THE IRREGULAR WARFARE OF ACTORS AND AGENTS OF THE ARMED CONFLICTS IN COLOMBIA

GUERRAS IRREGULARES DOS ATORES E AGENTES DOS CONFLITOS NA COLÔMBIA

El presente artículo muestra en su primera parte cómo, desde los orígenes del país, han existido movimientos irregulares armados como consecuencia de la violencia endémica que ha afrontado Colombia desde su independencia, y las transformaciones que estos han tenido en su historia, hasta convertirse en las guerrillas cuyo objetivo se orientaba hacia la toma del poder por la vía de las armas. Así mismo, se reseña la evolución de las organizaciones criminales denominadas BACRIM, como derivación de las autodefensas transformadas posteriormente en paramilitares, luego de los procesos asumidos de la Ley de Justicia y Paz del 2006, que facilitó su desmovilización, y las bases jurídicas y políticas que las originaron y favorecieron su desarrollo, posibilitando que se convirtieran en movimientos armados partícipes del conflicto interno colombiano, disputándoles militarmente el poder local y regional a las organizaciones guerrilleras, mientras ejercían simultáneamente las conductas delictivas que subyacían en su razón de ser criminal.

En este contexto, y en la medida en que paralelamente con el Estado las BACRIM combatían a los movimientos subversivos, consideraron que sus actuaciones tenían una finalidad política, por lo tanto se les analiza como posibles agentes susceptibles de ser sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en tanto grupos armados generadores y partícipes de conflictos armados internos (CANI), buscando determinar si  cumplen con los parámetros establecidos por la  Cruz Roja Internacional (CICR), y las consecuencias políticas y legales de dicha valoración.

PALABRAS CLAVE

Derecho Internacional Humanitario, paramilitarismo, bandas criminales, BACRIM, Comité Internacional Cruz Roja (CICR), evolución bandolerismo en Colombia, conflicto armado colombiano, guerra de guerrillas en Colombia.

The present essay in its first part shows succinctly how since the country’s origins there have been irregular armed movements as a consequence of the endemic violence that Colombia has faced since its Independence, and the transformations that these have had in their history, until becoming guerrillas whose objective was oriented toward the seizure of power by means of arms, before assuming the negotiations that led to their demobilization. Similarly, the evolution of the criminal organizations called BACRIMs, referred to a derivation of the self-defense groups that were later transformed into paramilitaries, after the processes adopted in the “Justice and Peace Law” of 2006, which facilitated their demobilization and their legal and political bases that gave rise to them and favored their development, enabling them to become armed movements participating in the Colombian internal conflict, insofar as they disputed local and regional power, confronting guerrilla organizations militarily while simultaneously exercising the criminal conduct that underlies their criminal reason for being.

In this context, these organizations, fighting in parallel with the State against the subversive movements, who came to consider their actions with a political purpose, they are analyzed from the perspective of possible agents who could be subjects of International Humanitarian Law (DIH), as armed groups generating and participating in internal armed conflicts (CANI), seeking to establish and define whether they meet the verification parameters, according to what is established by The International Committee of the Red Cross (CICR), and the political and legal consequences of such assessment.

KEY WORDS

International Humanitarian Law, paramilitarism, criminal gangs, BACRIM, International Committee of the Red Cross (ICRC), evolution of banditry in Colombia, Colombian armed conflict, guerrilla warfare in Colombia.

Este artigo mostra em sua primeira parte como, desde as origens do país, existiram movimentos irregulares armados como consequência da violência endêmica que a Colômbia enfrentou desde a sua independência e as transformações que estas tiveram em sua história, até se tornarem os guerrilheiros cujo objetivo era orientado para a apreensão do poder por meio de armas. Da mesma forma, descreve-se a evolução das organizações criminosas denominadas BACRIM, como derivação das autodefesas posteriormente transformadas em paramilitares, após os processos assumidos da Lei da Justiça e da Paz de 2006, que facilitou sua desmobilização e as bases jurídicas e políticas que eles originaram e favoreciam o seu desenvolvimento, permitindo-lhes se tornarem movimentos armados que participam do conflito interno colombiano, contestando militarmente o poder local e regional das organizações guerrilheiras, ao mesmo tempo em que exercem as condutas criminosas que subjazem a sua razão de ser criminal.

Neste contexto, e na medida em que, em paralelo com o Estado, o BACRIM estava lutando contra os movimentos subversivos, consideravam que suas ações tinham um propósito político, portanto, são analisadas como possíveis agentes capazes de serem sujeitos do Direito Internacional Humanitário (DIH)), como grupos armados que geram e participam de conflitos armados internos (CANI), buscando determinar se eles atendem os parâmetros estabelecidos pela Cruz Vermelha Internacional (CICV) e as consequências políticas e jurídicas dessa avaliação.

 PALAVRAS-CHAVE Direito Internacional Humanitário, paramilitares, gangues criminosas, Bacrim, Comité Internacional Cruz Roja (CICR), evolução bandolerismo na Colômbia, conflito armado colombiano, guerrilha na Colômbia.

KEY WORDS:  International Humanitarian Law, paramilitarism, criminal gangs, BACRIM, International Committee of the Red Cross (ICRC), evolution of banditry in Colombia, Colombian armed conflict, guerrilla warfare in Colombia.

PALABRAS CLAVE:  Derecho Internacional Humanitario, paramilitarismo, bandas criminales, BACRIM, Comité Internacional Cruz Roja (CICR), evolución bandolerismo en Colombia, conflicto armado colombiano, guerra de guerrillas en Colombia.

PALAVRAS-CHAVE:  Direito Internacional Humanitário, paramilitares, gangues criminosas, Bacrim, Comité Internacional Cruz Roja (CICR), evolução bandolerismo na Colômbia, conflito armado colombiano, guerrilha na Colômbia.

Fecha de recepción: 3 de abril de 2017

Fecha de revisión: 24 de mayo de 2017

Fecha de aceptación: 13 de junio de 2017

Víctor Hugo Mendoza Tovar
[email protected]

Administrador de sistemas e informática egresado de la Universidad Santo Tomas de Aquino – Colombia, MBA en Administración y Dirección de Empresas Universidad Camilo José Cela – España, con diploma de estudios en Terreno Europeo en Derechos Humanos por el Instituto Berg y Alfonso X el sabio, y Magister en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Escuela Superior de Guerra – Colombia

* Artículo de investigación que presenta la evolución de las BACRIM y la continuidad de las guerras irregulares en Colombia.

