Operações de Libertação do Povo (OLP): entre ausências e excessos do sistema criminal na Venezuela

Keymer Ávila**

Correo electrónico: [email protected]

10 de octubre de 2016

15 de octubre de 2017

17 de enero de 2017

RESUMEN:

El artículo analiza los operativos policiales en Venezuela como política de seguridad ciudadana, tomando a los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) como objeto de estudio. Se describen los contextos que le sirven de caldo de cultivo, se devela su racionalidad ideológica y discursiva, se evalúa su efectividad en la disminución de la violencia delictiva, sus implicaciones en materia de derechos humanos, así como sus funcionalidades para el ejercicio arbitrario del poder.

RESUMO:

O artigo analisa as operações policiais na Venezuela como uma política de segurança dos cidadãos, levando os Operadores de Libertação do Povo (OLP) como objeto de estudo. Os contextos que servem de base são descritos, a sua racionalidade ideológica e discursiva é revelada, sua eficácia na redução da violência criminal é avaliada, suas implicações em matéria de direitos humanos, bem como suas funcionalidades para o exercício arbitrário do poder.

Palabras clave:Operativos policiales, OLP, ejecuciones extrajudiciales, ajusticiamientos, policía, política criminal.

Palavras-chave: Operações policiais, OLP, execuções extrajudiciais, execuções, policía, políticas criminais.

 

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es el resultado de la revisión, sistematización y corrección de una serie de planteamientos que se generaron a partir del mes julio de 2015 cuando se iniciaron las conocidas OLP[1]. Es necesario advertir que éstos tienen su origen más en la preocupación por los derechos, las garantías constitucionales y la integridad de las personas, que en la pretendida asepsia del investigador. El objetivo es analizar la política que promueve operativos policiales militarizados como las OLP. Con ello se pretende ofrecer ideas que contribuyan al fortalecimiento de una política pública de seguridad respetuosa de los derechos humanos (DDHH) y eficiente en su garantía. Además, de brindar herramientas analíticas para legitimar los necesarios límites que debe tener el sistema penal.

La investigación es de carácter documental y de naturaleza crítico-evaluativa. La fuente principal de información fueron los medios de comunicación, tanto impresos (nacionales y regionales) como digitales[2]. En los casos en los que existía información oficial ésta era priorizada ante cualquier otra fuente. Entre las informaciones oficiales destacan los informes anuales de gestión, así como declaraciones públicas de autoridades, comunicados y mensajes en redes sociales. En el caso de las OLP se hizo seguimiento de aproximadamente 103 operaciones de 143 que habían sido ejecutadas hasta la fecha de su primer aniversario.[3]

  1. ¿QUÉ SON LAS OLP?

 

Desde que se iniciaron las OLP el 13 de julio de 2015[4] no se ha publicado documento oficial alguno donde se definan claramente sus objetivos y alcances, como una gaceta oficial, una presentación escrita en alguna página web o algún otro documento. Tampoco se conocen protocolos de actuación para su funcionamiento (Comisión Interamericana de DDHH –CIDH-, 2016). Hasta ahora lo que existen son múltiples declaraciones y videos propagandísticos.[5] Ante esto ¿cómo pudiera conceptualizarse, entonces, según ese discurso oficial, a las OLP?

Las OLP son, como la primera palabra lo indica, operaciones, procedimientos llevados a cabo por distintos cuerpos de seguridad que actúan de manera conjunta, específicamente: Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en los que los grupos “especiales” o “tácticos” de los mismos tienen un rol protagónico.[6] Su objetivo inicial es “liberar” “áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales, quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”.[7] Este fue el discurso inicial con el que fue presentada la OLP, el cual fue variando, no siempre fue coherente, y hasta en algunas ocasiones intentaron darle un matiz preventivo y de reinserción[8].

Operativos de este tipo no son novedosos en el país, la profesora Hernández (1989, 1986) hace unas tres décadas estudió este fenómeno. Del Olmo (1990) también hizo una aproximación a los mismos. Por estos trabajos puede recordarse, por ejemplo, cómo el 30 de enero de 1965 se realizó el llamado Operativo Oriente; el 28 de septiembre de 1970 se llevó a cabo la Operación Vanguardia; el 14 de febrero de 1981 el Plan Unión, que seguiría con otros nombres durante años.[9]

Actualmente, como resultado de las reformas impulsadas por la Comisión Nacional de Reforma Policial (CONAREPOL) del año 2006, se denomina normativamente a este tipo de actividades como procedimientos policiales. Posiblemente el cambio de la palabra operativo por procedimiento tuvo como intención intentar marcar distancia, superar la cultura policial de los operativos que había sido cuestionada tanto en materia de derechos humanos (DDHH) como por su poca efectividad. Esta nueva terminología se encuentra en la Gaceta Oficial (G.O.) N° 39.433 del 28 de mayo de 2010, que contiene las Normas relativas a los procedimientos policiales ordinarios y extraordinarios. Éstas toman como criterio para distinguir entre dos distintos tipos de operativos el grado de complejidad[10] de las situaciones que deben abordar los mismos. Es así como en su artículo 2 establecen dos grandes clasificaciones:

  1. a) Los procedimientos policiales ordinarios: Son actuaciones cotidianas, sistemáticas y coordinadas realizadas por los funcionarios policiales, que se ejecutan en situaciones de baja complejidad, para preservar un ambiente de paz y tranquilidad en el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas.
  2. b) Los procedimientos policiales extraordinarios: Son actuaciones eventuales, sistemáticas y coordinadas realizadas por los funcionarios policiales, que requieren una mayor atención y especialización, ya que traspasa las propias capacidades, habilidades y competencias, obligando así, la intervención coordinada de varios organismos de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley. Igualmente son los procedimientos policiales extraordinarios, todos aquellos que se producen en situaciones de eventos multitudinarios, desastre o emergencia, donde la capacidad de respuesta de los organismos de atención primaria son sobrepasadas (sic).

 

Estas normas tienen un total de 11 artículos que consagran una serie de principios apegados el nuevo modelo policial venezolano que, al menos en el diseño y en lo normativo, es considerado de avanzada en materia de DDHH. De estas normas interesan para el presente análisis cuatro puntos: 1) cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y respeto a los DDHH (artículo 3); 2)  el carácter civil de la seguridad ciudadana (artículo 4); 3) el tratamiento especial a personas o grupos vulnerables (artículo 7); 4) sólo se procederá a la aprehensión de personas en virtud de una orden judicial, o aquellas que sean sorprendidas en flagrancia (artículo 8). En el desarrollo de este texto, axiológicamente se considerará si las OLP cumplieron o no con estos parámetros. Pero más allá de lo normativo-conceptual el objetivo de este trabajo es aproximarse al análisis del fenómeno en su dimensión fáctica.

Para ello se toman como base los planteamientos de la tesis doctoral de Hernández de 1989 intitulada Del mal necesario al bien indeseable: operativos y delincuencia en Venezuela (1958-1986), donde analizaba los operativos de los últimos 30 años, concluyendo que los mismos

aumentan el cometimiento de delitos por parte de la policía ya que sin lugar a dudas este tipo de plan represivo permite y fomenta la extralimitación policial en la ocasión de realizar estas funciones. Puede preverse que la continua puesta en práctica de operativos implican al policía en una situación de permanente stress, en donde la violencia ilegítima insurge como reacción normal haciendo que pierdan de vista las limitaciones legales que le son impuestas. En esos momentos hasta la muerte del otro le es permitido en aras de acabar con la delincuencia ya que se puede desplazar la justificación social que valida la muerte de atracadores in fraganti para aquellas situaciones en las cuales matan a cualquier persona”.

 

En este mismo sentido, Del Olmo (1990) destacaba cómo usualmente estas intervenciones se hacían en comisión de varios funcionarios, de diversos cuerpos, con lo cual la posibilidad de determinar responsabilidades se dificulta.

La OLP pareciera ser, entonces, la continuidad de los operativos anteriormente señalados, al igual que otros como Caracas segura, Dispositivo Bicentenario de Seguridad  (DIBISE) o Madrugonazo al hampa (Antillano, 2014), con la diferencia que este último posiblemente esté dejando mayores saldos de fallecidos y de detenciones masivas. A continuación se presentará el contexto en el que surgen estas OLP para luego analizar las distintas aristas de este fenómeno.

 

  1. CONTEXTOS COMO CALDO DE CULTIVO

    • Los excesos y las ausencias

El Sistema Penal venezolano[11] es como un péndulo en constante movimiento que va entre las ausencias y los excesos, puede detenerse un tiempo en cualquiera de estos dos extremos, pero casi nunca lo hace en el justo medio. Ese justo medio es la intervención del Estado acorde a las normas, proporcional, oportuna, permanente, es decir, institucionalizada.

Este problema estructural que subyace en nuestros sistemas penales no es reciente, era advertido desde mediados de los ochenta por las autoras ya citadas, así como por Aniyar (1987); pero también desde otras latitudes lo denunciaban Bergalli (1982), Zaffaroni (1998), Baratta (1998), entre otros. Estos autores explicaban claramente cómo los sistemas penales latinoamericanos se caracterizan, entre otras cosas, por la disparidad respecto a los discursos jurídico-penales y su realidad operativa; el descontrol del sistema, las patéticas condiciones de la vida carcelaria, la prisión preventiva como casi único castigo, la violencia policial normalizada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, el terrorismo de Estado, y un largo etcétera, que denotan el predominio de un «sistema penal subterráneo». Sin embargo, hay opinólogos[12] que legitiman este estado de cosas y sueñan con la “guerra en contra de la delincuencia”, que en la práctica se traduce en excesos, en una guerra contra los pobres y la violación masiva y sistemática de sus derechos.

Pero, por otra parte, también hay ausencias de la presencia legítima del Estado. La gente ante la violencia delictiva siente una gran sensación de vulnerabilidad y desamparo (Datanalisis, 2014; IVAD, 2015). Este planteamiento también lo sostiene Antillano (2015), según ésa ausencia institucional legítima la termina supliendo otros tipos de grupos armados:

Pueden ser grupos de policías, colectivos, malandros, que controlan la situación en el barrio. Al mismo tiempo, lo que también ha ocurrido es que la violencia, el delito, que había venido siendo un delito intraclases, ahora se vuelve más pernicioso y termina victimizando de forma más cruda a los vecinos. Entonces, es un imperativo del Estado recuperar el control institucional sobre esas áreas, porque si no se verá seriamente cuestionado (Antillano 2015).

Lo que plantea Antillano es que no se trata de que el Estado no esté presente o se haya replegado como tanto se señala en los medios[13], porque la policía es parte del Estado y está presente en muchos de estos territorios, el asunto es lo qué hace la policía de manera violenta e ilegal en esos espacios.[14]

El asunto, entonces, es la forma en la que el Estado debe tener y ejercer el control. Erradamente la OLP intentó ser la forma de tener un control estatal de determinados espacios durante la campaña por las elecciones parlamentarias de 2015.

