo etario: a) el sector mayoritario de las víctimas, que se encontraba entre 25 y 44 años, pasó de ocupar un 62,40% a un 44,12%; b) el sector mayoritario de los victimarios, que se encontraba entre los 15 y 24 años, pasó de ocupar un 42,10% a un 23,69%; 3) en cuanto al estrato socioeconómico de las víctimas, los estratos IV y V pasaron de ocupar un 88,8% en 2006 para bajar a 83,6 (5,2 puntos menos) en 2009. Es decir, que las tres variables presentaron una tendencia a la baja.

Sin embargo, este discurso etario y de clase aún se viene repitiendo desde hace 10 años, con supuesta base en las ENV, sin considerar otras variables de tipo institucional o situacional. Estos discursos simplistas que tienen como núcleo el vínculo causa-efecto entre pobreza-violencia (en algunos casos en clave mertoniana) -que inadvertidamente pueden coincidir en ocasiones con el discurso clasista de la derecha política-, ha sido superado por la criminología crítica desde finales de los años setenta y comienzo de los ochenta del siglo pasado; cuando ésta se preocupa por analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta (Young, 1975; Lea y Young, 1993). Estas conexiones lineales entre pobreza y violencia no pueden explicar cómo países como Haití (10,2 homicidios pcmh) y Nicaragua (11,3 homicidios pcmh), que se encuentran entre los países de la región que ocupan los últimos lugares en las escalas de Índice de Desarrollo Humano y del Producto Interno Bruto (PIB), tengan tasas de homicidio muy por debajo del promedio regional (20 pcmh) (ONUDD).

No obstante, este fue precisamente el discurso del gobierno desde 1998 hasta que el Presidente Chávez dejó de estar en el poder. De esta manera, la política criminal se terminó disolviendo en la política social. Esta fue una de las grandes advertencias de Baratta (1997):una política de seguridad debe estar integrada a una política social general que la abarque. La política social no debe ser confundida con la política de seguridad, mucho menos debe criminalizarse la política social (elaboración de políticas sociales desde espacios securitarios). Este es un error común y muy seductor para enfoques pretendidamente progresistas.

La política social es general y está vinculada con el desarrollo y satisfacción directa de los derechos básicos, la política de seguridad está relacionada con los órganos armados del Estado y su monopolio de la violencia, consecuencialmente, tiene que ver con la limitación de derechos en procura de la protección de otros que se encuentren amenazados. Las políticas sociales deben ser máximas, las políticas de seguridad deben ser mínimas, pero deben existir, como espacios pacificadores y de intervención en conflictos, en especial en casos de desigualdad de poder entre las partes. La ecuación sería algo así: Estado social al máximo, Estado penal o policial mínimo, controlado, limitado, pero ese mínimo debe tener presencia y ser eficiente en el aseguramiento de los derechos.

Entonces, una política de seguridad sin una política social general que le sirva de marco no tiene sentido. Por otro lado, una política social general que no garantice la presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable en situaciones que constituyan amenazas o riesgo a su integridad física o en el disfrute de sus derechos, puede sufrir crisis internas, como en el caso venezolano (Ávila, 2015c; 2014).

A continuación se presentan algunas gráficas que respaldan estas afirmaciones y problematizan estas lecturas lineales que se hacen entre pobreza-violencia delictiva.Es de advertir que la presente es una reflexión sobre el caso venezolano que tiene sus particularidades, y no se pretende sugerir modelos de análisis para otros contextos. Para dejar claras las particularidades del caso venezolano se tomará como base los contrastes realizados por Briceño (2012b; 2012c) con dos países vecinos: Colombia y Brasil.