INTRODUCCIÓN:

Colombia es un país que durante gran parte de su historia ha afrontado una serie de conflictos armados, que han desembocado en guerras civiles o han mantenido diversas y constantes formas de manifestación de la violencia, ya manifiesta, ya latente, en especial en las áreas rurales, que desde los años cincuenta del siglo pasado provocó el desplazamiento de más de la octava parte de su población, situación que de nuevo se repitió a finales del siglo XX, y comienzos del XXI, entre otros factores, porque la instauración de la violencia por parte de los actores armados ha tenido la intencionalidad de posibilitar el despojo de las tierras al campesinado, encubriendo dicha expoliación con aparentes razones políticas (Medina, 2009).

El presente artículo tiene como objetivo mostrar que, en Colombia, la lucha armada expresada en la guerra irregular o de guerrillas, no es una forma nueva de asumir el conflicto armado, sino que ha hecho y hace parte de su historial bélico como una forma de afrontar la guerra o de conducirla para enfrentar la asimetría de fuerzas; constituyéndose en una forma especial de hacer la guerra para enfrentar al enemigo y/o para sobrevivirlo, con una visión política de mediano o largo plazo de reemplazarlo en el poder. Por lo tanto se muestra cómo en los albores de la Independencia, la lucha guerrillera se opuso a los esfuerzos independentistas de los criollos, de la misma manera que facilitó y contribuyó al esfuerzo de guerra para facilitar la creación de los ejércitos libertadores; y también, cómo la lucha guerrillera se convirtió en un recurso armado complementario táctico en la manera de asumir las nueve o doce guerras y revueltas civiles intestinas que ocurrido en el territorio colombiano, en sus dos siglos de existencia republicana.

A partir de allí se presentan diversos ejemplos que, a través de nuestra historia, permiten apreciar la formación y empleo de fuerzas irregulares en las luchas internas del país, por parte de los grupos políticos y económicos en conflicto. Es posible apreciar que, en consecuencia, se ha generado una mentalidad en sus dirigentes (y en quienes se oponen a su mandatos, en el caso de la confrontación revolucionaria) proclive a crear y hacer uso de grupos armados legales e ilegales, con la finalidad de garantizar y facilitar sus relaciones de poder y dominación sobre la población, y la obtención de sus objetivos políticos y económicos mediante la vía armada. En este contexto se procede, finalmente, a evaluar cómo su accionar bélico podría ser visto por la legislación internacional, en el caso específico del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en lo concerniente a su accionar y participación en los conflictos armados internos, de acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949 y en su Protocolo Adicional II de 1977, regulados por el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional (CIRR).

  1. HISTORIAL DE LA GUERRA IRREGULAR INTERNA EN COLOMBIA

Desde su independencia, en 1810, Colombia ha padecido una situación de conflicto interno permanente. En 1811, a solo a un año de declararse libre del yugo español, ya se estaban enfrentando en el país, por la vía de las armas, dos visiones contrarias respecto a cómo concebían la distribución territorial del poder y lo que esta representaba para los intereses políticos y económicos de las élites. Los centralistas y federalistas se enfrascaron en una permanente guerra interna que no sólo empobreció y desangró a la nación en ciernes, sino que además facilitó la reconquista. Valencia reseña en su libro “La Justicia de las armas”, que el país desde su independencia tuvo once guerras civiles nacionales entre 1811 y 1958 (1993, p. 25). Por su parte, Pardo, va más allá de la anterior afirmación señalando que: “Decir que la guerra ha estado presente en muchas etapas de la historia colombiana no es una afirmación precisa, pues lo más adecuado sería decir que es con la guerra como se ha formado el país” (2004, p. 43).

Pardo al recopilar el historial de los conflictos bélicos que ha afrontado la nación, en su libro la Historia de las guerras (Martínez, 2010), plantea que:

La vida independiente de la República estuvo signada por las confrontaciones. Nueve guerras civiles de alcance nacional ocurrieron en el siglo XIX, además de no menos de setenta revueltas, alzamientos, golpes, pronunciamientos y confrontaciones de alcance parcial. La mitad de los años del siglo XIX se vivió en algún tipo de guerra. Pardo (2004, p. 43).

El autor advierte que en el siglo XX, “Colombia estuvo en guerra sesenta de los cien años”, incluyendo dos conflictos internacionales, el de “la Guerra con el Perú en 1932 y la participación de fuerzas militares colombianas en Corea en 1950 y 1951” (Pardo, 2004, p. 44), a las cuales añade:

La guerra que involucra a las guerrillas izquierdistas. Por si fuera poco, a su guerra se superpuso una más, declarada por traficantes de drogas ilícitas contra el Estado colombiano, más de la mitad de los años de su historia, media vida, ha tenido guerras la República de Colombia (Pardo, 2004, p. 44).

La visión de Pardo sobre el conflicto interno colombiano es interesante, dado que no surge desde la perspectiva del historiador o el investigador social, sino a partir del funcionario público y del político al que le han correspondido asumir distintas funciones relacionadas con el manejo y resolución del conflicto interno, entre ellas la dirección del Plan Nacional de Rehabilitación, Consejero Presidencial para la Paz, y ministro de Defensa Nacional.

Las guerras civiles en Colombia, mencionadas por Pardo y Valencia, fueron confrontaciones de carácter partidista, en las que se enfrentaron más que las visiones ideológicas sobre la forma cómo se debía constituir políticamente la nación, la manera en las que las emergentes élites dirigentes creían y concebían debía distribuirse y compartirse el poder local y regional. En esa medida, quienes tomaron las armas, además de hacer uso de los ejércitos existentes en sus localidades, aportaban sus propios y personales contingentes armados con los que contaban en sus haciendas. De acuerdo con las condiciones de la lucha, mientras las estrategias de guerra se orientaban a establecer la dominación territorial derivada del enfrentamiento frontal de los ejércitos, la táctica se apoyaba en hostigarlos, ralentizar su avance y desmoralizarlos mediante la lucha de guerrillas, que en su mayoría estaban constituidas por milicias locales dirigidas por líderes militares y habitantes de la región.