  • Situación de la violencia actual: los homicidios y las armas de fuego

Venezuela tiene una de las mayores tasas de homicidio del mundo, la Fiscal General informó que para 2015 la cifra fue de 58 por cien mil habitantes (pcmh) (Ministerio Público, 2016:45). Las cifras resultan alarmantes cuando se contrastan con la tasa mundial que para el año 2012 había sido estimada por la ONU en 6,2 (ONUDD, 2013); en este mismo sentido, la OMS estima que una tasa de 10 puede considerarse ya como una epidemia. Es importante tener en cuenta que la tendencia de los homicidios en América Latina y el Caribe durante la última década también ha sido creciente (PNUD, 2013). En el caso venezolano, la tendencia en el aumento de los homicidios ha sido progresiva durante los últimos 60 años (Briceño et al., 1997, 2009, 2012; Sanjuán, 1997, 2003, 2013).

Según el CICPC un 90,5% de los casos de homicidios son consecuencia del uso de armas de fuego (Fernández y Tabares, 2013). Esto significa que la disponibilidad de armas para abordar el problema de la violencia delictiva es una variable fundamental. Investigadores como Bandeira (2006; 2011) afirman que una de las principales fuentes del mercado ilegal de armas son las provienen de los particulares y de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, que en un principio tuvieron circulación legal.

 

  • El discurso y la política oficial

Durante la era del chavismo, al menos hasta la muerte del Presidente Chávez, el discurso con enfoque social para abordar el problema de inseguridad fue el dominante. A partir de ese momento el discurso gubernamental cambió a uno de tipo más punitivo, muy próximo ideológicamente al de sus adversarios.

La primera etapa

La retórica de algunos opinólogos de izquierda tradicional, pretendidamente progresista, traza un vínculo causa-efecto entre pobreza-violencia, que inadvertidamente puede coincidir en ocasiones con el discurso clasista de la derecha más conservadora, y parecieran sugerir que el Estado sólo debe intervenir socialmente. Esta idea, junto a la visión romántica e idealizada del delincuente, ha sido superada por la criminología crítica desde finales de los años setenta del siglo pasado, cuando se encargó de analizar, comprender e incidir en la política criminal concreta (Young, 1975; Lea y Young, 1993). Desde ese tiempo se tiene conciencia que los más afectados por el problema de la violencia y la inseguridad son los más pobres y que se tiene que hacer algo al respecto.

Las conexiones simplistas entre pobreza y violencia no pueden explicar cómo países como Haití (10,2 homicidios pcmh) y Nicaragua (11,3 homicidios pcmh), que se encuentran entre los países de la región que ocupan los últimos lugares en las escalas de IDH y del PIB, tengan tasas de homicidio muy por debajo del promedio regional (20 pcmh) (ONUDD).

El caso más emblemático del diseño de una política concreta de esta primera etapa es el de la CONAREPOL. En un contexto de campaña electoral similar –y en esto hay alguna semejanza con el 2015-, ocurrieron varios casos emblemáticos: el asesinato de los hermanos Faddoul, del empresario Sindoni y la masacre de Kennedy. Éstos fueron tomados por la oposición para movilizar a sus seguidores y la inseguridad se posicionó en los primeros lugares de la agenda pública. ¿Qué hizo el gobierno para responder en el terreno de las percepciones, en el campo mediático a esta presión? Se canalizaron las demandas a través de una propuesta: la reforma policial. ¿Por qué? Porque en los casos mencionados estaban involucrados de una u otra manera policías (Ávila, 2010).

La convocatoria de la CONAREPOL fue muy inteligente por parte del gobierno, porque buscaba crear consenso y despolarizar. Allí participaron diversos factores, se recopiló y analizó información; luego  con base en datos concretos, se diseñó un modelo policial para el país. Entre los resultados de ese diagnóstico se tiene la aprobación de la LOSPCPNB. Entre los años 2006 y 2013 se establecieron normativas de  avanzada. Fue el comienzo de una nueva institucionalidad. Sin embargo, el principal problema ha sido su implementación. Porque los aparatos policiales y militares tienen, ambos, intereses corporativos que se ven afectados con cualquier reforma que procure imponerles límites y controles legales a sus actuaciones. Es por ello que estas instituciones se autonomizan y llevan su propia agenda (Recasens, 2003; Ávila, 2014; Antillano, 2014).

Segunda etapa

Después de la muerte de Chávez el gobierno asumió un discurso distinto, deja de lado la perspectiva más social para enfocarse principalmente en lo punitivo.[15] Como señala Antillano:

Ya el criminal no es una víctima de la injusticia social, sino cómplice del sistema. Se desempolva la vieja figura del “lumpen”: el delincuente reproduce los valores del capitalismo, los valores egoístas. Esto coincide con la retórica conservadora, esa que dice que hay un problema de crisis de valores y muchas veces se culpa a la madre, a las familias disfuncionales. Frente a esta idea moral, la respuesta es más violencia policial, hasta este escenario bélico de respuesta al delito que es la OLP. Ninguna de las dos fórmulas ha sido eficaz para enfrentar el problema. Por el contrario, se han abandonado los intentos importantes de caminar en una política de seguridad, como lo fue la reforma policial (2015).

Por su parte, la oposición siempre ha tenido el tema dentro de los puntos prioritarios de su agenda, lo presenta como un tema de unidad nacional, que busca generar consensos por encima de la polarización (Ávila, 2010; Antillano, 2012). Con ello ha fustigado al gobierno, especialmente durante coyunturas electorales, en las que termina imponiendo esa agenda, para luego no distinguirse ideológicamente el uno del otro. Esto sucedió en 2015 con las OLP, durante ese año electoral la seguridad terminó engullendo a la política.

Finalmente, debe considerarse respecto a la posibilidad de llevar a cabo una política sobre estas materias que como país existe un problema estructural con la continuidad y seguimiento de las políticas. En 58 años de democracia, Venezuela ha tenido 43 Ministros de Interior.[16] Éstos, en promedio, no duran ni un año y medio en el cargo. No se aprecia la existencia de una política, de su seguimiento, de acuerdos mínimos de institucionalidad, que trasciendan a los actores que detentan coyunturalmente el poder.

  • La militarización de la seguridad ciudadana[17]

La seguridad de la nación debe ser claramente diferenciada de la seguridad ciudadana. La primera tiene que ver con la soberanía y el cuidado de las fronteras físicas, el órgano encargado de cumplir esta función son los militares, que están entrenados para ello, de acuerdo a una lógica bélica —amigo-enemigo—: a los enemigos se les aniquila.

Es una racionalidad distinta a situaciones de seguridad ciudadana, donde los conflictos se dan entre civiles y los órganos encargados de dirimirlos, también son de naturaleza civil. La expresión máxima de ese conflicto es la comisión de un delito. Quien lo comete, debe ser procesado y se le aplica una pena prevista en la ley.

Se trata entonces de dos racionalidades distintas, que no deben confundirse, porque cuando se confunden, el enemigo pasa a ser cualquiera y un enemigo no tiene derechos, porque no es una categoría jurídica, sino bélica (Zaffaroni, 2006).

Expresión de esta racionalidad bélica, del enemigo y de la militarización de la seguridad ciudadana, es la justificación de los ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales, que serán tratadas más adelante.

A pesar del proceso de reforma policial mencionado, el proceso de militarización de la seguridad ciudadana e incremento del protagonismo de organismos militares en estas labores ha sido también progresivo (Antillano 2014), ya sea a través de normas posteriores de carácter legal o sub-legal (Ávila, 2015) o con políticas que se imponen de facto, tales como las OLP.[18]

Con esta panorámica contextual de las OLP se presentarán seis aspectos que se consideran fundamentales para comprender y evaluar estos operativos.

 

  1. SEIS CLAVES PARA EL ANÁLISIS

    • Crisis del sistema político y problemas de legitimidad

Actualmente Venezuela se encuentra afrontando diversos problemas:  económicos, tales como la inflación[19] y escases general de productos[20], en especial de alimentos y medicinas; políticos, en especial a partir de la muerte del Presidente Chávez en el año 2013, lo que trajo como consecuencia crisis de liderazgos en el escenario político, así como cierta disminución de la hegemonía del partido de gobierno, cuya expresión más reciente está en la derrota electoral del 6 de diciembre de 2015, en la que, después de 18 años, la oposición retoma el dominio del Poder Legislativo; y, finalmente, también afronta problemas en materia de seguridad ciudadana, como ya se ha señalado en las secciones anteriores.

Este marco engrana con la explicación de diversos autores según los cuales en momentos de crisis económicas, políticas o sociales, en la que el Estado tiene problemas de legitimidad, se reducen las políticas de tipo social a la vez que se incrementan las políticas penales y represivas (Antillano, 2015, Wacquant, 2004; Hernández, 1986).

Hernández (1986) explica que la lucha contra la delincuencia tiene como función alejar de la conciencia común otros problemas sociales. Las élites políticas de esta manera utilizan el tema securitario para distraer al público de otros problemas importantes (políticos, socio-económicos, etc.)[21] –y posiblemente más difíciles de abordar- que amenazan “las bases del sistema en que fundan sus privilegios y en ese sentido podría decidirse que buscan evitar, a través de ellas, el efecto de una crisis de legitimidad del sistema” (ibíd.:15-17). Para ello buscan generar consensos en torno a la seguridad ciudadana a través del miedo promovido en los medios de comunicación (Ávila, 2010).

De esta forma “los operativos policiales funcionan para ´ocultar’ la imposibilidad que el estado tiene de satisfacerles las necesidades básicas que ha garantizado a todos los ciudadanos y logra al mismo tiempo legitimar sus acciones reforzando así el consenso social para evitar cualquier cuestionamiento legitimante del orden de dominación existente” (Hernández, 1986:20). Más adelante concluye: “los operativos policiales contra la delincuencia sirven para manipular los criterios de las deficiencias y de los éxitos de las políticas del Estado en el logro de su propia legitimación” (p.24).

Por su parte, Antillano cuando reflexiona sobre el vínculo entre la exclusión y la violencia afirma que:

…esta combinación entre recesión económica y violencia policial es una combinación explosiva. Es como acercar una llama a la gasolina. La historia de los grandes estallidos sociales, generalmente, tienen que ver con la competencia de estos factores. Incluso, El Caracazo es una mezcla de ambos, con los famosos operativos policiales del Plan Unión. Esto que se está haciendo [refiriéndose a las OLP] evoca toda esa idea de los operativos, de las redadas que aparecen en una situación semejante: en la crisis económica. Los operativos policiales pasan a ser la política, a veces la única estrategia del Estado frente al problema económico (2015).