Primer ejemplo, las relaciones entre los homicidios y a la disminución del índice Gini en Colombia y Brasil:

GRÁFICO 8

Fuente: Briceño León (2012c)

GRÁFICO 9

Fuente: Briceño León (2012c)

Como se puede observar los gráficos 8 y 9 son congruentes con el discurso progresista convencional, en clave Estado Social, en la medida que disminuye la desigualdad, disminuyen los homicidios. Pero ¿qué sucede en Venezuela? ¿Cómo es esta relación? Es inversamente proporcional: 

GRÁFICO 10

Fuente: Briceño León (2012c)

Un segundo ejemplorelaciona el porcentaje de población que vive por debajo de la línea de pobreza con las tasas de homicidios, en la que también se puede ver un comportamiento independiente entre ambas, incluso inverso.

GRÁFICO 11

Briceño León (2012c)

El tercer y último ejemplo es la relación entre el PIB y los homicidios en Venezuela, en la medida que el primero sube, los segundos suben con él.

 GRÁFICO 12

Briceño León (2012c)

Tal como lo afirma Briceño, esto pareciera ser una particularidad del caso venezolano, en los gráficos siguientes puede apreciarse como sucede lo contrario en Brasil y Colombia, en la medida que aumenta el PIB, disminuyen los homicidios:

GRÁFICO 13

Briceño León (2012c)

GRÁFICO 14

Briceño León (2012c)

Esta evidencia empírica se constituye en un reto enorme para quienes creemos en el Estado Social, estos datos de la realidad deben conocersee interpretarse con cuidado, para no construir falacias empíricas.Ya que pudieran ser instrumentalizados para desdeñar de las políticas sociales y criminalizar proyectos políticos de transformación social. Posiblemente por hacer una lectura simplista el actual gobierno venezolano ha abandonado el enfoque social y estructural sobre la cuestión criminal, que tenía inicialmente, para concentrarse en una lógica eminentemente punitiva y represiva como la que sostiene en la actualidad.

Es muy fácil hacer una lectura sesgada, lo que habría que analizar en tal caso, es la calidad, la institucionalidad y el impacto real de las políticas sociales implementadas ¿cumplieron en el caso venezolano su cometido principal? Más allá del tema de la seguridad, el asunto radica en preguntarse si hubo una real satisfacción de necesidades de manera estructural, universal, institucionalizada, permanente, ininterrumpida, no coyuntural.

A esta pregunta parece encontrarle respuesta Antillano quien, a partir de trabajos etnográficos, explica como las políticas sociales y de redistribución parecen haber tenido un alcance limitado respecto a la inclusión de las grandes mayorías excluidas; si bien han mejorado las condiciones de vida de los grupos sociales desventajados,  paradójicamente, también pudieron haber provocado nuevas diferencias sociales intraclase entre aquellos que mejoran su grado de inclusión como resultado de las mismas (a partir del ingreso a la economía formal, al trabajo asalariado o el acceso a redes institucionales, asistenciales o políticas), y aquellos grupos que quedan relegados de todos esos beneficios. Existiendo entonces una distribución desigual en el acceso a oportunidades y otras formas de capital social. Estas brechas serían intangibles para los modos convencionales de medición de la desigualdad, en tanto surgen en el interior de una misma categoría social (en la misma clase, barrio, familia, generaciones) y por no definirse únicamente por los ingresos, indicador usado para ponderar la estratificación, sino también por la distribución asimétrica de otros capitales (sociales, políticos o culturales). Se trataría entonces de nuevas desigualdades “horizontales”, dinámicas, al interior de una misma categoría social antes homogénea, que las políticas penales contribuyen a reforzar. Estas nuevas desigualdades que debilitan la cohesión y promueven la competencia por recursos y estatus al interior de las clases populares, permitiría explicar, entre otras, la violencia intraclase que ha crecido durante estos años (Antillano, 2016; 2015).

De este modo Antillano plantea que cuando el trabajo y la economía formal ya no garantizan la inclusión de las grandes mayorías, las políticas redistributivas pierden el efecto universal que pudieron tener dentro del Estado de Bienestar o de propuestas de orden socialista. Lo que se haría más evidente en economías rentistas como la venezolana (2016:133).