El empleo de fuerzas irregulares, entendidas estas como movimientos guerrilleros, históricamente se remontan a las luchas partisanas de los de sectores de la población española y portuguesa contra los ejércitos de Napoleón (1808-1812), en donde Parker cita a Pelet, oficial del Estado mayor Francés quien manifiesta que la guerrilla trataba de destruirlos “al por menor, atacando pequeños destacamentos, masacrando a hombres enfermos y aislados, destruyendo convoyes y secuestrando mensajeros”; siendo este tipo de lucha irregular de tal tipo que “Los guerrilleros españoles no daban cuartel a los franceses que caían en sus manos, y las tropas francesas replicaron con represalias brutales” Parker (2014, p. 211). Del mismo modo, el movimiento guerrillero en el Tirol alcanzó las dimensiones de “guerra popular” contra los ejércitos franceses y las fuerzas bávaras, y la relevante oposición guerrillera del campesinado ruso (que a pesar de la servidumbre a la que estaba sometido luchó movido por su patriotismo) al avance de la Grande Armée napoleónica que invadía la Rusia zarista en 1812, y la de los irregulares “streifkorps”, en Alemania central enfrentado el avance francés atacando exitosamente su retaguardia, en 1813.

En el conflicto colombiano la guerra irregular ha sido una constante como un medio de apoyar la guerra de posiciones de los ejércitos rivales, o de evitar su posicionamiento, expansión y dominio territorial, cuando no existía un ejército regular que enfrentara a los opositores, tal y como sucedió con las guerrillas del Llano que adelantaron diversas campañas militares, mientras se constituía el ejército libertador que debía cruzar la cordillera para enfrentar a los ejércitos españoles en 1819.

El empleo de grupos irregulares que contribuían al esfuerzo de la guerra asumida por los intereses partidistas, de acuerdo con Von der Heydte (1987, p. 3), se constituyen, no

(…) sólo como una manera de conducir la guerra, pero en otros casos, como un tipo especial de guerra, en el que al menos una de las partes en guerra emplea ciertos métodos con todo el poderío de que dispone con el objetivo de desgatar al enemigo y desgastarlo internamente de tal forma, que a la larga, a resultas del debilitamiento progresivo no sólo de sus fuerzas físicas sino también psicológicas sea incapaz de una clara voluntad política y militar, y por eso incapaz de actuar. Ahí es donde encontramos la guerra irregular como tipo de guerra, y no como una mera manera de conducirla; en ciertas circunstancias una guerra convencional limitada puede convertirse en una manera excepcional de conducir la guerra: la conducción de la guerra irregular. Von der Heydte (1987, p. 3).

La recién constituida Nueva Granada -1810- en su afán de afianzar la independencia afrontó las acometidas de las guerrillas del sur, identificadas con la Corona española. Cuando las ciudades confederadas del Valle del Cauca, en noviembre de 1810, pidieron ayuda a Santa Fe para combatir contra el gobernador de Popayán, enfrentaron no solo a las tropas españolas, sino también a las guerrillas patianas. Pardo (2004, p.94) reseña que: “mientras los patriotas dominaban Pasto, las guerrillas pro realistas patianas unificadas y bajo el mando del criollo José Paz intentaron tomarse Popayán”; al fracasar en su intento, “las guerrillas del Patía dirigieron su esfuerzo hacía la recuperación de Pasto, que cayó de nuevo en manos realistas el 20 de mayo de 1812”; de hecho, las guerrillas patianas se constituyeron en fuertes adversarios de los ejércitos patriotas en las diferentes ocasiones en que intentaron liberar el sur de la Nueva Granada.

Los ejércitos libertadores también hicieron empleo de las tácticas propias de la guerrilla, Pardo cita a Thibaud (2003, p. 295) quien reseña que los comandantes patriotas Piar y Mariño “lograron reemprender la guerrilla asegurándose el apoyo de los patriotas locales”. Igual reseña que “los llanos de Venezuela fueron refugio de varias partidas irregulares de jinetes armados con largas lanzas, que llegaban a juntar hasta mil hombres y mantenían a las tropas españolas fuera de la región” (Pardo, 2004, p. 133). Posteriormente, y en la medida en que el Ejército Libertador se fue estructurando y contó con mayores recursos, las milicias se fueron organizando y formalizando: “Desde Angostura se empezaron a regularizar las fuerzas que formaban las distintas partidas y mesnadas llaneras y se inició el reclutamiento de nuevos contingentes” Pardo (2004, p. 135) cita a Thibaud (2003, p. 322) quien en su obra “Republicas en armas” reseña la composición de los ejércitos bolivarianos durante las guerras de Independencia.

En los permanentes conflictos armados que durante el siglo XIX se gestaron en el país, las guerrillas continuaron siendo una forma de hacer la guerra, a manera de ejemplos, se cita a Cordovez quien en sus “Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá” resalta las actividades bélicas irregulares de Juan Gregorio Sarria, comandando las guerrillas timbianas, durante la Guerra Civil de 1840 – 1842:

Era pues, Sarria un hombre muy estimable, cuando vivía en paz, y otro muy distinto cuando dejaba de ser ciudadano pacífico para meterse a guerrillero. Entonces creía, sin duda que el hombre debía dejar de ser hombre para convertirse en una fiera, y en efecto, él cometía en aquellas circunstancias cuanta abominación era imaginable…Tenía una suma astucia para prevenir las celadas y ardides del enemigo, la de aquella suspicacia que es el talento del hábil guerrillero (Cordovez, 1978, p. 76)

Cordovez en los años 1854, se refiere al coronel José María Ardila quien:

Con otros compañeros formó la guerrilla que más atormentó a Melo en la Sabana. Sentó sus reales entre el “Hato”, Chipaque y Soacha, de donde caía como una tempestad sobre las fuerzas del dictador, cuando las tenía a su alcance…Alguien le dijo al gobernador [Beriñas] que el guerrillero y su gente habían huido al páramo de Usme, porque no se creían fuertes para batirse con las fuerzas melistas. Beriñas cayó en el lazo [trampa] y se dirigió hacia el sur por el camino que conduce a Yomasa; pero, en el momento menos esperado, Ardila y sus terribles guerrilleros salieron de los barrancos como brotados de la tierra y les dieron tal paliza a los dictatoriales, que les rompieron las astas de las lanzas en las costillas de los que no huyeron (Cordovez, 1978, p.p. 242 y 243).