 

De esta manera, las OLP aparecen como la opción más sencilla de legitimación por parte del gobierno en un año electoral que transcurriría en medio de una crisis política, social y económica. En la que la comunicación de estos operativos será una de las dimensiones más importantes.

  • Campaña electoral de mano dura: el populismo punitivo

El año en el que se crean las OLP es electoral, en él se juega la composición de la futura Asamblea Nacional y el gobierno necesitaba conservar ese espacio. Su principal campaña electoral, a diferencia de otros años, fue el tema de la seguridad ciudadana, y las OLP constituyeron su principal política de Estado. Como ya se ha afirmado antes (Ávila, 2010), las políticas criminales instigadas por los medios de comunicación social, se caracterizan por la búsqueda de respuestas simbólicas e inmediatas a costa de los DDHH (aumento de penas, más represión, disminución de derechos, etc.). No importa que en el fondo estas políticas no resuelvan realmente el problema o peor aún, lo profundicen; lo importante es el show, la apariencia, tratar de crear una sensación de que se está atacando el problema delictivo. Atacando, como si estuviésemos en una guerra. Una guerra, en la que los enemigos son los más vulnerables de la sociedad, los excluidos, a quienes se les dificultan todos los accesos al sistema y la satisfacción de sus derechos básicos, pero a su vez tienen un derecho privilegiado para ser perseguidos y castigados por el sistema penal. Lo peor del caso es que en la construcción de este show del sistema penal, las propias víctimas del sistema son las que reclaman más políticas simbólicas y represivas. Y en este proceso el papel de los medios masivos de comunicación social es fundamental.

Margaret Thatcher (en Inglaterra) y Ronald Reagan (en Estados Unidos), llegaron al poder con un discurso de ley y orden, de mano dura. En Venezuela, en el año 2000 fue popular la campaña de “plomo al hampa” de Alfredo Peña (ex alcalde metropolitano)[22] y en 2015 lo reeditaba, a su estilo, el candidato a diputado Freddy Bernal.[23] Estas campañas de “tolerancia cero” son los comodines para las campañas electorales, es la herramienta más utilizada para mover a los electores a través del miedo y el espíritu vindicativo. El problema de la inseguridad ciudadana, entonces, sirve como receptáculo para esconder dentro de sí otras incertidumbres: la económica, la laboral, la política, la institucional. Con detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, la reforma de alguna ley penal, operativos policiales excesivos y discursos fuertes se da la sensación a la población de que se está “haciendo algo”. Es más sencillo -y aparentemente más rentable en el inmediato plazo- detener o ejecutar al joven pobre del barrio (delincuente o no), que dar respuestas estructurales a través de la transformación económica y productiva del país, o despolarizar y fortalecer la institucionalidad democrática del Estado.

Esto también es conocido como populismo punitivo[24], ofrecer mano dura a través de estos actos espectaculares, ineficientes, pero que pudieran dar algún rédito político inmediato. No debe perderse de vista que en la seguridad hay dos componentes. El primero son las percepciones y el segundo el fenómeno real. Pero estas dimensiones son independientes entre sí. En las campañas se trabaja fundamentalmente la dimensión subjetiva, la mayoría de las veces a costa de la agudización de los problemas en la dimensión objetiva (Ávila, 2010).

¿Cuáles fueron las ideas fuerza iniciales del gobierno respecto a la campaña de  las OLP?

  • La “inseguridad es una percepción”: este fue parte del discurso oficial durante años sobre el tema de la seguridad y a pesar de su desgaste, en ocasiones algunos voceros lo asomaba. Lo que resultaba muy contradictorio ya que justifican razias policiales por una parte y por la otra decían que el país no tenía un problema real con la inseguridad ciudadana. Sin embargo, este discurso duró muy poco para dar luego paso a la admisión del problema, y presentar a las OLP como su solución.
  • “A la gente le gusta la mano dura” “la gente está contenta con la OLP”: durante el primer de las OLP el gobierno sacó unas encuestas en las que se decía que éstas gozaban de un 87% de popularidad; a los 20 días sacó otra en la que apenas había bajado 4 puntos. Incluso en el mes de octubre el encuestador insistía en que “la OLP incrementó la valoración de la gestión de Maduro”, que la “OLP tiene un impacto positivo en el comportamiento electoral” “78% de los venezolanos apoya despliegue de OLP en todo el país”.[25] Lo que denota la importancia que tenía la dimensión mediática en estas operaciones y su uso como campaña electoral.

Ambos planteamientos son cuestionables, tal como se explicará a continuación. En el Gráfico 1 se presenta el seguimiento que se hizo de las notas que los medios digitales hicieron sobre las OLP y cuál es su relación con la cantidad de detenciones masivas y muertes por intervención de los cuerpos de seguridad (MICS). Como se puede apreciar la campaña se inicia con fuerza el 13 de julio y llega a su máxima expresión al mes siguiente, para luego comenzar a declinar su actividad de manera sostenida. Desde una perspectiva interaccionista pareciera que las detenciones masivas y el impacto en los medios se comportaron de manera muy similar, pudiendo afirmarse que se retroalimentan entre sí. Las MICS también siguieron la tendencia anterior aunque de manera menos armónica, lo que pudiera sugerir un comportamiento más independiente de este fenómeno que será analizado más adelante.

Gráfico 1

Elaboración propia

 

Es importante comprender que esa supuesta “popularidad”[26] de las OLP no se tradujo en votos ni en legitimidad electoral para sus promotores. El gobierno resultó perdedor en las elecciones que se celebraron en diciembre de ese mismo año, siendo ésta la peor derrota que ha tenido esa fuerza política en sus 18 años de historia. En el gráfico puede apreciarse cómo en diciembre, luego de la derrota electoral, prácticamente abandonaron la campaña sobre las OLP, lo que corrobora que una de sus principales motivaciones era electoral.

A continuación se explorarán algunos elementos discursivos de la campaña de las OLP.

 

  • La necesidad de orden se impone sobre la lógica de los derechos

Durante las OLP imperó el discurso del orden sobre el de los derechos, esto es típico en este tipo de procedimientos. Hernández afirma que durante la implementación de los operativos lo que se busca es el “orden” y la ley que debe regir los procedimientos pasa a un segundo plano, quedando así los derechos y las garantías constitucionales suspendidas de facto para determinados sectores sociales (1986:6).[27]

Esta idea de que lo importante no son los derechos sino el orden, la explican y la reivindica el clásico artículo Broken Windows de Kelling y Wilson, este último asesor político de Reagan, quienes entendían al orden en algunas ocasiones como orden público y en otras como ausencia de “temores” por parte de la comunidad (1982:68-69). Para el mantenimiento del orden no importa que la policía actúe violentamente, ni de manera ilegal, siempre y cuando lo haga “en nombre de la comunidad”. “Los “derechos” eran algo que disfrutaba la gente decente y quizás también el delincuente profesional, que eludía la violencia y podía pagar un abogado” (p.71).

 

  • La estigmatización y la selectividad

Estos operativos contribuyen a la construcción política y social de lo que es el delincuente y a los estereotipos que se tienen sobre éste, en cuyo proceso el papel de los medios de comunicación es fundamental. ¿Cuál es el perfil? El del joven perteneciente a los sectores sociales más desfavorecidos, con lo que contribuyen a la reproducción de las relaciones sociales de desigualdad y exclusión (Hernández, 1986; Zaffaroni, 1998).

Además, en los pocos casos en los que se practican detenciones por delitos concretos, la mayoría de ellos es por delitos de menudeo o bagatela[28]. “Es decir, detienen a la pequeña criminalidad, no van por los casos más graves. Los homicidas, en cambio, apenas entran en el sistema penal. Las cárceles están llenas por delitos de drogas, esencialmente por posesión y venta en pequeñas cantidades” (Antillano, 2015).

Si bien es cierto que en algunos barrios hay delincuentes que toman eventualmente el territorio, la policía captura a pocos. Fueron numerosos los casos en los que vecinos de esos barrios denunciaban que las bandas y la policía “juegan al gato y al ratón”. Señalaban que la policía les avisa con antelación a los delincuentes antes de la llegada de los cuerpos de seguridad.[29]

 

  • El discurso bélico y la construcción del enemigo

Los discursos de unidad nacional suelen ser útiles para este tipo de campañas securitarias. Así, por ejemplo, durante el mes de julio de 2015 de manera simultánea a las OLP se emprendió la campaña por la defensa del Esequibo[30] en contra de la amenaza externa; mientras que hacia adentro el país se defendía del enemigo interno: el delincuente.

Durante las OLP la construcción discursiva de enemigos fue poco coherente, en ocasiones eran paramilitares colombianos[31], en otros: crimen organizado[32], mafias inmobiliarias[33], y hasta llegaron a hablar de maras salvadoreñas[34]. Una de las últimas categorías utilizadas fue la de los “bachaqueros”[35], que sigue siendo en buena medida una práctica de menudeo llevada principalmente por los sectores sociales más carenciados.[36]

Este proceso de criminalización y estigmatización ha sido acompañado de un discurso políticamente peligroso, que hace uso de términos que evocan al exterminio y la aniquilación, comparando a los presuntos infractores con “plagas” a las que hay que “tratar” como tales.[37] A continuación se hará un breve comentario sobre las dos principales etiquetas estigmatizantes utilizadas: paramilitares y bachaqueros.

  • El discurso contra el paramilitarismo y la xenofobia

Un gobierno que tiene 18 años en el ejercicio del poder que informa constantemente de la presencia de paramilitares[38] en el país, pudiera estar confesando su fracaso en el control del Estado, ya sea por acción o por omisión. El recurso de la victimización en política no siempre es útil y positivo. El paramilitarismo no puede existir sin el apoyo de estructuras de poder legal e ilegal, privadas y públicas, especialmente de sectores empresariales, políticos, militares, policiales y judiciales[39]. En estos ámbitos los límites entre lo lícito y lo ilícito se hacen difusos.

En esta misma línea Antillano (2015) describe al paramilitarismo como grupos autonomizados, con miembros de las fuerzas armadas, cuerpos policiales, asociaciones civiles que cuentan con, al menos, tolerancia por parte del Estado. Que actúan contra objetivos esencialmente políticos, para aniquilar a adversarios. De allí que él plantea la hipótesis según la cual grupos parapoliciales que empiezan a proliferar, se parecerían más a este concepto de paramilitarismo.

De ser cierto este fenómeno su núcleo fundamental no necesariamente se encontrará en los barrios pobres, sino en las estructuras de poder que les garantizan armas e impunidad. El enemigo en esta campaña no fueron solamente los pobres del barrio, lo fueron también los extranjeros. A éstos durante los últimos lustros, en épocas cercanas a coyunturas electorales, les han sido reconocidos sus derechos.[40] Así por ejemplo, en 2005 el gobierno les otorgó la nacionalidad a unos 17.504[41]. En 2015 la estrategia hacia ellos cambió drásticamente, ahora éstos parecen haber pasado a formar parte de los chivos expiatorios de la campaña electoral, securitaria, clasista y xenófoba, de ese año.