Sobre esta capacidad y calidad institucional de las políticas del Estado trata un trabajo reciente de Bruni y Rodríguez (2016) en el que se vinculaprecisamente la renta petrolera con las tasas de homicidios. Este análisis es novedoso y además estimulante para comprender el fenómeno venezolano, parte de la idea que la renta se distribuye pero a su vez des-institucionaliza. Y esta desinstitucionalización tiene un mayor impacto sobre la violencia criminal que la reducción de la desigualdad y el desempleo. El argumento es que la ganancia de la renta petrolera está determinada por el mercado internacional del petróleo y no por procesos propios de los países productores, de esta manera ganancias inesperadas representan un aumento de oportunidades para diversas ilegalidades (de carácter penal o no); a la vez que se debilitanlas capacidades institucionalesy controles formales del Estado, de diversas maneras: facilitando la corrupción, mermando la gobernabilidad, entre otras… Estos temas ya los había trabajado la literatura especializada en análisis político-económicos, pero no se habían vinculado antes con las tasas de homicidio en Venezuela. Relaciones similares se han encontrado en países dependientes del petróleo como Irán, Nigeria y Rusia, sin embargo, en éstos la desigualdad sí tuvo una relación inversa con el delito (p.13-14).

GRÁFICO 15

Relación entre renta petrolera y homicidios

Fuente: Bruni y Rodríguez (2015)

Aunque en el citado trabajo vinculan este fenómeno en parte con la impunidad, esta hipótesis trasciende fácilmente al mero tema del castigo de los delitos violentos, pasa por los delitos de cuello blanco, y puede llegar fácilmente a la falta de calidad y efectividad del Estado en la satisfacción institucional de los derechos y necesidades más básicas.Por lo que este planteamiento puede compatibilizarse, complementarse, con la tesis de Antillano. Si este tipo de situaciones suceden con rentas lícitas, el escenario de lo que puede ocurrir con rentas ilícitas[19]puede ser mucho más alarmante, sin contar que en muchas ocasiones los límites entre unas y otras se hacen difusos.

Ante estos marcos de referencia es importante problematizar estos fenómenos desde una perspectiva crítica, intentando comprender la complejidad de los mismos, así como las limitaciones que las explicaciones causales pueden tener. Por otra parte, para una comprensión de los homicidios en nuestros países no deben perderse de vista tanto la consideraciónde las condiciones estructurales desde lo político y lo económico, así como el funcionamiento de las propiasinstituciones del Sistema Penal como objeto de estudio, estees el punto que se desarrollaráa continuación.

  1. LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

El acceso a las cifras delictivas en general, y de homicidios comunes en particular, es difícil, y –tal como ya se ha señalado- en los casos en los que éstas son disponibles la calidad del dato no es confiable; esta situación es mucho más crítica con los casos de violencia policial, especialmente con los homicidios cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Estas dificultades no son una particularidad de Venezuela, existen en toda la región (Del Olmo, 1990; Gabaldón, 1993; Antillano, 2010; Fondevila y Meneses, 2014; Ribeiro, Borges y Cano, 2015; Ávila, 2015a) y también en países como los Estados Unidos.[20]

Al analizar las fuentes disponibles puede apreciarse que todas indican una tendencia al aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado[21]. El caso del año 2015 es emblemático, porque este tipo de muertes aumentaron en un 88% respecto al año anterior, esto se debió a la campaña de las OLP (Ávila, 2015b; 2016a; b;c) que si bien no se les puede adjudicar a las mismas la totalidad de éstas, sí se puede afirmar que la política de respaldar este tipo de operativos militarizados, sin controles legales ni institucionales, impactó directamente en el incremento abrupto de estos casos.