Siguiendo con la ilustración del empleó de las guerrillas como medio para continuar la guerra, o sobrevivir al conflicto armado mientras mejoraban las condiciones de constituir nuevos ejércitos, para enfrentar al gobierno de turno, es interesante tener en cuenta la narración que del guerrillero conservador Roman Carranza, hiciera Cordovez (1861), refiriendo que éste “formó su guerrilla con un personal escogido de los distritos de Tibirita, Manta, Machetá y otras poblaciones del estado de Boyacá”, dando continuidad a sus desmanes, fusilando a los liberales de la región, aunque estos no hubieran tomado parte activa en la guerra, o acusados de ser espías. Sus dominios se extendieron por el nordeste de Cundinamarca, desde Chocontá hasta la región de Soatama en Boyacá, región en la que sólo permitió que vivieran conservadores (Cordovez, 1978, p. 334). Cuando finalmente fue capturado, manifestó su satisfacción por haber logrado vengar la muerte de su hermano Miguel, asesinando, en su decir, a 600 enemigos políticos. Al ser detenido se le exigió la entrega de sus dineros, respondiendo que todo su capital consistía en cien cóndores (moneda en circulación), manifestando a continuación que: “se me acusa de ladrón, pero en esto se me calumnia, mi guerrilla la he sostenido con la venta de una estancia de mi propiedad y con algunos recursos que recibía de los conservadores” (Cordovez, 1978, p. 340).

González analiza los escenarios geográficos de la guerra de guerrillas durante la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902). A la guerra regular de los que denomina “los generales caballeros” que combatían al mando de ejércitos regulares (1968, p.155) que desembocó al final en sucesivas derrotas liberales, señala la existencia de movimientos guerrilleros que igual eran participes del conflicto partidista. González señala que, en 1901, el jefe liberal Uribe Uribe, ante la imposibilidad de ganar la guerra, procedió a desautorizar la lucha guerrillera. Citando a Bergquist (1968, p. 156) retoma las consideraciones y prevenciones que sobre la guerrilla tenía la dirigencia política y sus motivos para descalificarla: “La guerra de guerrillas socavaba el control político de la clase alta sobre la población campesina independiente, lo que condujo a los dirigentes a buscar una salida negociada por la amenaza de una movilización popular autónoma”; además de que su actuar afectaba la economía, y “en lo político, contribuía a fortalecer el poder político de los sectores más intransigentes y antireformistas del partido conservador” (González, 1968, p. 156).

La formación de grupos guerrilleros de tendencia liberal durante la Guerra de los Mil Días y su actividad militar en el interior del país, en especial sobre las regiones de frontera agrícola, posibilitó que, paralelamente, desarrollaran actividades de colonización que luego desembocarían en los conflictos agrarios de los años veinte, contribuyendo posteriormente a establecer los espacios en donde de nuevo el conflicto partidista provocaría la Violencia de los años cincuenta, que causaría cerca de 200.000 muertos y el desplazamiento de la octava parte de la población colombiana. De allí Oquist enuncia que “las migraciones masivas de la Violencia obedecen principalmente a factores económicos en general, y al desalojo del campesinado en particular (1978, p. 84).

La Violencia de la dictadura conservadora expresada en la política de “sangre y fuego” fue respondida por los guerrilleros de los Llanos Orientales, quienes encabezaron un movimiento de “defensa del pueblo liberal” cuya “expresión política más notable fue la defensa intransigente de un ideario liberal cuyo significado era apenas vagamente captado por los miles de colombianos que empuñaron las armas en su nombre” Santos (1976, p. 8). La insurgencia llanera estuvo constituida por la peonada, capataces, colonos y algunos hacendados, entre ellos, Franco Isaza, quien recopiló su experiencia en “Las Guerrillas del Llano” (1954), constituyéndose para Santos en “un testimonio singularmente valioso sobre el comportamiento del pueblo y de los jefes liberales durante esta fundamental coyuntura histórica (1948-53)” (Santos, 1976, p. 9), mostrando cómo fueron utilizados y abandonados por las directivas del partido.

Sin mover un dedo prohombres y patriarcas liberales esperaban en las ciudades o en el exterior, a que la rebelión tomara cuerpo para poder sentarse a negociarla con el gobierno. O para jugar al golpe militar como lo hicieron en 1949 contra Ospina Pérez, complot que no se llevó a cabo pero que dio lugar al alzamiento del comandante de la base de Apiay en Villavicencio, capitán Silva a quien no le notificaron la cancelación de los planes. De este momento en adelante, hasta el golpe militar de Rojas Pinilla, recibido con alborozo por las directivas liberales, estas se dedicaron a manipular a las guerrillas como elemento de presión sobre el gobierno; de la misma manera como utilizaron a las masas liberales de Bogotá el 9 de abril, para conciliar con Ospina (Santos, 1976, p.9).

La actitud de la dirigencia liberal ante las Guerrillas del Llano, que “llegaron a convertirse en el único problema serio de la dictadura conservadora”, se expresó en la “circunspecta oposición de buenas maneras de la jerarquía liberal, hasta el punto de que la prensa de este partido llegó a aceptar y promulgar el vocabulario oficial, que hablaba del guerrillero como bandolero” Santos (1976, p. 9); añade Santos, 1976, que: “de haber contado con el apoyo del partido, ese inmenso movimiento de resistencia armada hubiera podido derrocar en poco tiempo a la dictadura, evitando así el enorme y prolongado sacrificio de vidas que desató la violencia gubernamental” (p.9). Plantea Santos que la conducta de la dirigencia liberal de traicionar a las guerrillas liberales se basó en:

El temor de que la insurgencia del pueblo liberal organizado se les saliera de las manos. Era la no tan equivocada intuición de que en el corazón de los movimientos guerrilleros latía un potencial revolucionario que podía transformarlos eventualmente en algo distinto. Porque como lo consignó Alfonso López Pumarejo en una interesante carta a Ospina Pérez, “detrás de las guerrillas camina la revolución social” (Santos, 1976, p. 9) En el prólogo de las Isaza, (1954).