Cuando se informaba sobre los detenidos los voceros oficiales destacaban cuántos de éstos eran extranjeros. Sólo durante los primeros cinco meses de la OLP hubo aproximadamente más 15.900 detenciones arbitrarias (PROVEA, 2016a). En el seguimiento realizado para PROVEA sobre estos casos, de unas 820 personas detenidas de las que se pudo identificar algunas características sociales como ocupación o nacionalidad, el segundo grupo mayoritario fue el de los extranjeros con un 40% de los casos; el primer lugar lo ocupó la clase obrera con un 49%. De manera que los pobres y los extranjeros, terminaron siendo los blancos de estos operativos. En estos casos no se especificó públicamente qué delitos se encontraban cometiendo o habían cometido estas personas, transmitiendo un mensaje distorsionado que pareciera equiparar la condición de extranjero con la de delincuente.

Es una tesis xenófoba, en la que Colombia terminaba siendo responsable de los principales males de Venezuela: la inseguridad y la escasez. Sin embargo, no hay evidencia empírica que sostenga esta hipótesis.[42]

 

  • El discurso contra los bachaqueros

Otra etiqueta que formó y aún forma parte de la retórica de sectores del gobierno es la del bachaquero, en la que los estratos más humildes son vistos como enemigos. Para Antillano se desplaza el relato de la guerra económica – que originariamente, según estos actores, era responsabilidad de la oligarquía y de los grandes capitales– “a la señora que vive en un barrio, que compra cinco paquetes de Harina Pan para revenderla o, sencillamente, para tenerla” (2015).[43]

El gobierno cambia así el discurso donde había un enemigo todopoderoso, que era el “Imperio” y el “capitalismo”, a otro donde el enemigo es el pobre del barrio, pasando así de la “lucha  de clases” de carácter “antiimperialista” a una lucha intraclase que criminaliza a la pobreza.

  • Las detenciones masivas

Durante 2015 fueron registradas unas 15.946 detenciones realizadas en el marco de las OLP, el 99,5% de las mismas fueron masivas.[44] Esto representa el 92% de los casos de presuntas violaciones al derecho a la libertad personal, y el 93% de las detenciones masivas que se contabilizaron para el Informe Anual de PROVEA 2015 (2016). Estas cifras representan un aumento del 494% respecto al número de personas detenidas masivamente durante 2014; y de un 144% sobre el promedio general de detenciones masivas registradas desde el año 1999 por esta institución. Como ya se ha señalado, estas detenciones se llevaron a cabo en barrios y zonas empobrecidas del país, ubicadas en las periferias de las capitales de los estados, en dónde el perfil de los detenidos es el del joven de clase popular.

Gráfico 2

Provea (2016a)

 

En cuanto a los cuerpos de seguridad actuantes en las detenciones, en el cuadro siguiente puede apreciarse el protagonismo de organismos militares como la GNB y el predominio de acciones conjuntas que -como ya se ha señalado- dificultan la adjudicación de responsabilidades, tanto institucionales como individuales.

Cuadro 1

Cuerpos de seguridad actuantes en las OLP N° de detenidos
Acción conjunta PNB-CICPC 3
Indeterminada -OLP- 15.414
Poliaragua, CICPC, SEBIN, GN, Ejército 14
GNB-CICPC-CPBEZ 20
GNB 400
Ejército/Contrainteligencia Militar/Contingente militar indeterminado 95
TOTAL 15.946

Elaboración propia

Los estados que ocupan los primeros cinco lugares en número de detenciones practicadas por las OLP son los siguientes: Anzoátegui con 2.439 (15%); Falcón con 1.768 (11%); Táchira con 1.754 (11%)[45]; Distrito Capital con 1.350 (8%) y Aragua con 1.214 (8%). En estos 5 estados, que suman en su conjunto el 26% de la población total del país, se realizaron el 53% de las detenciones de las OLP.

La gran mayoría de los detenidos no fueron encontrados en flagrancia, ni existía contra ellos orden judicial para proceder a su arresto. En consecuencia, se trata de detenciones ilegales o arbitrarias[46], así fue en, al menos, un 96% de los casos. Para tratar de encubrir estas arbitrariedades las autoridades las denominaban en ocasiones “retenciones” o “verificaciones” de identidad.[47] Cuando se analizan las distintas fuentes de información (fuentes oficiales, medios impresos y digitales) hay coincidencia en el porcentaje entre detenidos iniciales y personas posteriormente procesadas o al menos presentadas ante el Ministerio Público: detenidos iniciales 95,5%, procesados formalmente 4,5%; de éstos últimos sólo 0,3% se encontraban realmente en flagrancia, 0,6% estaban solicitados y 0,13% tenía antecedentes penales. Sin embargo, la mayoría de estas personas permanecieron detenidas por lapsos que van de 10 horas a 45 días.

Hernández en su citado trabajo señalaba que “la consecuencia inmediata y evidente de cualquiera de estas medidas policiales, es la detención masiva de los supuestos delincuentes” (1986:4). En décadas pasadas la Ley de Vagos y Maleantes le ofrecía cierta legalidad a este tipo de prácticas, pues no castigaba ningún delito sino la mera “peligrosidad social” del sujeto. Hoy en día por el bloque normativo vigente la ilegalidad de estas acciones son mucho mayores. Como afirmaba Del Olmo desde los años 80, tanto las muertes por intervención de la fuerza pública como las detenciones arbitrarias masivas son supuestos de “castigo sin derecho a castigar y de un exceso de castigo que se manifiesta en una represión injustificada” (1990:44).[48]

Como se ha explicado, este tipo de procedimientos y sus excesos no son nuevos en el país. En 1981 el Plan Unión en aproximadamente un mes de implementación presentaba la cifra de 31.714 detenidos, en su primer resumen estadístico (Hernández, 1986:9). Considerando que nuestra población no llegaba a 16 millones para el año 1981, el número es exorbitante, es más de la mitad de nuestra actual población penitenciaria.

¿Cómo se justifica semejante expansión del poder punitivo del Estado?

Hernández explica que los operativos policiales extraordinarios al hacer detenciones masivas a supuestos delincuentes satisfacen alucinatoriamente las necesidades securitarias de la población (específicamente vida, integridad física y propiedad) así como todas aquellas cuya “insatisfacción  incidía en deslegitimar el orden de dominación existente” (1986:17). Pero además, consecuencialmente estos operativos se convierten en el castigo mismo, por la violencia que siempre implican sus acciones (detener, planear, golpear e incluso la muerte) contra grupos sociales vulnerables y más desfavorecidos, contribuyendo a su exclusión y estigmatización (ibíd.:19).

 

  • Las muertes por intervención de la fuerza pública

    [49]

Como ya se ha comentado con anterioridad (Ávila, 2016), el acceso a las cifras delictivas en general, y de homicidios comunes en particular, es difícil y en los casos en los que éstas son accesibles la calidad del dato no es confiable; esta situación es mucho más crítica con los casos de violencia policial, especialmente con los homicidios cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Estas dificultades no son una particularidad de Venezuela, existen en toda la región (Del Olmo, 1990; Gabaldón, 1993; Antillano, 2010; Fondevila y Meneses, 2014; Ribeiro, Borges y Cano, 2015) y también en países como Estados Unidos.[50]

GRÁFICO 3

Elaboración propia con datos de PROVEA (1989-2015), COFAVIC (2012-2015), Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2000-2009), Defensoría del Pueblo (2001-2015), Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) (1995-2012), Ministerio Público (2005-2007; 2013-2015) y CICPC (2010-2015).

 

Al analizar las fuentes disponibles puede apreciarse que los registros criminales oficiales, así como la mayoría de los datos no oficiales, indican una tendencia al aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.[51] El caso del año 2015 es emblemático, porque este tipo de muertes aumentaron en un 88% respecto al año anterior. Si bien no se les puede adjudicar a la campaña de las OLP la totalidad de estos casos, sí se puede afirmar que la política de respaldar este tipo de operativos militarizados, sin controles legales ni institucionales, impactó directamente en el incremento abrupto los mismos (Ávila, 2016; 2016b).

En este sentido, el Ministerio Público (2016) en su informe anual informó de unas 245 personas fallecidas en el contexto de las OLP durante sus primeros cinco meses, sin embargo, éstas apenas representaron, aproximadamente, un 9% de las muertes totales en manos de los cuerpos de seguridad durante 2015. Por ello es importante tener en cuenta que más que las OLP como campaña, es fundamental develar el impacto que una política de esta naturaleza, con independencia de sus siglas coyunturales, tiene en la práctica cotidiana de los organismos de seguridad del Estado, que los convierte en agencias violadoras de derechos fundamentales. Según esta institución, los estados que presentan las cifras más altas de muertes por intervención de las OLP son: Carabobo (84), Bolívar (49) y el Área Metropolitana de Caracas (AMC) (27), estas tres entidades suman el 65% del total de casos. Los que presentan las tasas más altas pcmh son Carabobo (3,4), Bolívar (2,8), Falcón (1,2), Nueva Esparta (1), Portuguesa y Yaracuy (0,9 c/u).

Cuadro 2

Estados Muertes por intervención de la OLP % Tasa pcmh
Carabobo 84 34,30% 3,4
Bolívar 49 20% 2,8
Falcón 12 4,90% 1,2
Nueva Esparta 6 2,50% 1
Portuguesa 9 3,70% 0,9
Yaracuy 6 2,50% 0,9
AMC 27 11% 0,8
Mérida 7 2,90% 0,7
Cojedes 2 0,80% 0,6
Vargas 2 0,80% 0,6
Aragua 9 3,70% 0,5
Trujillo 4 1,60% 0,5
Miranda 13 5,30% 0,4
Lara 5 2% 0,3
Sucre 3 1,20% 0,3
Anzoátegui 4 1,60% 0,2
Monagas 2 0,80% 0,2
Táchira 1 0,40% 0,1
TOTALES 245 100,00%

Elaboración y cálculos propios con información del Ministerio Público

Desde una perspectiva interaccionista, la actuación del aparato policial y militar influye sobre la sociedad. Es decir, que la violencia institucional también tiene un impacto directo sobre la violencia social y delictiva. Tal como puede apreciarse en el gráfico siguiente, el aumento abrupto de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado también influye en el comportamiento de los homicidios; ambos fenómenos tienen, en Venezuela, una tendencia al aumento. Así por ejemplo, en el año 2015 mientras las muertes en manos de las policías aumentaron en un 88%, los homicidios lo hicieron en un 20%; creciendo la tasa 9 puntos, la más alta de los últimos 45 años. Ese mismo año las muertes en manos de las fuerzas de seguridad ocuparon el 14% del total de las cifras de homicidios en el país (Ávila, 2016b).