Y tal como se ha afirmado con anterioridad (Ávila, 2015a) estas muertes tienen relación con los homicidios en general. Desde una perspectiva interaccionista, la actuación del aparato policial y militar influye sobre la sociedad. Es decir, que la violencia institucional también tiene un impacto directo sobre la violencia social y delictiva. Tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el aumento abrupto de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado influye en el comportamiento de los homicidios; ambos fenómenos tienen, en Venezuela, una tendencia al aumento. Así por ejemplo, en el año 2015 mientras las muertes en manos de las policías aumentaron en un 88%, loshomicidios lo hicieron en un 20%; creciendo la tasa9 puntos, la más alta de los últimos 45 años. Ese mismo año las muertes en manos de las fuerzas de seguridad ocuparon el 14% del total de las cifras de homicidios en el país.

GRÁFICO 16

Elaboración propia

 GRÁFICO 17

Elaboración propia

Como se puede apreciar en el gráfico de arriba, el porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios en Venezuela es cada vez más grande.Esta violencia institucional[22]no solamente impacta directamente en los homicidios en general, sino que además, se vuelca también contra los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado[23], cuya victimización por homicidios tampoco ha disminuido durante los últimos años.

Reflexiones finales

La política social –que debe ser lo principal y más importante- no debe significar ignorar o dejar de lado los problemas securitarios, como si estos no existiesen. En la historia reciente venezolana este factor debeser considerado. La seguridad ciudadana no estuvo en la agenda por mucho tiempo. Cuando lo estuvo se terminó diluyendo en ocasiones en el discurso de las políticas sociales. Por su parte, las políticas sociales no lograron ser efectivamente universales ni lograron la mejora estructural ni sostenible de las clases menos favorecidas. Así entonces, por mucho tiempo el enfoque sobre la cuestión securitaria se concentró retóricamente en lo social, en el tema de la inclusión, sin atender los espacios que son propiamente securitarios: las policías, el CICPC, los fiscales, los tribunales y las cárceles seguían siendo las mismas. Permanecieron inmutables a los cambios políticos e institucionales, las instituciones del Sistema Penal, que ya venían muy mal, se fueron convirtiendo en parcelas autónomas de poder respecto al propio Estado. Esto no es una novedad del actual gobierno, solo se agudizó durante éste. Por otra parte, en materia de legislativa se siguió la misma racionalidad de los gobiernos anteriores, aumento de penas, disminución de beneficios, extensión de conductas criminalizadas, etc…Todo esto se traduce en una expansión del Sistema Penal lo que hace que el mismo sea cada vez menos eficiente para garantizar los derechos de las personas, y por el contrario, hace que el propio sistema sea parte fundamental del problema, en especial con la promoción e implementación de dispositivos policiales militarizados, que operan con gran discrecionalidad y sin limitaciones legales ni formales.

Por otra parte, no se puede entender institucionalidad solo como aplicación del castigo, el Estado debe intervenir legítimamente en la conflictividad social de múltiples formas, de manera oportuna, racional, permanente e ininterrumpida, principalmente en la satisfacción de las necesidades básicas, y en lo mínimo necesario a través del control penal. Esto no debe asumirse necesariamente como un análisis funcionalista desde el punto de vista ideológico, que confunde el ámbito normativo con la sociedad, y el deber ser con el ser, que le teme a los cambios sociales y políticos; no, no debe asumirse así. Una cuestión es el funcionalismo como ideología y otra el método de análisis funcional que se utiliza para encontrar disfunciones, funciones manifiestas y funciones latentes, tal como lo planteaba Merton (1938).

Finalmente, debe tenerse en cuenta que un asunto es el momento del diseño de la política, como por ejemplo, el nuevo modelo policial, y otro es el de su implementación. Un asunto es la retórica sobre las reformas legislativas en materia penal y otra el impacto que tienen éstas sobre el sistema. La confusión permanente de ambos momentos o dimensiones, la concentración en la fase del diseño o en el momento normativo con fines eminentemente propagandísticos, seguida del abandono de la implementación y del seguimiento de la política concreta es otro asunto que debe considerarse para futuros análisis.

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VV.AA. (2015) Protocolo de Bogotá sobre calidad de datos de homicidio en América Latina y el Caribe.  Bogotá: Open Society Foundations, Laboratorio de Análisis de la Violencia –  Universidad do Estado do Rio de Janeiro, Cámara de Comercio de Bogotá, fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia de Colombia.