Mientras el llano fue “pacificado” tras ser sometido a la administración militar, se inició un paulatino proceso de eliminación de sus dirigentes, es así como:

Se decretó la cacería de los jefes guerrilleros más destacados (Guadalupe, Aljure, etc.) que fueron eventualmente asesinados por el ejército o la policía. Simultáneamente, en el sur del Tolima, las guerrillas dirigidas por el Partido Comunista comprendieron la trampa que significaba una entrega en estas condiciones. Se impartió la consigna de la autodefensa: no entregar las armas, proteger la guerrilla en las zonas en donde era fuerte, esperar los resultados de la paz anunciada a todo timbal por la prensa liberal y proclamada en los volantes que arrojaban los aviones militares. Aviones que poco después, estarían descargando bombas sobre estas mismas zonas. Los nuevos pacificadores no tardaron en mostrar sus verdaderas intenciones de someter también a sangre y fuego, todo cuestionamiento popular del nuevo régimen. Vino la guerra de Villarrica. Santos (1976, p.11)

Pero la guerrilla comunista, apoyada en una mira política diferente, en una brújula ideológica más sólida, supo resistir esta y todas las demás ofensivas militares que, como la guerra de Marquetalia, desató y sigue desatando la clase dominante con la asesoría directa del Pentágono. Estos destacamentos armados se agruparon primero en el Bloque guerrillero del Sur, y posteriormente, hacia 1964 en Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que junto con el ELN y el reducto golpeado pero presente del EPL, representan un importante factor de garantías para las amplias masas. Santos (1976, p. 11 y 12).

La amnistía a los grupos alzados en armas, durante el gobierno de Rojas Pinilla (1953) facilitó la reinserción de sectores de la población comprometidos con la lucha guerrillera; sin embargo, la represión militar sobre las regiones de influencia comunista implicó que la violencia renaciera (Oquist, 1978, p. 17). La instauración del modelo de gobierno bipartidista del Frente Nacional, en 1958, implicó que los grupos armados que habían estado al servicio de los políticos liberales y conservadores, en su lucha por el poder local y regional, perdieran su respaldo o aprovecharan los márgenes de independencia alcanzados, para continuar sus luchas dando origen a la denominada “violencia tardía” del Frente Nacional, en donde fueron comunes los conflictos agrarios, las luchas no partidistas por el control del poder local y las rivalidades derivadas de sus luchas intestinas, que derivaron en el bandolerismo, y en la formación de movimientos guerrilleros.

Hobsbawn (1968), planteó que la Violencia entre los años 1949 y 1953, “degeneró en una guerra civil que afectó aproximadamente a la mitad de la superficie del país y a la mayoría de su población”, donde la Violencia se caracterizó por ser

un fenómeno totalmente rural, aunque en uno o dos casos (como sucede en los departamentos de Valle y Caldas) sus orígenes fuesen urbanos, y algunos tipos de pistoleros reaccionarios o del gobierno –“los pájaros” permaneciesen en las ciudades, de los que nos da cuenta la utilización de transporte motorizado (p. 225)

La Violencia de los años 1949 -1953, “Representa lo que constituye probablemente la mayor movilización armada de campesinos (ya sea como guerrilleros, bandoleros o grupos de autodefensa) en la historia reciente del hemisferio occidental, con la posible excepción de determinados periodos de la Revolución mexicana” (Hobsbawn, 1968, p. 226).

Durante el Frente Nacional hicieron su aparición los movimientos guerrilleros, la guerrilla comunista se desarrolló a partir de las autodefensas agrarias de los años cincuenta, la cual se manifiesta paralelamente con el denominado “bandolerismo político”. La Comisión de Estudios sobre la violencia (1987), definió tres fases de desarrollo de la guerrilla, una primera que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), las dos primeras fundadas en principios foquistas tenían un origen urbano, mientras que las FARC mantuvieron su esencia campesina; la segunda fase se caracterizó por el retroceso de las organizaciones guerrilleras, en parte como consecuencia de las divisiones internas, y de la represión militar. La tercera etapa corresponde a la formación de los grupos guerrilleros de “segunda generación” tales como “el Quintín Lame, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Patria Libre, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)” Comisión de Estudios (1987, p.46), en tanto que el inicialmente urbano Movimiento 19 de Abril, M19, surge como consecuencia de la perdida de las elecciones presidenciales de la ANAPO, en 1970.

Posteriormente, el M19 firmó el Acuerdo de Paz el 9 de Marzo de 1990, logrando que se convocara a una Asamblea Constituyente que promulgaría la Constitución de 1991;  lo mismo harían el EPL el 15 de febrero de 1991, mientras que la mayoría de sus integrantes constituyeron el partido político “Esperanza, Paz y Libertad”, un grupo disidente se mantuvo en la vida armada, convirtiéndose más tarde en promotores de bandas del narcotráfico. Finalmente, el Quintín Lame firmaría la paz el 6 de marzo de 1991. Las FARC, las Auto Defensas Obreras, ADO, y frentes del ELN, mediante los acuerdos políticos alcanzados en 1985 con el gobierno de Belisario Betancourt, en 1985, dieron paso a la organización partidista Unión Patriótica, la cual al poco tiempo de participar en la vida política del país, empezó a ser diezmada por el accionar violento de sectores de la derecha en alianza con militares, narcotraficantes y paramilitares, quienes fueron responsables del asesinato selectivo de su dirigencia y de cerca de 5.000 militantes, siendo catalogados y reconocidos dichos crímenes como de Lesa Humanidad. La demanda interpuesta en 1993, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permitió reconocer que si bien, los hechos sucedidos y presentados tenían muchas características propias del genocidio, los mismos no “se ajustaban a la definición jurídica actual del delito de genocidio consignada en el derecho internacional” razón por lo cual no reconocía el genocidio mismo (CID Informe No. 5/97, Caso 11.27).

Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, el narcotráfico, además de contribuir a la expansión de los grupos armados ilegales, se convirtió en un componente fundamental de su accionar, tanto por ser su fuente de recursos para sostener y mantener sus estructuras militares y el esfuerzo de guerra, como por ser la razón y el sentido de su conformación criminal. En el caso de las FARC, el cobro del gramaje sobre la producción, el impuesto por permitir su producción y garantizar la seguridad en las zonas cocaleras, además de los cargos de haberse convertido en productora y exportadora directa, que le posibilitó una valiosa fuente de recursos condujo a la deslegitimización de su discurso político, y en consecuencia, a su intencionada criminalización por parte del Estado, justificando con esto, que las fuerzas armadas integraran en su persecución, la lucha antisubversiva con la guerra contra el narcotráfico, asumiendo la confrontación como un problema de seguridad nacional.

La indiscriminada represión militar del Estado a las regiones cocaleras, con limitada inversión social compensatoria, junto con la aplicación intensiva de los programas de fumigación contra los cultivos ilícitos, en cumplimiento de los acuerdos internacionales adquiridos por el gobierno nacional, condujeron a la mayor movilización campesina en la historia del país. Cultivadores de los departamentos de Bolívar, Caquetá, Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Putumayo, según fuentes oficiales presionados por la guerrilla, generaron diversos paros y movilizaciones contra la fumigación de sus cultivos.