GRÁFICO 4

Elaboración propia

 

GRÁFICO 5

Elaboración propia (Ávila, 2016b)

 

Como se puede apreciar en el gráfico de arriba, el porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad dentro de los homicidios en Venezuela es cada vez más grande. Esta violencia institucional[52] no solamente impacta directamente en los homicidios en general, sino que además, se vuelca también contra los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado[53], cuya victimización por homicidios tampoco ha disminuido durante los últimos años.

Si se toman una de las pocas estadísticas de este fenómeno que se encuentran disponibles como son las de PROVEA, que viene contando los casos de muertes por intervención de la fuerza pública durante los últimos 27 años, puede observarse que el promedio de ese período es de unos 169 casos al año. Sólo en cinco meses la OLP ya se había elevado en un 145% por encima del promedio anual de este tipo de muertes. Esta cifra es gravísima y es apenas una aproximación, la cifra real es mucho más elevada. Primero, porque sólo se está hablando de muertes en el marco de las OLP y no del resto de las muertes en manos de los organismos de seguridad que no tienen esta etiqueta; segundo, porque los casos que cuenta PROVEA son sólo los que trascienden a la prensa.

Usualmente los gobiernos ocultan este tipo de cifras, por la significación que este tipo de eventos tiene en materia de DDHH, así como por la afectación de la propia imagen institucional del Estado. Si bien debe reconocerse la importancia de informar, es preocupante cómo durante las OLP se han presentado públicamente esta cantidad de muertes como un logro, como muestra de efectividad, como si se estuviese cumpliendo con los objetivos planteados (Ávila, 2015b). En la mayoría de estos casos, insinúan que las personas fallecidas no solo se “enfrentaron” a las fuerzas de seguridad, sino que también eran “delincuentes” con “órdenes de aprehensión”, sin dar informaciones detalladas tales como el listado de los fallecidos, por cuáles delitos estaban solicitados, las circunstancias del enfrentamiento y cuántos funcionarios resultaron heridos por los mismos.[54] De esta manera, los titulares de la prensa venezolana en 2015 se asemejaron a los analizados por Del Olmo hace 30 años atrás.

Los titulares de los diarios el 14 de julio de 2015 -al día siguiente del primer despliegue de las OLP- eran muy similares[55], no había mayores distinciones entre los que son afectos al gobierno y los afectos a la oposición. En esta racionalidad la derecha y la izquierda en el poder se mezclan y se confunden entre sí.[56] Posteriormente, al cumplirse el segundo mes de las OLP, el Últimas Noticias, uno de los principales diarios de circulación nacional del país, titula en primera página: “106 choros abatidos”[57]. Idea que se repetirá en varias de sus portadas posteriormente.[58]

En estos casos se descalifica y deshumaniza[59] a los fallecidos presentándolos como delincuentes[60], como si la pena de muerte tuviese vigencia en el país y las policías están destinadas a administrarla discrecionalmente.

De la retórica oficial sobre estos casos hay dos elementos que se tienen que analizar. El primero es la calificación de delincuentes. En Venezuela existe la presunción de inocencia (artículo 49.2 de la Constitución) y la calificación de delincuente no debe hacerla la policía en la calle, ni en los medios de comunicación. Lo segundo, más grave, es el término “abatido”, para dar a entender que se trata de una confrontación, un enfrentamiento, cuando en muchos casos se trata de ejecuciones extrajudiciales.[61] Numerosa investigación empírica ha demostrado que en estos casos la relación entre civiles y policías muertos es bastante desigual (según PROVEA, la probabilidad de que muera un civil en un choque armado es de 97,5, mientras que para los policías es de apenas 2,5; es decir por cada policía muerto fallecen 39 civiles), lo que hace suponer que más que enfrentamientos entre fuerzas equivalentes, se trata de un ejercicio asimétrico de la fuerza, frecuentemente intencional por parte de la policía (Ávila, 2014:55; Antillano, 2007:36-37). Es importante que el Estado venezolano investigue estas muertes y sí realmente estas personas estaban en flagrancia y atacaron mortalmente a los funcionarios.

En la realidad no siempre “cae” el delincuente sino el que cumple con el estereotipo, que los prejuicios sociales y mediáticos, construyen sobre éste: joven, pobre y moreno.

 

  • Otras violaciones a los DDHH

PROVEA (2016b) registró 17.181 allanamientos ilegales a viviendas durante las OLP, lo que tuvo un impacto en el incremento de estas violaciones a la integridad personal en un 33.754%. De manera similar a la manipulación semántica que se hizo con las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales, usualmente eran definidos como “inspecciones” o “verificación” de viviendas.[62]

Se han reportado también en el marco de las OLP, al menos, 10 casos de incendios, 976 casos de demoliciones y 1.490 desalojos arbitrarios[63] de viviendas. Es el registro más alto de afectación al derecho a la vivienda en el marco de una política de seguridad ciudadana que ha sistematizado PROVEA (2016c).

 

  • Relación entre violencia institucional-violencia delictiva

Como se ha explicado en las secciones anteriores, los operativos de este tipo tienen un doble efecto criminógeno: incrementa los delitos cometidos por los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado e incrementan los delitos comunes violentos.

En este sentido, Hernández explica que este tipo de operativos actúan como factor criminógeno, aumentando la comisión de delitos, “pero ahora por parte de la policía, pues sin lugar a dudas, este tipo de plan represivo permite y fomenta la extralimitación policial en ocasión de realizar sus funciones (entre otros, los delitos de abuso de poder son los más característicos)” (1986:7-8). La violencia ilegítima surge en estos contextos como una reacción normal, haciendo que los funcionarios pierdan de vista las limitaciones legales que le son impuestas. En este marco la excepcionalidad se convierte en la regla y la lógica bélica sin límites es adoptada como práctica cotidiana, en sintonía con el planteamiento de los procesos de policización explicados por Zaffaroni (1998). Además, tal como plantea Antillano (2015), este tipo de violencia institucional corrompe a los cuerpos de seguridad y termina generando una reorganización de la delincuencia y de la violencia armada hacia formas más agresivas.[64]

Sobre la poca utilidad que estos operativos tenían en la disminución de la violencia delictiva, Hernández afirmaba: “sabemos y también lo saben las instituciones policiales y gubernamentales, que estos operativos no acaban con la delincuencia común contra la cual se dirigen” (1986:7). Y así se pudo observar con las OLP, no solamente por el incremento de los homicidios ya descritos, sino también por el aumento de los secuestros, extorsiones, robos y hurtos[65]; así como por la permanencia de enfrentamientos armados con grupos delictivos con posterioridad a la implementación de las OLP.[66] Adicionalmente, como muestra de la dificultad de su sostenibilidad, en la medida que pasaba el tiempo cada vez se informaban de menores incautaciones de armas y recuperación de vehículos.[67]

 

CONCLUSIONES

Tomando las categorías de funciones manifiestas  y latentes de Merton (1949)[68], pudiera afirmarse que las funciones manifiestas de las OLP son “combatir el crimen”, “ir contra los malos”, “defender a la gente decente de la escoria de la sociedad”, etc., y así como la inquisición luchaba contra el diablo que es la encarnación del mal mismo, las OLP luchan contra el mal en términos absolutos, sin ningún tipo de límite. El problema radica cuando los que combaten a ese mal terminan haciendo mucho más daño que el mal que adversan.

Las funciones latentes son varias, entre ellas pueden destacarse las siguientes:

1)        Medio para legitimarse: en 2015 en el contexto de un año electoral sumergido en crisis de diversa índole (política, económica, securitaria), se opta por el camino aparentemente más sencillo: tomar la seguridad como bandera de la campaña electoral y a través de ella tratar de mostrar eficiencia ¿Cómo? Siguiendo las lógicas de la macdonalización (Ritzer, 2006): confundiendo cantidad con calidad. De allí el empeño de mostrar grandes cifras de detenidos y de “abatidos”, con independencia que se trate realmente de delincuentes actuando en flagrancia o no, así como de la proporcionalidad y legalidad de la actuación de los cuerpos de seguridad. Los destinatarios de este tipo de políticas terminan siendo los más vulnerables de la sociedad, que suelen ser más objetos que sujetos de las políticas. Sin embargo, esta función en 2015 no se cumplió porque los promotores de las OLP perdieron las elecciones legislativas. No obstante, ante la dificultad de asumir las otras crisis, como la económica o la política, el comodín de la inseguridad sigue siendo el más accesible para el gobierno.

2)        Rentabilidad política para los que ejecutan la política: con las OLP el aparato militar y policial no solamente gana poder bélico y señorío en la calle, sino que además se posicionan políticamente dentro de los espacios de toma de decisiones, teniendo cada vez más autonomía, discrecionalidad y recursos.[69] Una vez que crean estas necesidades securitarias y obtienen poder, revertir esos procesos se hace cada vez más difícil.

3)        Mensaje autoritario: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al poder policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifestaciones extremas de poder como disponer de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia.[70]

Posiblemente lo que más se necesite en la praxis de nuestros cuerpos de seguridad es un mayor uso de la inteligencia en lugar de la fuerza. Los trabajos serios de inteligencia criminal no ameritan un despliegue tan numeroso y ostensivo de funcionarios, son operaciones más precisas, con objetivos muy definidos. Es necesario concentrarse en investigar a las estructuras de poder económico, político, institucional, militar y policial que facilitan y promueven –ya sea por acción u omisión- determinadas actividades delictivas, en especial las más violentas.

No debe perderse de vista que la no intervención estatal legal, legítima y oportuna en la conflictividad violenta que padecen determinados sectores de la población también se traduce en vulneración de derechos. La presencia institucional del Estado como mediador e interventor en conflictos y como defensor del más vulnerable, en situaciones que constituyan amenazas o riesgos a su integridad física, o en el disfrute de sus derechos, es necesaria. Lo contrario sería apostar por la ley del más fuerte, desvaneciéndose la principal justificación del Estado mismo: proteger y satisfacer los derechos de las personas. Así entonces, el Estado debe intervenir de manera proporcional, aplicando la mínima fuerza necesaria, para proteger derechos concretos vulnerados. En el caso que un funcionario en el ejercicio de su deber sea atacado mortalmente él tiene el derecho a la legítima defensa, tal como lo establece el Código Penal –para cualquier ciudadano-, y en el caso de la función policial cuenta también con normas para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF).