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Zaffaroni, E./ Alagia, A./ Slokar, A. (2007) Manual de Derecho Penal. Parte General. Segunda edición, primera reimpresión. EDIAR, Buenos Aires, Argentina.

Zaffaroni, E. (1998) En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y Dogmática Jurídico-Penal. Argentina: EDIAR.

[1] Durante 2015la inseguridad ha sido desplazada como el principal problema de los venezolanos por el desabastecimiento/escasez (81.8), para ocupar el segundo lugar (68.9) (IVAD, 2015).

[2]Tradicionalmente cuando se estudian las instituciones que conforman al Sistema Penal se piensa en las policías uniformadas o preventivas, los tribunales y la cárcel. Algunos tienen una visión más panorámica de la cuestión y consideran como parte del Sistema Penal también a otros actores,  como al legislador ylos medios de comunicación (Bergalli, 2003, Zaffaroni, 1998). En el caso venezolano, si se parte de un enfoque formal, jurídico-penal, íntimamente vinculado con el proceso penal, las instituciones que conforman al sistema serían las siguientes: las policías preventivas (en tres niveles político- territoriales: municipales, estadales y nacional), un cuerpo especializado en la investigación de delitos, llamado Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, el Ministerio Público (director de la investigación y titular de la acción penal), los tribunales penales y la cárcel (Ávila, 2014:86). A los efectos del presente análisis se tomará la visión panorámica.

[3] Los opinólogos “son personajes que, sin tener la formación académica ni técnica especializada, y sin investigaciones serias validadas por especialistas reales, emiten opiniones basadas en el sentido común, en preconcepciones y prejuicios, sobre los problemas securitarios, en los medios de comunicación. Se autodenominan «expertos» en algunos temas porque les dan declaraciones a algunos periodistas con los que tienen relaciones de amistad o empatía de alguna naturaleza. Estas ideas distorsionadas y desinformadas impiden tener una clara comprensión del fenómeno securitario y terminan influenciado de alguna manera las decisiones político criminales, agudizando así los problemas. Además, presentan cifras sin explicar la metodología empleada, ni su fuente y hacen «cálculos» y «estimaciones» que no describen el fenómeno real.

Estos «opinólogos» serían una categoría especial de los «empresarios morales» descritos por Becker (1971) y Birkbeck (2001)” (Ávila, 2015a:47).

[4]El homicidio legalmente tiene diversos tipos: simple (el que quiere matar logra su cometido, art.405), concausal (la conducta del agente que tiene la intención de matar no es suficiente para causar la muerte, para que ésta ocurra es necesaria la concurrencia de esta conducta con otra circunstancia no conocida por él, lo que termina ocasionando la muerte, art.408), preterintencional (el que con la intención de lesionar, con su conducta, causa la muerte) o preterintencional concausal (un híbrido entre las dos anteriores, art.410). Finalmente estaría el homicidio culposo en el que no existe intencionalidad de causar la muerte (art.409).

[5] Estas definiciones son importantes tenerlas en cuenta para conocer la confiabilidad, así como las limitaciones del dato del CICPC (difícil acceso; diversidad en la unidad de registro: en ocasiones son casos, en otras son víctimas, etc.). Es útil también para estar atentos a las distorsiones y manipulaciones de este tipo de fuente. El OVV, por ejemplo, estima que un 60% de los casos de resistencia a la autoridad resultan con una persona muerta y que el 95% de los casos de “averiguación muerte” se pueden catalogar como homicidios intencionales. No obstante, el propio OVV (2016) advierte que “los pesos empleados en la fórmula son arbitrarios”.