  1. Los Movimiento Irregulares de Carácter no político (Criminal)

El gobierno colombiano, desde los años cincuenta, época en la cual se presentó la escalada del conflicto armado partidista de la Violencia, que desembocó una década después en la conformación de guerrillas izquierdistas, se ha cuidado de reconocer la existencia de un conflicto armado interno. Dicha postura política se ha sustentado, en especial respecto a la existencia de la insurgencia de tipo político, como en el caso de la guerrilla, con el fin de evitar que esta pudiera ser cobijada por el Estatuto de Beligerancia determinado por el DIH, en los términos del Derecho de la Haya y sus Protocolos adicionales de 1977. Esto buscó evitar que, en el marco de la denominada guerra fría, los grupos insurgentes pudieran recibir el reconocimiento internacional de países afines a las ideologías con las cuales los movimientos guerrilleros se identificaban, dado que esto finalmente podría conducir a la internacionalización del conflicto, y a la injerencia de otros actores armados.

El DIH, en el Protocolo II de Ginebra (1977) reconoce la existencia del conflicto armado interno, en donde se enfrentan las fuerzas armadas del Estado con uno o varios grupos armados identificables entre sí, con un mando responsable, que realizan operaciones militares sostenida y concertadas, con una cierta intensidad y prolongación en el tiempo, y mantienen un control territorial. El DIH determina, en consecuencia, obligaciones reciprocas, o por lo menos para una de las partes contratantes (el Estado).

Es interesante señalar que en el caso colombiano, la representación diplomática participante de la Conferencia de 1997, mediante la cual se originaron los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, cuestionó los principios anteriormente anotados, de tal modo que intentó que se estableciera una enmienda en la que: “la calificación de las condiciones previstas anteriormente correspondía al Estado en el cual se desarrollaba el conflicto”, absteniéndose la delegación colombiana de votar el artículo sometido a su consideración.

Más tarde, la delegación de Colombia se vio en la obligación de retirarla sus planteamientos, en atención a las solicitudes del represente del CICR y del presidente de la Conferencia (Antecedentes a la Aprobación de los Protocolos I y II Adicionales a los Convenios de Ginebra, 1997, p. p. 193 a 195).

A partir de la vigencia de los Protocolos I y II, la regulación convencional de los CANI se encuentra en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en su Protocolo Adicional II de 1977. El artículo 1 de este instrumento delimita la noción de conflicto armado no internacional a aquellos conflictos:

  1. “[…] que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo” (Protocolo II,1977).

En gran parte, y como consecuencia de la ausencia y debilidad del Estado en su capacidad de gobernabilidad, sectores empresariales, económicos y políticos, muchos de ellos igualmente vinculados con el narcotráfico, promovieron la creación de organizaciones de seguridad privada, con la finalidad de contar legalmente con sistemas especiales de protección. De esta manera se legalizaron y crearon las Cooperativas de Vigilancia y seguridad privada, CONVIVIR, (Ley 356 de 1994), destinadas a la defensa de las propiedades de los hacendados y terratenientes, expuestos a las amenazas de la guerrilla. Como era de esperarse, dichas cooperativas al operar en las zonas en donde el orden público era crítico y con poca presencia de la fuerza pública, terminaron colaborando con las fuerzas armadas en la denominada lucha contrainsurgente, convirtiéndose en agentes paraestatales, a los cuales se les sindicó y comprobó múltiples atropellos contra la población civil y consecuente violaciones de los derechos humanos.

Las CONVIVIR, creadas aparentemente como entidades de autodefensa en las regiones agrarias, terminaron convirtiéndose en organizaciones al servicio del paramilitarismo, al cual encubrían en su accionar militar, dándole apariencias de legalidad en sus actuaciones. Ante la demanda de ilegalidad de la Ley 356 de 1994, que dio origen a las CONVIVIR, la Corte Constitucional, determinó su exequibilidad, considerando que las mismas “No desplaza ni sustituye actividad de defensa y seguridad de las Fuerzas Armadas” y teniendo en cuenta que:

Las autoridades colombianas fueron instituidas para brindar protección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Por lo tanto, garantizar la seguridad para la vida y los bienes de las personas es un deber primordial del Estado. Ello no impide que bajo ciertas condiciones, y siempre bajo la vigilancia y control del Estado, la seguridad sea prestada por servicios de seguridad y vigilancia a cargo de particulares. Corte Constitucional (2004) Sentencia C-995/04.

Las organizaciones paramilitares creadas con la connivencia y el apoyo económico de sectores empresariales de las regiones agrarias, y la participación de agentes estatales, entre estos de las fuerzas armadas, se constituyeron en la evolución de las organizaciones de autodefensa promovidas por la extrema derecha colombiana, participe del conflicto interno. Su función político y militar fue la de confrontar por las armas a las guerrillas de las FARC, ELN, y EPL, y a los sectores de población civil que en su criterio apoyaban a dichas organizaciones como la Unión Patriótica, organizaciones sindicales y comunitarios; siendo en consecuencia, con las estrategias de terror implementadas, responsables del desplazamiento forzado de las poblaciones en donde ejercieron su actuar criminal, ofreciendo según sus declaraciones seguridad para los inversionistas del agro. El narcotráfico se convirtió en una de sus mayores fuentes de recursos,

Luego, las autodefensas fueron consideradas por las Fuerzas Armadas como:

Agente generador de violencia, constituyen uno de los flagelos que atentan gravemente contra la seguridad interior, especialmente contra la vida y la seguridad interior, en regiones afectadas por la subversión y apartadas de los centros vitales del país. Las FFAA conciben a las AUC, como un actor generador de violencia, más cercano a la delincuencia organizada, por cuanto representan la expresión de los grupos de justicia privada. Fuerzas Armadas de Colombia (2003). El objetivo principal de esta organización criminal es enfrentar política y “militarmente” a la subversión armada, y disputar con esta, el control territorial de las áreas estratégicas que facilitan las actividades ilícitas conexas con el narcotráfico y el tráfico de armas. Inicialmente las AUC fueron financiadas por personas y grupos con intereses económicos en las zonas en donde delinque la subversión. Posteriormente el narcotráfico pasó a ser como lo es para la guerrilla, el combustible que le permite subsistir (Fuerzas Armadas de Colombia, 2003, p.p. 2 y 3).