Estas observaciones críticas no deben entenderse en modo alguno como una “no intervención del Estado” ante la conflictividad y la reducción de la violencia; mucho menos convertirse en una denegación del servicio de policía. Todo lo contrario, lo que se necesita es un mejor y debida prestación de este servicio; tal como se ha diseñado a partir del año 2006 desde la CONAREPOL y plasmado en 2009 en la LOSPCPNB. La aplicación y seguimiento de la política debe ser congruente con el diseño de la misma.

El problema no son sólo las OLP, estas siglas son circunstanciales y serán otras el día de mañana. Esto no tiene que ver sólo con el actual gobierno, como se ha explicado, estos dispositivos no son una novedad, no tienen que ver ni con izquierdas ni con derechas, sino con una racionalidad bélica que se encuentra subyacente en el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder militar, policial y punitivo del Estado, que una vez que se legitima, es difícil que sea reversible y en ese escenario perdemos todos.

 

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* Artículo de investigación prealizado por el autor en ejercicio de su trabajo profesional.

** Abogado Magna cum Laude, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Máster Oficial en Criminología y Sociología Jurídico Penal, Universitat de Barcelona (UB). Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV, profesor de criminología en pre y postgrado de la misma universidad. Colaborador de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB. Miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC).

[1] Entrevistas y artículos de opinión que han sido publicados en diversos medios impresos y digitales, entre el 20 de julio de 2015 y el 31 de agosto de 2016, en especial, los divulgados por las páginas web de PROVEA (http://www.derechos.org.ve/) y Contrapunto (http://contrapunto.com/).

[2] Se aprovechó parte del procesamiento y análisis realizado por el autor para PROVEA (2016) sobre el seguimiento mediático de las violaciones al derecho a la libertad personal, durante todo el año 2015, en los principales medios impresos del país, entre ellos: Correo del Caroní, Correo del Orinoco, El Impulso, El Nacional, El Siglo, El Universal, El Últimas Noticias, La Voz, Notitarde y Panorama. Adicionalmente, se complementó con el seguimiento de noticias sobre las OLP detectadas por las “Alertas de Google” durante 9 meses (desde el 13 de julio de 2015 hasta el 19 de abril de 2016). Finalmente se hizo una revisión de los Informes Anuales del Ministerio Público y del Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) para el año 2015.

[3] Balance OLP: Desarticuladas 157 bandas criminales en 143 incursiones, la mayoría en Miranda (13/7/2016), disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=NuU_j1Txkok

[4] Podría afirmase que 2 meses antes en el Barrio San Vicente de Maracay se lanzó como “globo de ensayo” un operativo con las mismas características de las OLP: comisiones mixtas de organismos policiales y militares, personas fallecidas por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado y detenciones masivas. El Universal (13/05/2015), disponible en: http://www.eluniversal.com/noticias/sucesos/tres-muertos-mas-800-detenidos-dejan-enfrentamientos-maracay_62620

[5]Resultados OLP (25/8/2015), disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=aNFf8zJA8Hs; Revolución en Movimiento OLP (22/9/2015), disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7vj2QsO6AqY; 90 días de zonas liberadas y pueblo protegido (13/10/2015), disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=jr7GuyOdzn0. Los discursos de múltiples representantes del gobierno que iban desde el Presidente de la República, pasando por el Ministro de Interior, así como gobernadores, entre los cuales destacan los de los Estados Táchira, Trujillo y Carabobo fueron explícitos y de directo apoyo a las OLP (PROVEA, 2016:10).

[6] Los grupos especiales o tácticos son los conformados por efectivos previamente seleccionados y entrenados en tácticas de asalto y de combate, equipados con armas y equipos especiales de índole militar, que intervienen en situaciones extremas y de alto riesgo, tales como secuestros, toma de rehenes, enfrentamientos directos con delincuentes, arrestos peligrosos, etc. Una característica común de este tipo de situaciones es que en estos casos las policías preventivas y de investigación son rebasadas en armas u ocurren en lugares de difícil acceso para ellas. Estos grupos representan la máxima expresión de los criterios de intensidad y especificidad de intervención policial que se requieren ante situaciones de máxima complejidad. Para más detalles ver: Gabaldón, Becerra et al. (2012)  y Gabaldón, Ávila et al. (2014).

[7] Operación de Liberación y Protección del Pueblo erradica paramilitarismo en cuatro zonas del país. (13/07/2015), disponible en: http://cpnb.gob.ve/index.php/noticias/externas/1357-operacion-de-liberacion-y-proteccion-del-pueblo-erradica-paramilitarismo-en-cuatro-zonas-del-pais. Según el acuerdo N° 0045-2015, de fecha 21/07/2015, publicado por el Consejo Legislativo del estado Carabobo en Gaceta Oficial, que sólo tiene alcance para ese ámbito territorial, la OLP comprende: “medidas emprendidas por el Gobierno Nacional, liderado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, quien a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ha desplegado el Plan de Seguridad ‘Operación para Liberar al Pueblo (OLP)´, cuyo objetivo principal es brindar protección a diferentes sectores del país, entre ellos el Estado Carabobo de la delincuencia y el paramilitarismo dirigidos por la ultraderecha fascista venezolana e internacional, quien busca alterar la paz y seguridad de todos los venezolanos, sobre todo de niños, niñas y adolescentes”.

[8] OLP dignifica con atención integral a personas en situación de calle en Caracas (4/8/2015), disponible en: http://www.mpprij.gob.ve/index.php/noticias-destacadas/3527-mil-funcionarios-de-la-guardia-nacional-bolivariana-seran-desplegados-en-el-distrito-capital; Barrio Nuevo, Barrio Tricolor reacondiciona 1.260 casas en Cota 905 de Caracas (3/8/2015), disponible en: http://avn.info.ve/contenido/barrio-nuevo-barrio-tricolor-interviene-1260-casas-cota-905-caracas ; Escuela y polideportivo remplazarán “chivera” en la Cota 905 de Caracas (18/7/2015), disponible en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/07/18/escuela-y-polideprotivo-remplazaran-chivera-en-la-cota-905-de-caracas-4807.html.

[9] La profesora Hernández (1986:4) distinguía tres tipos de operativos: 1) Las redadas puntuales que se pueden realizar en cualquier momento o día de la semana, por ejemplo, para practicar órdenes de aprehensión o allanamientos muy concretos; 2)        Los operativos realizados en períodos específicos del año como son el carnaval, la semana santa y las navidades, que son ejecutados conjuntamente por distintos cuerpos de seguridad, con un enfoque más preventivo y de contención; 3) Los operativos “extraordinarios” con nombres específicos tales como los señalados al inicio, que también son ejecutados por distintos cuerpos de seguridad, que tienen como fin explícito “acabar con la inseguridad”. Las OLP, así como el trabajo de Hernández, se enmarcan en estos últimos.

[10] La complejidad “es la cualidad de la situación que se asocia a la suma de elementos diversos, a la sofisticación delictiva y al nivel de resistencia, que puede generar altos riesgos y dificultar su abordaje y control. La complejidad de la situación es el parámetro para medir los criterios de intervención  policial (intensidad y especificidad). A mayor complejidad de la situación, mayor intensidad y/o mayor especificidad de la intervención policial. Es decir, la complejidad es un criterio-indicador de la intensidad y la especificidad” de la acción policial (Gabaldón, Ávila, et al., 2014:119-120). Ver también artículos 50-54 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB).

[11] En el caso venezolano, si se parte de un enfoque jurídico-penal, íntimamente vinculado con el proceso penal, las instituciones que conforman al sistema serían las siguientes: las policías preventivas, el CICPC, el Ministerio Público, los tribunales penales y la cárcel. Sin embargo, compartimos una visión más panorámica que considera también como parte del sistema a otros actores, como al legislador y los medios de comunicación (Ávila, 2014:41).

[12] Categoría de los empresarios morales de Becker (1971) y Birkbeck (2001) sobre la cual se hace referencia en Ávila (2016:25).

[13] Unidad (16/7/2015) Zonas de paz: el imperio de la delincuencia, disponible en: http://unidadvenezuela.org/2015/07/zonas-de-paz-el-imperio-de-la-delincuencia-analisis/; Izquiel (7/6/2015) ¿Zonas de Paz o de impunidad?, disponible en:  http://runrun.es/opinion/206577/zonas-de-paz-o-de-impunidad-por-luis-izquiel.html

[14] “No es verdad que allí no haya presencia policial. Existe esta presencia policial absolutamente violenta, ilegitima, espasmódica, además que son los mismos cuerpos policiales los que alimentan muchas veces a estos grupos criminales, en armas, en municiones. Es decir, no es un problema de ausencia del Estado, sino de falta de una trama institucional legítima que le brinde protección efectiva a la gente.” (ídem).

[15] “El único que puede resolver el problema de la inseguridad se llama Nicolás Maduro (…) yo quiero ser el presidente de la seguridad en Venezuela, que construya una patria socialista y segura para todos” Maduro (5/4/2013), disponible: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/04/05/maduro-en-el-valle-el-equipo-de-chavez-es-el-unico-que-podra-resolver-el-problema-de-la-seguridad-ciudadana-ern-venezuela-5429.html ; “el que este metido en delitos he dado la orden que le quiten la vivienda ya, el que esté metido en narcotráfico, atracando ¡fuera de los urbanismos!” Maduro (29/4/2015), disponible:  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:spA1FFL_7D4J:www.presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento1.php%3Fid_evento%3D12100+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve&client=firefox-b; “Una sociedad no progresa unos robando a otros, secuestrando. Una sociedad progresa si apoyamos a la familia (…) vamos a poner mano dura para que respeten a la comunidad y a su propia familia” Maduro (30/3/2016), disponible: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/maduro-llama-a-poner-mano-dura-a-bandas-delictivas-no-se-progresa-unos-robando-a-otros/.

[16] El conteo original hasta 2011 es de Morais (2011), la actualización hasta 2016 es propia.

[17] Para toda esta sección ver: Ávila (2015).

[18] Según la Memoria del MPPRIJP la OLP se encuentra enmarcada dentro del “Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3) (2016:33). El SP3 se creó normativamente en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN), para luego desarrollarse en el Decreto Presidencial N°1.471 del año 2015, en este se confunden conceptos y fusionan ámbitos civiles y militares, seguridad ciudadana con seguridad de la nación, política de defensa nacional con política criminal, fenómenos delictivos con amenazas externas a la seguridad de la nación, participación ciudadana en la elaboración de la política pública con acciones policiales y militares ejercidas por la propia comunidad, policializando y militarizando así a la sociedad y al Estado. Por otra parte, entre 2014 y 2015 se elaboran también una serie de normas y reformas legislativas que parecen apuntar hacia una militarización de áreas propias de la seguridad ciudadana. Por ejemplo: 1) La creación de la “Fuerza de Choque” mediante Resolución 6574 del Ministerio de la Defensa cuyas atribuciones no son claras; 2)  Las reformas de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la LOSN publicadas en noviembre de 2014, esta última tuvo como objetivo principal incluir el mencionado artículo 59 que contempla al sistema cuyo nombre parece salido de la famosa novela de George Orwell; 3) La Resolución 8610 que autoriza a las distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional para que ejerzan directamente el control de las manifestaciones, con el uso de armas de fuego cuándo ésta lo considere necesario (Ávila, 2015).