[6] La “Conferencia Regional sobre Calidad de Datos de Homicidio en América Latina y el Caribe” celebrada en Bogotá,  Colombia, entre los días 7 y 9 de septiembre de 2015, que tenía como objeto la elaboración del mencionado protocolo, contó con la participación de más de noventa personas de doce países. El perfil de los participantes incluyó miembros de instituciones de justicia criminal y de salud, de institutos de estadísticas, académicos, integrantes de la sociedad civil y organismos multilaterales (ibíd.:4).

[7] 1.          La unidad de registro debe ser la víctima.

  1. Definición de homicidio: como muerte de una persona provocada por una agresión intencional de otra(s). En este sentido, se excluyen los homicidios no intencionales, los accidentales y las tentativas de homicidio. Como puede apreciarse se trata de un concepto genérico que no depende de la legalidad o ilegalidad de los hechos. Esto favorece la comparabilidad internacional y evita la demora que resulta de esperar por la certeza de una decisión judicial (ibíd.:5).
  2. Informaciones mínimas que deben ser registradas sobre: la víctima, el hecho y el presunto victimario.
  3. Porcentajes máximos de informaciones perdidas y categorías indeterminadas.
  4. Se establece como límite máximo un 20% de discrepancia entre los dos tipos de fuente.
  5. Se propone la existencia de un mecanismo o instancia técnica que desarrolle procesos de verificación y validación de datos, en la que participen funcionarios públicos, académicos y miembros de la sociedad civil especializados en el tema, para que formulen, a partir de la identificación de inconsistencias, acciones para mejorar la calidad de la información.
  6. Divulgación de las cifras y libre acceso a la información.
  7. Periodicidad de la publicación de los datos: plazos máximos de 6 meses para los datos provenientes de registros criminales y 18 para los obtenidos a partir de certificaciones de defunción.

[8] En América Latina las cifras presentan un aumento constante desde hace décadas: “los niveles de homicidios en la región, por ejemplo, ascendieron a 44% durante un período de 10 años entre 1984 y 1994. Consecuencialmente, en la mitad de los países de América Latina y el Caribe los homicidios son la segunda causa principal de muerte para la población entre las edades de 15 y 25 años. Un informe (…) del Banco Mundial [del año 2001] divulgó que cada año son asesinados 140.000 latinoamericanos. La extensión de esta violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad en la región” (Tulchin/Garig, 2003:13-14).

[9]“Las muertes por homicidios y suicidios que para 1955 se ubicaba en el lugar 16 de las causas de muerte en el país, pasa al sexto lugar en 1993. La tasa promedio anual de homicidios para el quinquenio 1975-1979 fue de 9,13 por cada 100.000 habitantes, para 1980-1984 de 12,1, de 10,7 para 1985-1989 y de 19 para 1990-1994, es decir, casi el doble que en el quinquenio anterior” (Briceño, 1997:198). Este sostenido aumento de la criminalidad violenta se acelera en las últimas décadas. Así por ejemplo, en 1990, de los delitos registrados 13% eran contra las personas, mientras que los homicidios sumaban 1%; diez años más tarde –en el año 2000-, los delitos cometidos contra las personas llegaron a 21,8 %, es decir, casi el doble que en la década anterior, en tanto que los homicidios sumaron 3,4 %. De todo lo anterior, lo importante es destacar que los homicidios, han quintuplicado su ocurrencia nacional en los últimos 35 años, ya que su tasa en 1981 fue de 11 homicidios pcmh, y en 2016 es de 58 (Sanjuán, 2003:121. Actualización de datos propia).

[10] Es importante advertir que la serie que va desde 1970 a 2015 está calculada sobre el total del número de casos y no sobre el total del número de víctimas que es la información que, hasta 2011, estaba disponible. A partir de 2011 en un esfuerzo que la administración ha venido llevando para la mejora de la calidad de sus datos se lleva a parte el conteo del número de víctimas, que es el cálculo que se presenta en el gráfico con las líneas punteadas, lo que se acerca de una manera más fehaciente al fenómeno y se encuentra en sintonía con la propuesta del Protocolo de Bogotá. A todo evento las tendencias entre ambos cálculos son las mismas.