El narcotráfico se convirtió en una de sus mayores fuentes de recursos de las AUC, junto con el secuestro y la extorsión; su aparente proyecto político estaba orientado a dotar de una fachada legal y justificar su accionar de violencia, atacando a la subversión. Según la Vicepresidencia de la República de Colombia:

Los grupos de autodefensa se remontan a los primeros años de la década de 1980, cuando las organizaciones de narcotraficantes promovieron y financiaron las autodefensas del Magdalena medio. El modelo desarrollado entonces en esta región pronto comenzó a exportarse a otros lugares del país. Con la muerte de los principales narcotraficantes se produjeron fisuras y divisiones en el interior de estas organizaciones. A mediados de la década de los noventa los grupos de autodefensa se organizaron en dos grandes bloques con una coordinación centralizada de líderes regionales, para contrarrestar a la subversión. Vicepresidencia de la República (2000, p. 2).

En la medida en que las AUC requerían tener una representación política que legitimara sus actuaciones criminales, en la perspectiva de asumir una posible amnistía y conversión en movimiento político, dado el apoyo social con el que llegaron a contar en las regiones que disputaba con los grupos subversivos, procedió a mostrar que su lucha contra la insurgencia justificaba la viabilidad del reconocimiento de un estatus político.  En contraposición a esta visión alternativa, que justificaba sus actuaciones, muchas de las cuales habían sido realizadas en complicidad con agentes del Estado, y de la acción y/u omisión de la misma fuerza pública, el informe “Panorama de los grupos de Autodefensa” (2000) de la Vicepresidencia de la República, señala que: “Sin embargo, hoy en día, han asumido otras formas de actuar…y han tratado de mostrar un esbozo de proyecto político” (Vicepresidencia de la República, 2000, p. 13), sintetizando que: “En los últimos años se ha notado que las autodefensas hacen cada vez mayores esfuerzos por presentarse como una fuerza nacional, con un mando único y responsable, lo cual es más bien una estrategia para mostrarse como una organización política” (p.14).

Durante el primer gobierno de Uribe Vélez, teniendo como base jurídica la Ley 782 de 2002, que permitió prorrogar la vigencia de la Ley 418 de 1997, a su vez prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, con el propósito de “promover la paz y la reconciliación, la convivencia pacífica y lograr la paz”, se legalizaron los actos tendientes a facilitar los acercamientos con los grupos armados al margen de la ley, que pudieran dar solución al conflicto armado, cesar las hostilidades, con la efectiva aplicación del DIH, y el respeto a los derechos humanos, el sometimiento de sus miembros, y su reincorporación a la vida civil, con la verificación de las instancias nacionales e internacionales pertinentes (Ley 782 de 2002). Se estableció el Marco del Proceso de Justicia y Paz, y en cumplimiento del Acuerdo de Ralito, 34 grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia procedieron a desmovilizarse a partir del 25 de noviembre de 2003 y hasta el 15 de agosto de 2006.

De acuerdo con los informes oficiales se logró la desmovilización de 31.671 integrantes de los grupos irregulares. Entre las organizaciones desmovilizadas se destacaron en su orden, el bloque Central Bolívar (6.348 desmovilizados), el bloque Norte (4.760 desmovilizados), el bloque Mineros (2.780 desmovilizados), el bloque Héroes de Granada (2.033 desmovilizados) y el bloque Elmer Cárdenas (1.538 desmovilizados), de acuerdo con el Informe de Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2007).

Según fuentes oficiales, desde mediados del 2002 e inicios del 2010, se había logrado la desmovilización de 52.403 alzados en armas, de las cuales 31.671 pertenecían a grupos paramilitares, quienes depusieron las armas colectivamente, y de 20.732 miembros de organizaciones guerrilleras u otros grupos paramilitares, los cuales se desmovilizaron individualmente. Por otra parte, Según fuentes de la Policía Nacional, entre el 2001 y el 2009 habían sido capturados de nuevo 5.890 desmovilizados y se habían dado de baja a 2.210. Posteriormente, se descubriría que algunas de las desmovilizaciones habían sido un montaje de funcionarios del Estado y las Fuerzas Armadas, para demostrar la eficiencia de la propuesta de Justicia y Paz, y las bondades del programa de desmovilización.

Una vez finalizado el proceso de desmovilización de las Autodefensas, y como consecuencia de la extradición de parte de sus dirigentes político militares a los Estados Unidos, en donde fueron juzgados y condenados a prisión, parte de los integrantes de estas organizaciones armadas fuera de la ley, volvieron a integrarse a sus antiguas organizaciones delictivas, crearon o fusionaron nuevos grupos armados, a las cuales se les denominó bandas criminales emergentes, a los cuales se les denominó BACRIM, las cuales continuaron actuando en los anteriores territorios en los que habían ejercido las autodefensas, como organizaciones militares ilegales fundadas en las actividades del narcotráfico,

Según Álvarez (2015) las “Bandas Criminales son estructuras narcomilitares surgidas después de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- que ocuparon los espacios de ilegalidad que éstas dejaron” (2015, p. 33); al caracterizar a las Bacrim, Álvarez manifiesta que “se trata de estructuras más pequeñas, dinámicas, con capacidad de camuflarse en la población, que utilizan una combinación de economías legales e ilegales, terrorismo de baja intensidad e infiltración de las administraciones locales para alcanzar sus objetivos económicos – criminales” (2015, p. 33 y 34).

Álvarez (2015) cita que la Comisión Nacional de Reparación (CNRR) en el 2007 definió una tipología que permitía “explicar la naturaleza de estas bandas criminales”; es así como de acuerdo con su surgimiento y conformación se pueden establecer tres tipos de Bacrim:

“disidentes, rearmados y emergentes”, en donde los “disidentes” son las organizaciones criminales que siendo de las AUC no asumieron los procesos de desmovilización definidos en los Acuerdos de Ralito. Como “rearmados” se categorizan a los desmovilizados y sus grupos criminales que de nuevo volvieron a asumir su anterior vida ilegal, al “rearmarse y removilizarse”, y finalmente, “los grupos emergentes”, son las organizaciones de carácter criminal de delincuencia común, dedicadas al narcotráfico, que desarrollan sus actividades ilegales en centros urbanos. Estas organizaciones ya existían y en general estaban al servicio de las organizaciones paramilitares y/o fueron creadas luego de las desmovilizaciones, para aprovechar los vacíos de poder territorial dejados por las organizaciones desmovilizadas (Comisión Nacional de Reparación, 2007).