[19] Mientras que la tasa de inflación promedio para América Latina para 2014 era de 8,4% la de Venezuela fue de 68,5%. La tasa de pobreza también se elevó durante ese último año. La caída de los precios del petróleo fue un factor fundamental para el aumento de estos indicadores (CEPAL, 2015). Ya desde 2013 el INE ha informado que la disminución de la pobreza que se había logrado en años anteriores se ha venido revirtiendo, para ese año la pobreza había incrementado 6 puntos (Foro por la Vida, 2015:13). El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2015) en su informe MERCOSUR N°20 señalan que tal como ocurrió en 2014, en 2015 el PIB se reducirá en Venezuela, pasando de un 10,4 para el período 2003-2008 a -2,8 para el período 2012-2015, el más bajo de los países del MERCOSUR. También señala la caída del consumo privado (-3,3%); reducción de la actividad económica en 4% y estiman que caerá en 5,5% para 2015; la capacidad de importar disminuyó a -17,4%, lo que afecta los procesos productivos y la satisfacción de las necesidades de consumo; reducción de envíos a MERCOSUR en un 43,7%. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela, los hogares en situación de pobreza aumentaron 53% y la pobreza extrema se duplicó  durante el último año (España, 2015).

[20] Para el año 2014 había sido calculada por el Banco Central de Venezuela en 28%, y por ONGs en 39%  (Foro por la Vida: ídem).

[21] De alguna manera Hernández se adelanta, a su manera, a Bauman (2011) quien explica cómo distintas manifestaciones de la inseguridad (social –security-, valorativa –certainty- y física –safety-) se terminan concentrando detrás de la inseguridad física, que resulta ser la más evidente.

[22] Que se pudran en la cárcel (2000), disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=w2hPDk9HVRw

[23] Freddy Bernal propone reforma del Código Penal (10/07/2015), disponible en: http://elsiglo.net.ve/2015/07/10/freddy-bernal-propone-reforma-del-codigo-penal/

[24] El populismo punitivo se caracteriza por dejar de lado: 1) el discurso social para concentrarse sólo en la expansión del sistema penal (sin tener en cuenta las causas estructurales de los problemas securitarios); 2) la idea de la rehabilitación (para concentrarse solo en la incapacitación del delincuente); 3) la consideración de las consecuencias y los costos del uso excesivo del poder punitivo del Estado (que finalmente termina agudizando los problemas que pretende resolver). Todo justificado por la rentabilidad electoral que estas campañas pueden obtener en el corto plazo. Para más detalles ver: Larrauri (2006).

[25] Hinterlaces: 87% de la población respalda la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (9/8/2015), disponible en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/09/hinterlaces-87-de-la-poblacion-respalda-la-operacion-de-liberacion-y-proteccion-del-pueblo-4621.htmlHinterlaces: 83% de los venezolanos respaldan las OLP (06/09/2015), disponible en: http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/108876/hinterlaces–83–de-los-venezolanos-respaldan-las-olp-.html; Shemel: activación y despliegue de la OLP incrementó la valoración de la gestión de maduro (5/10/2015), disponible en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/298521/schemel-activacion-y-despliegue-de-la-olp-incremento-la-valoracion-de-nicolas-maduro-y-su-gestion/; “78% de la población está de acuerdo con la OLP” Últimas Noticias (11-10-2015). Las personas –desde la distancia y el desconocimiento- tienden a tener posturas autoritarias, que se alimentan en parte de la realidad, y en parte a través de los discursos hegemónicos presentes en los medios de comunicación. ¿Cuál es el problema con estas posturas? Que terminan legitimando acciones y políticas autoritarias y represivas que van en contra de ellos mismos. Cediendo cada vez más derechos, más libertades y hasta la vida misma.

[26] Sobre estos aspectos es importante tener en cuenta que la democracia tiene sus límites y la merma de derechos fundamentales como la vida, la integridad física o la libertad ambulatoria, no deberían ser sometidas a la voluntad popular. Esto en parte es lo que sostiene el Garantismo penal de Ferrajoli (2001) o lo que otros llaman el Derecho Penal Mínimo: el asunto es proteger a las minorías de las mayorías. El derecho penal debe ser la ley del más débil contra el más fuerte. El ejemplo clásico es el siguiente: cuando se comete un delito, el más fuerte en esa situación es el delincuente y el más débil es la víctima, allí debe intervenir el derecho penal para proteger a esta última de su victimario. Pero a la vez debe proteger también a ese victimario de fuerzas solidarias con la víctima que pueden ir en su contra, y que posiblemente serán más fuertes que él, tales como las fuerzas de seguridad del Estado o sectores de la propia sociedad. De esta manera, el derecho busca tanto la prevención de delitos como de penas arbitrarias o desproporcionadas. Estos asuntos no son cuestiones de popularidad, sino de derechos.

[27] Del Olmo en su trabajo “el castigo sin derecho a castigar: la violencia policial y la violencia carcelaria” también llegó a las mismas conclusiones (1990:54-55).

[28] OLP desarticula bandas delictivas dedicadas al microtráfico, El Siglo (9-11-2015); Detenidas 16 personas por microtáfico tras OLP en Miranda (9-11-2015), disponible en: http://www.el-nacional.com/sucesos/Detenidas-personas-microtrafico-OLP-Miranda_0_735526510.html; 12 detenidos por microtráfico de drogas e Nueva Esparta, (17-11-2015), disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:L4-OmEQnZAsJ:archivo.globovision.com/12-detenidos-por-microtrafico-de-drogas-en-nueva-esparta/+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve&client=firefox-b; Desmantelada banda dedicada a la venta de drogas en la Cota 905 (Últimas Noticias, 11-12-2015): “Para el momento del hecho se incautaron cuatro envoltorios de presunta marihuana con un peso de 22 gramos y un facsímil tipo rifle”.

[29] Fuga de información frenó resultados de OLP en Nueva Esparta (18-9-2016), disponible en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/fuga-informacion-freno-resultados-olp-nueva-esparta_77792.

[30] Venezuela inicia la campaña “El Esequibo es nuestro” (17-7-2015), disponible en: http://videos.telesurtv.net/video/416356/venezuela-inicia-la-campana-el-esequibo-es-nuestro

[31] Capturan paramilitares colombianos en Caracas  (14/7/2015), disponible en:  http://www.desdelaplaza.com/politica/capturan-paramilitares-colombianos-en-caracas/ ; http://www.mpprij.gob.ve/index.php/noticias-principales/3278-operacion-de-liberacion-y-proteccion-del-pueblo-erradica-paramilitarismo-en-cuatro-zonas-del-pais

[32] Bernal pide unidad nacional para acabar con el crimen organizado (14/7/2015), disponible en:  http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/bernal-pide-unidad-nacional-para-acabar-crimen-organizado/#.VdAVCpdcBf0

[33] Mafia invasora piró de Ciudad Betania (29/7/2015), disponible en:  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/mafia-invasora-piro-de-ciudad-betania.aspx

[34] La OLP hace frente a maras criollas (9/8/2015), disponible en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/infografia—la-olp-hace-frente-a-maras-criollas.aspx

[35] Maduro prometió organizar OLP contra los bachaqueros (11/8/2015), disponible en:  http://www.el-nacional.com/politica/Maduro-prometio-organizar-OLP-bachaqueros_0_681532090.html. “Bachaquear” es un venezolanismo que se refiere al contrabando de extracción, consistente en la reventa de alimentos, artículos de higiene personal, limpieza del hogar o medicinas (Briceño y Camardiel, 2015:9).

[36] Razzia contra los pobres: un mes de OLP (13/8/2015), disponible en:  http://www.derechos.org.ve/2015/08/13/razzia-contra-los-pobres-un-mes-de-olp/

[37] Diosdado Cabello: Los bachaqueros son una plaga que le hace daño al pueblo (9/8/2015), disponible en:  http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/09/diosdado-cabello-los-bachaqueros-son-una-plaga-que-le-hace-dano-al-pueblo-4668.html

[38] Operación de Liberación y Protección del Pueblo erradica paramilitarismo en cuatro zonas del país (13/7/2015), disponible en: http://www.misionatodavidavenezuela.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=458:operacion-de-liberacion-y-proteccion-del-pueblo-erradica-paramilitarismo-en-cuatro-zonas-del-pais&catid=7:blog&Itemid=107

[39] Freddy Bernal: ayer quedó demostrada la existencia del paramilitarismo en el país (14/7/2015), disponible en: https://twitter.com/UNoticias/status/621322827275366400

[40]12 mil colombianos residentes en Táchira recibirán la nacionalidad venezolana (13/8/2008), disponible http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4445145 ; Colombianos naturalizados exhortan a votar en los comicios parlamentarios (22/9/2010), disponible http://temistoclescabezas.psuv.org.ve/2010/09/23/gestion/colombianos-naturalizados-exhortan-a-votar-en-los-comicios-parlamentarios/#.V9ao8jW7qOB

[41] Venezuela nacionalizó a 12.369 colombianos (15/7/2005), disponible http://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-1959156

[42] Ver: “Diagnóstico sociodemográfico de la población penitenciaria en Venezuela” (2011); Ávila (2016); Encuesta Nacional de Victimización de 2009.

[43] “El responsable de la Guerra Económica ya no es el capital y mucho menos las redes de corrupción, la policía, el ejército que instrumentaliza el contrabando de extracción, sino algunos sectores del pueblo. Esto, sin duda, habla de un grado de descomposición, habla de un grado de anomia, es muy curioso el desplazamiento y la búsqueda de un nuevo enemigo: facciones de los pobres, bien sea como bachaqueros o como paramilitares (…) Termina el bachaquero siendo una figura útil, como el paramilitar, porque con eso se culpa al “malandrito” de la esquina. Sin ver, desde luego, los problemas estructurales, las desviaciones policiales en el tráfico de armas, las redes clientelares que pueden estar detrás de la violencia.” (ídem).

[44] Por detenciones masivas se entenderán los casos en los que son privadas de libertad más de 10 personas en un mismo evento. Usualmente ocurren en contextos de operativos policiales o militares de seguridad ciudadana o de manifestaciones, en los que la discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionarios aumenta,  o los motivos de detención usualmente no encuentran justificación legal (Provea, 2016a).

[45] El estado Táchira tuvo un protagonismo especial en las OLP debido a la decisión del cierre de la frontera con Colombia y la deportación masiva de cientos colombianos, que previamente fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria, tal como ya se señaló en la sección: “El discurso contra el paramilitarismo y la xenofobia”.