[11]En Chile yNicaragua, al igual que Venezuela, a pesar de las diferencias ambas series evolucionan paralelamente. En Perú, en cambio, si bien la diferencia entre las dos series crece con el tiempo (lo que también sucede en Venezuela), en este caso el cambio es más brusco. Un caso inverso es el de Paraguay en el que las diferencias entre ambas series disminuyen con el tiempo(Ribeiro, Borges y Cano, 2015).

[12] En Venezuela existe una hipertrofia policial, es decir, un crecimiento acelerado y desmedido de la institución policial. Desde el año 2006, a partir del proceso llevado a cabo por la CONAREPOL, el número de todas las policías preventivas (en los 3 niveles político territoriales) se ha incrementado considerablemente. Ya desde el año 2007 el país se encontraba por encima de los estándares internacionales de tasa de encuadramiento policial (429 policías pcmh) (Antillano, 2014). Del año 2006 se pasó de un total de 114.463 funcionarios policiales (Sanjuan, 2012) a más de 140.000 para mediados del año 2015 (Bernal, 2015).  Esto significa que el pie de fuerza policial ha tenido un crecimiento aproximado de 22,3% en los últimos 9 años, incrementándose la tasa de encuadramiento policial 28 puntos más; para llegar a 457 policías pcmh, 107 puntos por encima del estándar internacional. El caso de la PNB es emblemático, con apenas seis años de creación ha alcanzado (según información oficial) un número aproximado de 14.739 funcionarios. En tal caso lo que pudiera existir es un problema de efectiva distribución sobre el territorio (Ávila, 2015a:43-44).

[13]Antillano comenta que las políticas punitivistas ya no se presentan como exclusivas de gobiernos neoliberales, sino que parecieran responder a condiciones de otro orden e independientes del proyecto político o ideológico al que se adscriba determinado gobierno, “sino que responden a la nueva organización social que emerge de las ruinas de la sociedad industrial del trabajo, que si bien puede encontrar en el neoliberalismo su gramática más transparente, permea incluso los viejos programas revolucionarios.” “En el caso de Venezuela, a pesar de la distancia que se marca del proyecto neoliberal, con el pasar de los años las políticas y la retórica dominante parece converger con las políticas de mano dura promovidas por gobiernos conservadores y sus centros ideológicos.” “En suma, estrategias y discursos “progresistas” y “punitivos” no se excluyen, sino que parecen coexistir como complementarios” “Para el caso de Venezuela, las políticas hacia los pobres operarían en una suerte de bifurcación que oscilaría entre las estrategias de inclusión social y las estrategias de control penal, que terminan complementándose” (2016:124,136,131-133).

[14] Sobre las OLP y el cambio de las políticas securitarias del gobierno venezolano ver Ávila (2015b, 2016a, 2016b, 2016c).

[15] El funcionalismo es el gran referente de los modelos sociológicos del equilibrio y del consenso, donde el conflicto, el cambio y la diversidad son considerados como amenazas para el sistema social. En las ciencias sociales pudiera tomarse como génesis de esta corriente al discípulo más conservador y reaccionario de Saint-Simon, August Comte, para quien la Revolución Francesa era un episodio caótico que debía ser dejado atrás para construir una nueva sociedad de orden y progreso, concebida como un organismo armónico, donde el ser humano es visto como un sujeto-órgano que más que derechos tiene deberes. Esta visión conservadora de la sociedad es refinada más adelante por Durkheim, para quien los valores, las normas y el derecho son el “cemento” de la sociedad, es lo que la mantiene unida. Este bloque valorativo sería el reflejo más acabado de lo que es la “conciencia colectiva”. Basado en estas ideas Durkheim explica su concepto de “anomia”. Según este autor en las sociedades capitalistas modernas, las normas y los valores tradicionales se ven socavados sin ser reemplazados por otros. Existe anomia cuando no hay unas normas claras que guíen el comportamiento en una determinada área de la vida social. “La anomia, en efecto, da nacimiento a un estado de exasperación y de cansancio inusitado, que puede, según las circunstancias, volverse contra el sujeto mismo o contra otro; en el primer caso hay suicidio, y en el segundo, homicidio” (Durkheim, 1897). Hace ya casi 120 años este autor concebía al delito como consecuencia de la crisis de los valores, de las normas y de las instituciones; camino que seguirán más adelante, con un mayor nivel de elaboración, pero partiendo de la misma base ideológica conservadora, Parsons y Luhmann  (Ávila, 2010). Estos esquemas han sido superados en las ciencias sociales por otros enfoques tales como el socioconstruccionismo, la sociología del conflicto, entre otros.