Álvarez (2015, p. 35) cita a Bello Montes (2009) quien en su análisis “Posconflicto en Colombia: una análisis del homicidio después del proceso de desmovilización de los grupos de autodefensa”, señala que la aparición de las Bacrim determinó la transformación del fenómeno de la criminalidad, dado que “mientras las AUC se caracterizaron por ser estructuras militares con una jerarquía de mandos definida, y confederadas, las Bacrim son grupos de crimen organizado dedicados especial, aunque no exclusivamente, al tráfico de drogas, la minería ilícita y a la extorsión” (Bello Montes, 2009, p. 165).

Massé (2015), advierte sobre la necesidad de matizar la evolución y transformaciones que han tenido las Bacrim, teniendo en cuenta “las estructuras que las conforman, sus modos de operar, y el control territorial que han logrado ejercer, en comparación con las desmovilizadas autodefensas” (p. 17). Las conclusiones a las que se lleguen, señala Massé, tienen incidencias “operativas, políticas y jurídicas. De su caracterización y naturaleza dependen las entidades [y estrategias] para combatirlas…el debate sobre la naturaleza de los nuevos grupos ha tenido también implicaciones sobre cómo definirlos con base en los estándares legales, nacionales e internacionales” (2015, p. 18).

Massé señala que las “continuidades entre los paramilitares y las Bacrim son obvias, la herencia paramilitar de las Bacrim se mantienen”, aunque “no todo es idéntico, la filiación de eses estructuras anteriores, es a la vez clara y reconocida”, lo cual no genera polémica alguna, y para sustentar esto cita a Granada, Restrepo, Tobón (2009) y Human Rights Watch (2010). Massé (2015, p. 19).

Massé manifiesta que dadas las contingencias militares y legales que han afrontado las Bacrim, estas han tendido a perder su “ADN” paramilitar; la disminución de su componente paramilitar ha llevado a que estas hayan asumido una mayor presencia urbana, “donde ejercen control sobre las economías ilegales, sin que hayan dejado de mantener su presencia en las zonas rurales, para proteger el control sobre los corredores estratégicos para el tráfico de drogas”, generando en sus actuaciones delictivas “desplazamientos forzados, masacres, asesinatos selectivos, presionando a la población civil y a los empresarios de las zonas en donde delinquen” (2015, p. 19).

Massé, 2015, concluye que en su criterio, y a partir de los análisis de los investigadores de las conductas y desarrollos del paramilitarismo y las Bacrim, estas ya no son organizaciones que tengan como finalidad combatir a la contrainsurgencia, y por lo tanto, no son parte de sus objetivos luchar contra la guerrilla, que a través de su evolución ilegal han dejado de ser organizaciones paramilitares, y que en esta medida, sus vínculos y “relaciones con la Fuerza Pública, con los sectores políticos y los actores económicos ya no son los mismos” (p. 20).

Por otra parte, subraya Massé (2015) las Bacrim han definido como estrategia no hacerse visibles, y ser discretos en sus operaciones:

Las Bacrim quieren que nos olvidemos de ellas, no quieren visibilidad y no buscan escándalos. Tal vez porque son muy conscientes de que sería bastante ilusorio lograr el mismo nivel de interlocución política del que gozaban los grupos paramilitares hace quince años, y que al final, una proyección mediático política no les generaría tantos beneficios como en el pasado (…) Lo cierto es que hoy en día, las Bacrim buscan confundirse o coexistir con el entorno y la población sin realmente transformarlo, lógica característica y fuerte constante de los grupos mafiosos. (Arlacchi, 1983; Gambetta, 1993) citados por Massé (2015, p. 27).

De todo lo anterior se puede concluir que, las Bacrim, al dejar de ser partícipes del conflicto armado interno, como lo pretendían ser los paramilitares, que combatían a sus adversarios, los insurgentes políticos, terminaron convirtiéndose en grupos criminales propios de la delincuencia común, aunque mantengan las mismas conductas ilegales de sus antecesores.

 

CONCLUSIONES:

La existencia de organizaciones y movimientos armados irregulares en Colombia se puede rastrear desde la época misma de la Conquista, dado que su presencia posibilitaba el sometimiento y dominación a las comunidades indígenas, a la vez que permitía garantizar la seguridad de los conquistadores, en proceso de colonización; estos grupos eran una extensión personalizada del poder de la Corona y facilitaban la apropiación y explotación de la tierra conquistada y el ejercicio punitivo contra los indígenas (y luego esclavos negros) renuentes a someterse.

Desde la Colonia misma se posibilitó que los nuevos propietarios de tierras pudieran disponer de armas y organizarse en defensa de sus intereses económicos, la formación de grupos armados, además de garantizar la seguridad de los territorios posibilitó continuar con el proceso de conquista, expansión y apropiación territorial; de hecho, su contribución económica y armada se premiaba con los recursos y bienes quitados a los conquistados. Las empresas cuyos fines eran la exploración y la conquista se basaron en la formación de organizaciones armadas, disponer de las mismas se convirtió, desde entonces, en un signo de poder y reconocimiento político y social. Su aporte y empleo armado para enfrentar a los movimientos independentistas o para confrontarlos permitió su reconocimiento, y en el trasfondo tenía un interés económico y de ejercicio del poder local instituido y representado por sus dirigentes.

Las luchas de guerrillas con un carácter político se enmarcaron inicialmente en las guerras partidistas y tienen su origen en los inicios mismos de la Independencia; las guerrillas con una clara connotación clasista tienen sus raíces en la Violencia que azotó al país en los años cincuenta; su desarrollo se generó en los años sesenta y se mantiene actualmente, con distintos enfoques y concepciones políticas. El paramilitarismo en connivencia con sectores de las Fuerzas Armadas fue la respuesta de los terratenientes a los avances de las guerrillas marxistas; su posterior conversión en organizaciones criminales, estuvo mediada por el narcotráfico en el que subyacía su poder económico y territorial. El sometimiento de sectores paramilitares a los procesos de justicia y paz, implicó el surgimiento y/o evolución de los grupos criminales los cuales reorientaron su accionar y los fines de su actividad delictiva, buscando evitar la confrontación con los agentes del Estado, sus antiguos aliados en la confrontación con las guerrillas que igual, asumieron negociar y asumir nuevos y definitivos procesos y acuerdos de Paz y reintegración política y social. El ejercicio de la guerra históricamente es el responsable de la creación de grupos armados irregulares confrontando los poderes que la generaban; la paz en un marco de justicia social y económica pareciera que podría contribuir a su definitiva y esperada desaparición.

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