[46] Una detención ilegal es aquella que ocurre fuera de lo previsto por las leyes preexistentes o por el incumplimiento del procedimiento establecido en las mismas. Por otro lado, las detenciones arbitrarias son aquellas que se efectúan por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley, o conforme a una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto al derecho a la libertad personal o ambulatoria. Una detención arbitraria puede ser inicialmente legal y devenir posteriormente en ilegal, pero sobre todo es irregular y abusiva, y suele estar asociada con la aplicación discrecional y discriminatoria de las leyes (PROVEA, 2016a).

[47] 6 detenidos y 200 retenidos tras despliegue de OLP en Montalbán (28/7/2016), disponible en: http://archivo.globovision.com/6-detenidos-y-200-retenidos-tras-despliegue-de-olp-en-montalban/; Operativo de OLP detuvo 1.131 personas este martes en la Gran Caracas (10/5/2016), disponible en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2016/05/10/operativo-de-olp-detuvo-1.131-personas-este-martes-en-la-gran-caracas-5117.html; OLP despliega más de 1500 efectivos en el estado Zulia (23/9/2015), disponible en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/09/23/olp-despliega-mas-de-1500-efectivos-en-el-estado-zulia-775.html.

[48] “Los datos examinados sugieren la necesidad de una investigación exhaustiva sobre «el castigo sin derecho a castigar en Venezuela», pero pueden servir de muestra para concluir que esta situación es una constante en nuestro país, llegando a adquirir incluso legitimidad. No son casos aislados atribuibles a fallas psicológicas como se afirma en muchas ocasiones” (Del Olmo, 1990:52).

[49] Algunas de las cifras y análisis de esta sección fueron compartidas con Amnistía Internacional para la elaboración de sus informes sobre seguridad ciudadana, ejecuciones extrajudiciales y derechos humanos en Venezuela.

[50] En Estados Unidos la calidad de los datos sobre el número de personas que la policía mata anualmente es de poca calidad; la policía mata a muchas más personas que sus pares de otros países; la discriminación racial parece ser uno de los principales factores para este tipo de victimización; los policías casi nunca son procesados y condenados por estos hechos (Lopez, 2016).

[51] Las únicas fuentes que presentan una leve tendencia a la baja es la del MPPS cuya cifra más reciente es del año 2012 (Ávila, 2016:33), las de la Defensoría del Pueblo y la de la ONG “Red de Apoyo por la Justicia y a Paz” que llevan el conteo sólo de los casos atendidos directamente por ellas y que pudieran reflejar más bien su propio desempeño institucional. Las tres fuentes se distancian ampliamente del dato más fidedigno que hasta ahora ofrecen los registros criminales basados en cantidad de víctimas, lo que ratifica la importancia de esta fuente. Así puede observarse cómo las cifras del Ministerio Público superan en más del doble a las del MPPS; mientras que las del CICPC en ocasiones pueden rebasarlas entre cuatro y hasta nueve veces (Ávila, 2016b).  Las cifras de COFAVIC, por su parte, se acercan bastante a las del MP.

[52] A las muertes aludidas, hay que sumarles el incremento de las tasas de encarcelamiento, así como de las detenciones masivas, todos estos son indicadores del incremento de la violencia institucional en el país.

[53] Estas ideas no solamente se encuentran germinalmente en la obra pionera de Del Olmo (1990) y en nuestra investigación sobre la victimización por homicidio de los funcionarios de los cuerpos de seguridad en el AMC (2016), además la hemos madurado y reflexionado con el Profesor Andrés Antillano quien recientemente ha planteado el debate públicamente: https://www.youtube.com/watch?v=PtnOZgoNOng

[54] En el mes de agosto de 2015 se difundió un video donde se registran unos ajusticiamientos que se hizo viral en las redes sociales, los hechos ocurrieron a inicios de ese mismo mes, sirviéndole la OLP como marco institucional. Es importante destacar que en las informaciones iniciales sobre este caso el mismo fue presentado como un “enfrentamiento” y los ejecutados como “delincuentes” “abatidos”. El vídeo puede verse en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jyOOnjvqjQA

[55] Lea los titulares en las portadas de hoy martes 14 de julio (14/7/2015) http://www.difundelaverdad.org.ve/portada/lea-los-titulares-en-las-portadas-de-hoy-martes-14-de-julio/#.VayEv_lcBf0

[56] No podemos caerle “a palo” al Gobierno porque actúe (16/7/2015) http://globovision.com/blyde-sobre-cota-905-no-podemos-caerle-a-palo-al-gobierno-porque-actue/. Autores marxistas como Hobsbawn (1987) y Wallerstein  (1955) explican cómo los imperialismos de finales del siglo XIX y comienzos del XX sustituyeron la lucha de clases por las luchas nacionales y globales raciales; de esa manera las clases peligrosas de los países centrales se ubicarían en el mismo lado que sus élites. Esta idea puede servir de base para hacer una crítica desde la izquierda a la coyuntura objeto del presente análisis. Así pudiera afirmarse que la OLP como campaña electoral securitaria del gobierno vacía de contenidos políticos e ideológicos a todo su discurso, para sustituirlo por el miedo al “otro”, sustituyendo así la lucha de clases por la lucha contra el delito. Lo que se traduciría a una lucha intra-clase, de pobres contra pobres. En realidad la OLP como política está más cercana a lo que se conoce dentro de la teoría criminológica como realismo de derecha.

[57] (15/7/2015) https://twitter.com/UNoticias/status/643737844851318784

[58] A los 5 meses: Abatidos 239 antisociales durante enfrentamientos (15/12/2015) https://twitter.com/UNoticias/status/676725054189780994), y a 6 mes de estos procedimientos: Más de 200 choros abatidos en enero (5/2/2016) https://twitter.com/UNoticias/status/695065607503548416).

[59] El término “elementos” utilizado por el ministro para referirse a seres humanos es, también, un buen ejemplo: “Hay una banda que está totalmente desmantelada, donde 13 elementos fueron abatidos”. González (13/7/2015) González López: 14 personas abatidas y 134 detenidas en operativo Cota 905, disponible en: http://noticiaaldia.com/2015/07/gonzalez-lopez-el-territorio-nacional-quedara-libre-de-actividad-criminal/

[60] “El propio calificativo de «delincuente» para justificar la muerte en manos de la policía debería examinarse con mayor cuidado ya que pareciera que si es delincuente está bien muerto” (Del Olmo, 1990:50).

[61] Human Rights Watch y Provea (2016) documentaron al menos 20 casos.

[62] OLP recupera 10 apartamentos de la GMVV en Montalbán III (27/7/2015), disponible en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/olp-recupera-10-apartamentos-gmvv-montalban-iii-fotos/ ; OLP desplegada este lunes en Carabobo y Nueva Esparta (17/8/2015), disponible en: http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/17/olp-desplegada-este-lunes-en-carabobo-y-nueva-esparta-2604.html

[63] Estos últimos denominados por las autoridades “recuperación de viviendas” (2/9/2015), disponible en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/294711/yahir-munoz-las-viviendas-recuperadas-por-la-olp-han-sido-resignadas/

[64]“[Los delincuentes] Se defienden de estas incursiones de la policía, con las mismas armas que la policía les vende. Eso hay que recalcarlo, las armas son vendidas por funcionarios de los cuerpos policiales (…) En estas políticas siempre termina reorganizándose el delito hacia formas más agresivas. Hay una escalada de la violencia: a más violencia del Estado, más violencia criminal. El delito se reorganiza a formas más estructuradas. Se profundiza la corrupción policial, porque hay una relación directa entre violencia policial y corrupción policial –mientras más violenta sea la policía, más posibilidades hay de extorsión” (Antillano, 2015).

[65] En 2015 los secuestros aumentaron un 12%, las extorsiones 15%, los robos 24% y los hurtos 32%, respecto al año anterior (González, 2016).

[66] Secuestro exprés en la Cota 905 (21/11/2015), disponible en: http://www.analitica.com/sucesos/secuestro-expres-en-la-cota-905/ ; En la Cota 905 y el Cementerio liberan a las víctimas (16/10/2015), disponible en:  http://www.el-nacional.com/sucesos/Cota-Cementerio-liberan-victimas_0_720528197.html; Atacan con una granada a patrulla policial en la entrada de la Cota 905 (22/8/2015), disponible en: https://www.lapatilla.com/site/tag/cota-905/page/3/; Reportan fuerte balacera en la Cota 905 (5/9/2015), disponible en: http://www.el-nacional.com/sucesos/Reportan-fuerte-balacera-Cota_0_696530452.html; En la cota 905 reina el terror tras asesinato de dos mujeres señaladas como “sapas” (3/10/2015), disponible en: http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/en-la-cota-905-reina-el-terror-tras-asesinato-de-dos-mujeres-senaladas-como-sapas ; OLP dejó 3 meses de plomo y venganza en la Cota 905 (14/10/2015), disponible en: http://www.larazon.net/2015/10/14/olp-dejo-tres-meses-de-plomo-y-venganza-en-la-cota-905/.

[67] Así entre julio y agosto de 2015 se pasó de 1017 armas de fuego incautadas a 147, de 115 vehículos recuperados a 56, de 72 motos recuperadas a 18, de 1.248 apartamentos “recuperados” a 173. Esto se constata cuando en el balance del año de la OLP que hace el Ministro ofrece las siguientes cifras totales: 1.492 armas de fuego incautadas, 262 vehículos recuperados y 462 motocicletas. Balance OLP: Desarticuladas 157 bandas criminales en 143 incursiones, la mayoría en Miranda (13/7/2016), disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=NuU_j1Txkok. De igual manera, en su Memoria 2015, los resultados que presenta el Ministro de su gestión durante todo ese período, no difieren de manera significativa a los aportados por él durante los primeros dos meses de la implementación del operativo (2016:39-40). Además, estás cifras resultan irrelevantes cuando se contrastan con las de organismos como el CICPC y la PNB en sus procedimientos rutinarios (ibíd.: 36-37; 40-41; 55-56).

[68] Las funciones manifiestas son las deseadas, comprendidas y reconocidas por los miembros del sistema, que a su vez contribuyen a la adaptación o al ajuste del mismo y que son directamente accesibles al análisis;  funciones latentes, en cambio, son aquellas que no son reconocidas, comprendidas, ni deseadas y se deducen indirectamente en el análisis.

[69] Ver la inyección de recursos lograda gracias a las OLP para el MPPRIJP y sus órganos subordinados presente en su Memoria 2015, que en una revisión superficial superaba los 221.300.124 BsF.(2016: 99, 249).

[70] Hasta ahora se desconoce el estado actual de las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales que se han denunciado públicamente.