[16] Pacto de gobernabilidad entre los principales partidos socialdemócratas y socialcristianos que ejercieron el poder en Venezuela durante cuatro décadas.

* Es importante tener en cuenta la advertencia realizada en el GRÁFICO 1 respecto a que la serie que va desde 1970 a 2015 está calculada sobre el total de casos y no de víctimas; a partir de 2011 el cálculo está basado en cantidad de víctimas. A todo evento las tendencias entre ambos cálculos son las mismas.

[17] Días después de las elecciones ocurre uno de los mayores desastres naturales que ha sufrido el país: la tragedia de Vargas. Conjunto de deslaves e inundaciones acaecidos en las costas caribeñas de Venezuela, de las cuales las más afectadas fueron las del Estado Vargas, lo que ocasionó la muerte de miles de personas, así como miles de desplazados y damnificados.

[18] Actualización de datos propia. Es de advertir que en estas cifras no se incluye a los detenidos en retenes o calabozos policiales, cuyo número -según el Defensor del Pueblo- para mayo de 2016 llegaba a 22.759 personas detenidas en estos recintos. Esta cifra coincide con las proyecciones del Observatorio Venezolano de Prisiones (Saab, 2016; Lugo, 2016). Esto significa que la población de personas privadas de libertad es mayor de la que arriba se refleja.

[19] En los últimos años las rentas ilícitas se han diversificado más allá de las drogas: divisas extranjeras, contrabando de bienes de primera necesidad (alimentos, medicinas, cosméticos y productos de higiene personal), combustible (Antillano, 2016; Briceño y Camardiel, 2015), mercado inmobiliario y de la construcción, etc.

[20]En Estados Unidos la calidad de los datos sobre el número de personas que la policía mata anualmente es de poca calidad; la policía mata a muchas más personas que sus pares de otros países; la discriminación racial parece ser uno de los principales factores para este tipo de victimización; los policías casi nunca son procesados y condenados por estos hechos (Lopez, 2016).

[21] La única fuente que presenta una leve tendencia a la baja es la del MPPS hasta el año 2012 (Ávila, 2015a:44). También se observangrandes diferencias entre el MPPPS y PROVEA, así por ejemplo, los datos del MPPS de los años 2002 y 2004 superan las cifras de la ONG por más del doble. Mención especial merecenlas cifras del MP cuyas cifras superan, a su vez, en más del doble a las del MPPS; mientras que las del CICPC en ocasiones pueden rebasarlas entre cuatro y hasta nueve veces.

[22]A las muertes aludidas, hay que sumarles el incremento de las tasas de encarcelamiento ya explicadas, así como las detenciones masivas, que durante el año 2015 producto de las OLP aumentaron un 494% respecto al año anterior; y un 144% sobre el promedio general de detenciones masivas registradas desde 1999 por PROVEA (2016). Todos estos son indicadores del incremento de la violencia institucional en el país.

[23] Estas ideas no solamente las encontramos germinalmente en la obra pionera de Del Olmo (1990) y en nuestra investigación sobre la victimización por homicidio de los funcionarios de los cuerpos de seguridad en el Área Metropolitana de Caracas (2015a), además la hemos madurado y reflexionado con el Profesor Andrés Antillano quien recientemente ha planteado el debate públicamente: https://www.youtube.com/watch?v=PtnOZgoNOng